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CIDH admite demanda de YaSunidos por vulneración de derechos políticos en consulta popular del Yasuní
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 25 de enero de 2023
El colectivo YaSunidos informó en una rueda de prensa del 25 de enero de 2023, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió su demanda por vulneración de derechos políticos, en el caso de la iniciativa de consulta popular de YaSunidos sobre la explotación petrolera en el Yasuní.
Los y las integrantes del colectivo también se pronunciaron sobre la consulta popular de Guillermo Lasso.
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Con el objetivo de proteger el bloque 43 del Yasuní ITT, en la Amazonía ecuatoriana, el colectivo YaSunidos en 2014, recolectó 727,947 firmas para solicitar una consulta popular y preguntarle a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con la explotación. Sin embargo, dicha consulta no se dio porque el Consejo Nacional Electoral de aquel entonces, presidido por Domingo Paredes, anuló más del 60 % de firmas presentadas, aduciendo que había problemas con el gramaje de papel y otros temas técnicos.
Antonella Calle, vocera del colectivo, aseguró que el CNE “de manera fraudulenta cambió los reglamentos, mientras ya nos encontrábamos en el proceso de recolección. Todo esto para negar la consulta popular”.
El colectivo acudió a todas las instancias legales para que la consulta pueda darse y así proteger el Yasuní. Por ello, en 2014, colocaron una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por vulneración de los derechos políticos del colectivo y de las personas que tienen derecho a pronunciarse en democracia directa; así como de las normas y procedimientos para garantizar la consulta popular, derechos de igualdad y no discriminación.
En una rueda de prensa, convocada por YaSunidos, Ramiro Ávila, docente universitario y abogado del colectivo, dijo que después de casi 10 años la CIDH admitió la demanda, lo que significa que, los hechos denunciados por el colectivo “son creíbles, están demostrados. Ahora es necesario hacer un análisis de fondo para demostrar jurídicamente que esos derechos son vulnerados y el caso podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Asimismo, indicó que la admisión de la demanda significa que el caso es original y tiene relevancia regional porque no solo se están violando los derechos de participación, sino la vida e integridad de los pueblos en aislamiento voluntario: los Tagaeri y Taromenane, pues el Estado ecuatoriano no ha dejado de explotar petróleo en el Yasuní y continúa expandiendo la frontera de explotación.
Por su parte Sylvia Bonilla, abogada del colectivo, en su intervención, dijo que todas las instituciones del Estado han vulnerado los derechos a la participación y los derechos vinculados a los posibles resultados de la consulta para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario.
Hasta el momento, han sido cinco las instituciones estatales que han reconocido la vulneración de derechos: Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral.
En consecuencia, el Tribunal Contencioso Electoral en septiembre de 2022, ordenó al Consejo Nacional Electoral declarar válidas las firmas recogidas por el colectivo YASunidos en 2014. Con lo resuelto por el TCE, la Corte Constitucional debió emitir un dictamen y dar paso a la consulta popular. Sin embargo, la Corte no ha emitido este dictamen, a pesar de las insistencias por parte del colectivo.
Ante esto, Bonilla aseguró que ha habido un trato diferenciado en dar paso a otras consultas populares. Así por ejemplo, la consulta popular presentada por el presidente Guillermo Lasso tuvo una rápida aceptación y revisión por parte de la Corte Constitucional y el pedido del colectivo no ha pasado ni la etapa del avoco de conocimiento por parte de la jueza constitucional, Carmen Corral. Por lo tanto, la abogada le exige a la Corte que se pronuncie de forma inmediata.
“Nos oponemos rotundamente a la consulta de Guillermo Lasso”
La consulta popular planteada por el presidente Guillermo Lasso se llevará a cabo el 05 de febrero de 2023. Dentro de esta consulta, están planteadas dos preguntas en relación al tema ambiental.
Manai Prado, parte del colectivo YaSunidos, dijo: “nos oponemos rotundamente a la consulta de Lasso, ya que, es una consulta ilegítima, no tiene respaldo popular que sí han tenido otras consultas. La consulta intenta vulnerar los derechos de la naturaleza y la democracia, es tramposa, maliciosa, mañosa. Las preguntas intentan confundir a la gente y no resuelven los problemas de crisis, ni se toma en cuenta las urgencias que tiene la ciudadanía ecuatoriana”.
Según Prado, el presidente Guillermo Lasso con la consulta popular busca legitimarse en el poder y su poder político, concentrar y acampar los poderes del Estado. También señaló que en varias ocasiones, el gobierno ha demostrado incapacidad para actuar frente a la crisis del país y por ello, se han agudizado aún más los problemas del país.
Para la vocera del colectivo no es coincidencia que el Ejecutivo pretenda con la consulta, eliminar a asambleístas de las provincias más pequeñas donde se asientan los proyectos petroleros y mineros. En relación al tema ambiental, dijo que las preguntas 7 y 8 son innecesarias,pues estos temas ya se encuentran contemplados en la legislación ecuatoriana.
En la pregunta siete, el presidente le preguntará a la ciudadanía: ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Según Prado, con esta pregunta se brindará mayor poder y control del Ejecutivo sobre el agua, desconociendo los procesos comunitarios de los pueblos y nacionalidades que históricamente han protegido el agua y la naturaleza. Además, la vocera insiste en que hay vulnerabilidad con esa pregunta, ya que, se puede declarar una zona protegida como interés nacional y eso llevaría a la explotación de las zonas.
En relación a la pregunta ocho, que dice: ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?, Prado señaló que: “permitirá que empresas petroleras como Texaco y Shell puedan comprar certificados de carbono y venderse como una empresa responsable ambientalmente y quita la responsabilidad de las empresas extractivas de cuidar la naturaleza, que son quienes afectan y atentan a la naturaleza y sus derechos”.
En conclusión, el colectivo mencionó que sí realmente el presidente quiere cuidar la naturaleza no basta preguntar, sino actuar y en el caso en el tema ambiental, debió implementar en la Consulta Popular, la pregunta propuesta por el colectivo en 2014:
“Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”
Basta de criminalización de defensores y defensoras de la naturaleza
Los y las representantes del colectivo YaSunidos llamaron la atención el presidente Guillermo Lasso para que deje de perseguir y criminalizar a personas defensoras de la naturaleza y nombraron lo sucedido en la comunidad de Buenos Aires, Imbabura, el 23 de enero de 2023, cuando militares entraron a la zona para resguardar a la empresa minera Hanrine.
En redes sociales circularon denuncias de las y los comuneros e información que aseguraba que a las 17:00 pm del lunes, ingresó un convoy de militares hasta la comunidad. Posteriormente a las 19:00 pm ingresó otro vehículo, con equipo miitar para neutralizar a la población. Además, en el sector estaban policías de las unidades del GOE, GIR y UMO.
La represión por parte de la fuerza pública en contra de las personas defensoras de la naturaleza fue bastante fuerte, indicó Yasunidos. Hubo la detención de los comuneros Ausimero Armas y Daniel Sotaminga. Los mismos que horas más tarde, fueron puestos en libertad.
No es la primera vez que la zona es militarizada. En agosto de 2021, la empresa minera Hanrine ingresó a Buenos Aires con la ayuda de 900 policías. Después de dos meses, el Consejo de la Judicatura dijo que el ingreso fue ilegal, pero aún así, la empresa se mantuvo y la minería ilegal se incrementó, frente a lo cual, las y los comuneros siguen en resistencia.
