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Conaie, Feine y Fenocin ratifican su postura por el No en la Consulta Popular 

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 02 de febrero de 2023

La Conaie, Feine y Fenocin realizaron una rueda de prensa para ratificar su postura por el no en la Consulta Popular que se votará el próximo 05 de febrero de 2023. Según las organizaciones, la consulta no resuelve los problemas que afectan al país como el desempleo, educación, salud, crisis de seguridad, el aumento de la minería y la extracción de petróleo.

Además, el presidente de la Conaie, Leónidas Iza, aseguró que junto a las otras organizaciones, el 18 de febrero, harán una evaluación de los acuerdos de las mesas de diálogo.

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Hatari Sarango, vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Fenocin, dijo que en toda la historia del país, las consultas populares no han servido para resolver los problemas del pueblo. Por ello, aseguró que el 05 de febrero, el día de las elecciones seccionales y de la consulta popular promovida por el gobierno, las bases de la organización ratifican su voto por el NO en las ocho preguntas.  

Por su parte, el presidente de la Conaie, Leónidas Iza, dijo que han mantenido un proceso en cada territorio de seguimiento y acompañamiento frente al análisis de las preguntas de la consulta. El 18 de noviembre de 2022, la Conaie “decidió trabajar en la consulta popular todo por el no”, dijo Iza. Desde la fecha hasta la actualidad, la organización ha realizado socializaciones en cada uno de los territorios y han escuchado la postura de cada una de las organizaciones de base. 

En relación a las preguntas de la consulta, el líder de la Conaie mencionó que con la pregunta 1 se busca confundir a los y las ciudadanas, ya que, se mantiene la expectativa de que una vez aprobada la consulta “prácticamente el Ecuador expulsaría a todos los delincuentes”. Pero la pregunta no va dirigida a la expulsión, la cual es una figura que no aplica para nacionales, sino de la extradición que para que se dé, si es necesario cuando otro país requiera a la personas que cometió delitos relacionados al crimen organizado. 

Con respecto a la pregunta 2, el presidente de la Conaie dijo que al permitirse la autonomización de la Fiscalía General del Estado, será el o la fiscal general de turno quien tendrá todo el control, sin que haya un cruce de información. “Lo que ha hecho la fiscalía, el sistema jurídico de este país es convertir la lucha por derechos en actos criminales, delincuenciales”. 

Según Iza, el gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene total interés en la pregunta 3, que trata sobre la reducción de asambleístas. Al pasar la consulta, las provincias de Galápagos, Carchi, Sucumbíos,Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Bolívar tendrían solo un representante en la Asamblea Nacional. “Con eso el gobierno nacional garantizaría la centralización de las provincias más grandes: Pichincha y Guayas. También garantiza el monopolio de los partidos políticos grandes. Esto no resuelve los problemas democráticos ni actos de corrupción”. 

Con respecto a la pregunta 4, sobre el control a los movimientos políticos, Iza aseguró que es una pregunta innecesaria porque no cambiará nada, lo que se busca es tener toda la información de las y los ciudadanos para que sean manipuladas por los gobernantes de turno. 

En cuanto a la pregunta 5 y pregunta 6 que se relacionan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la potestad que tendría la Asamblea Nacional de designar autoridades de control y elegir a los nuevas y nuevas consejeras, el presidente de la Conaie, mencionó que es algo contradictorio por las ocasiones en que el presidente ha deslegitimado el trabajo de los y las asambleístas. Aseguró que el nuevo proceso no estaría respetando la democracia. 

Las últimas preguntas tienen que ver con el medio ambiente. La pregunta 7 busca incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, el presidente de la Conaie aseguró que el sistema de zonas de recarga hídricas en varias zonas del país, se han declarado como comunitarias, públicas y privadas. Lo que se debe hacer ahora es homologar y que esas disposiciones sean respetadas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y para eso, no se necesita una consulta. 

“Lo que pretende es autorizar el uso del agua para las grandes mineras, para eso quiere meter la mano”, dijo Iza. Por último, la pregunta 8, que habla de las compensaciones por servicios ambientales, permitirá la privatización de los servicios ambientales en el país, recalcó Iza.           

Para el líder indígena y las otras organizaciones sociales determinan que para que los problemas del país se resuelvan, el gobierno debe dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo y firmados el 14 de octubre de 2022. Según los líderes de las organizaciones, dichos acuerdos no se han cumplido. 

Por ello, el 09 de febrero de 2023, pasadas las elecciones, discutirán sobre los acuerdos en la mesa de extractivismo y el 18 de febrero próximo realizarán una evaluación cuantitativa y cualitativa en relación al cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno.