Elecciones Ecuador 2023
Pregunta #2 de la Consulta Popular: ¿Quién nombrará a los fiscales?
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 17 de enero de 2023
Carlos Alvear, presidente del estudio jurídico Kapital abogados y jurídico de la Fundación Utopía en su análisis, destaca que el presidente Guillermo Lasso ha generado la necesidad para esta pregunta y explica por qué.
En septiembre de 2022, la Asamblea Nacional interpeló en juicio político a tres vocales del Consejo de la Judicatura, el organismo encargado de hacer los concursos para posesionar y evaluar a los fiscales. Específicamente, se pretendía separar a Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, acusándolos de que el proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional estuvo lleno de inconstitucionalidades e irregularidades. La moción presentada por la Asambleísta de UNES, Viviana Veloz, no alcanzó los votos requeridos ya que los y las asambleístas de la bancada oficialista se abstuvo de votar, al igual que, la mayoría de integrantes de Pachakutik y otros de la Izquierda Democrática.
Para Alvear, fue el gobierno a través de su bloque, el que permitió que el actual Consejo de la Judicatura que tiene una administración “desastrosa”, siga en el cargo. Ahora el presidente Guillermo Lasso, a través de la consulta popular, preguntará a la ciudadanía si quiere quitarle al Consejo de la Judicatura la potestad en la designación de fiscales y que se cambie la modalidad de concursos para esta designación con el fin de atribuirle esa función a un nuevo órgano que sería el Consejo Fiscal.
El jurista señala que la pregunta también está relacionada con la crisis de inseguridad por la atraviesa el país, por lo que considera que, tener más fiscales no ayudará a resolver el problema en ese sentido, y asegura que lo que plantea el primer mandatario no beneficia a la ciudadanía. Según Alvear es importante leer y analizar los anexos de la pregunta pues “ahí está la trampa”, porque se identifica que el único funcionario capacitado para nombrar a las personas que conformarían el consejo fiscal y propondrían las normas con las que este nuevo órgano va a trabajar en un futuro, sería la Fiscalía General del Estado, FGE.
“Dándole a la fiscal un poder que no está en la Constitución, que está fuera de cualquier facultad que orgánicamente ella debería tener y esto es absolutamente un gran problema dentro del diseño constitucional y del trabajo en sí de la Fiscalía General del Estado”, asegura.
En consecuencia, el Consejo Fiscal no responderá a nadie; por ejemplo, si el Consejo Fiscal empieza a hacer concursos para evaluar y cooptar los puestos de futuros fiscales que hacen falta pero el concurso se hace mal o de manera arbitraria, mal planteado o algún otro problema, ese organismo no podrá rendir cuentas a ningún poder del Estado, “Va a hacer absolutamente lo que se le venga en gana y no tendrá control de lo que haga”, explica Alvear.
Para el abogado, el hecho de que se le vaya a entregar a la Fiscal las funciones del consejo fiscal es más un tema político que jurídico porque “hemos sido testigos de que la FGE se ha abstenido de investigar casos que involucran al presidente como los Pandora Papers. Hoy está saltando un nuevo caso de corrupción que ya veremos si lo investiga o no. Podemos observar que el presidente le está dando más facultades a la fiscal general, como si le entregará un favor respecto a algo y ojala cobrarle ese favor a la fiscal no sea con impunidad respecto a los casos de corrupción en los que está involucrado”.
Por otro lado, el jurista descarta que haya un ahorro de recursos como pretende hacer creer el primer mandatario. Pues en caso de crearse un nuevo organismo: el consejo fiscal, este no solo contemplará a los 5 o 7 siete integrantes que lo conformarían, sino también a sus asesores, personal administrativo, financiero, vehículos, edificios, seguros y todo lo que conlleva tener una institución pública.
Para Carlos Alvear, el gobierno ha señalado en campañas mediáticas que el problema de la inseguridad se debe a que no hay suficientes policías, jueces y fiscales, lo cual es cierto en parte, pero asegura que el problema no se va a solucionar con la pregunta 2 de la consulta, ya que la inseguridad y la delincuencia tiene una base social y económica.
Entonces, si el gobierno no es capaz de solucionar los problemas de falta de empleo, salud, y educación, así tengamos “miles de fiscales y jueces no se va a solucionar el problema porque el grueso del problema es la inequidad que no se resolverá con estos parches”, aseguró el abogado.
Si la pregunta alcanzaría la aceptación de la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura perdería la atribución que tiene en relación a la FGE y se esperaría que el Consejo Fiscal haga una selección de fiscales de manera transparente. Aunque se desconoce desde cuándo regirá el cambio.
En caso de que la pregunta no tenga la aceptación suficiente, según Alvear, será una oportunidad para que la ciudadanía presione al gobierno central y exija que el bloque de su partido haga su trabajo en la Asamblea y fiscalice al Consejo de la Judicatura. “Tenemos las herramientas para cambiar el país, pero no las queremos usar”.
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