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CIDH dará seguimiento a los acuerdos entre el movimiento indígena y el gobierno nacional
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 26 de octubre de 2022
La audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, denominada: Protestas sociales y Pueblos Indígenas en Ecuador, solicitada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie; Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae; Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Evangélicas, Feine; Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, Fenocin; Nacional Waorani de Ecuador, Nawe; Organización Waorani de Pastaza, Owap; Nacionalidad Siekopai; Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Coica; Fundación Alianza Ceibo y Amazon Frontlines, se desarrolló el 24 de octubre de 2022, de manera virtual.
Los objetivos de la audiencia según la Conaie, fueron presentar a la CIDH una descripción de “la exclusión persistente de los pueblos indígenas de las políticas sociales del Estado Ecuatoriano y de los obstáculos para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la desigualdad estructural que motivan escenarios de protesta social”. Asimismo, la audiencia permitió a la organización indígena presentar una descripción del “escenario violento, criminalización de la protesta y la generación de discursos estigmatizantes en contra de la población indígena fomentados por parte del Estado, en el contexto del paro de junio de 2022”. De igual forma, durante la audiencia se expuso sobre el proceso de diálogo mantenido entre el Movimiento Indigena y el gobierno.
La Conaie instó a la CIDH a emprender un proceso de supervisión y seguimiento permanente de las recomendaciones que hizo al Estado ecuatoriano durante su visita entre los días 28 y 30 de octubre , tras el Paro Nacional de 2019
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Lina Espinoza, defensora de derechos humanos, durante su intervención en la audiencia dijo que el contexto actual al que se enfrentan pueblos y nacionalidades indígenas a motivado y “obligado a que esos pueblos y nacionalidades implementen mecanismos del derecho a la protesta a efectos de exigir que al gobierno ecuatoriano respuestas a sus situaciones de exclusión y violencia”. Es así que, desde el 13 de junio de 2022, haciendo uso del legítimo derecho a la resistencia, como lo establece el artículo 98 de la constitución, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y otros sectores se movilizaron durante 18 días a nivel nacional en exigencia a 10 puntos centrales: precios de los combustibles, condonación y renegociación de deudas, precios justos en los productos de la canasta básica, empleo, extractivismo, derechos colectivos, salud, educación, seguridad, no a las privatizaciones de sectores estratégicos.
Según Espinoza, la falta de estadística actual sobre la población indígena ha dificultado la implementación de políticas públicas adecuadas. El último censo del 2010 muestra que la población indígena representa el 7 % de la población nacional, pero no muestra toda la realidad de las comunidades. A todo esto, la defensora agregó que el gobierno del presidente Guillermo Lasso, “ampara sus decisiones, políticas” en su Plan de Creación de Oportunidades, “que no fue construido con la participación de los pueblos y las nacionales y tiene preocupaciones muy significativas, una de ellas, el tema de las privatizaciones y la precarización de las relaciones laborales, la ausencia de lineamientos sobre políticas públicas para pueblos indígenas, incremento de exportaciones mineras y petroleras que se hacen de manera inconsulta y se imponen mayoritariamente en territorios indígenas y la disminución de la deuda pública vía disminución del gasto y la inversión pública”, lo que conlleva a estallidos sociales.
Desde que inició el paro nacional de junio de 2022, el gobierno nacional intentó implantar en el imaginario social la idea de que el presidente de la Conaie, Leónidas Iza, pretendía el “derrocamiento del gobierno, engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido”, dijo el presidente Guillermo Lasso, a través de un mensaje a la nación durante los días de movilizaciones.
Sin embargo, Lenin Sarsoza, abogado de la Conaie, durante la audiencia con la CIDH, dijo que las cifras demuestran lo contrario, “vemos la arremetida del neoliberalismo, de esta política económica, la cual se traduce en los índices alarmantes de pobreza y desempleo, así como los derechos sociales y la ola migratoria a los Estados Unidos que ha golpeado enormemente a las comunidades indígenas. La ampliación de la frontera extractiva continúa lesionando gravemente los derechos territoriales de pueblos y nacionalidades”.
Según la Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo, Enemdu, junio de 2022, la pobreza por ingresos a nivel nacional se ubica en 25 %, mientras que en la zona urbana se ubica en 16.7 % y en el área rural está en 429%. La pobreza extrema a nivel nacional se ubica en 10.7 %, en el área urbana en 5.2 % y en la zona rural se ubica en 22.7 %.
Leónidas Iza, presidente de la Conaie, recalcó que durante un año dialogaron con el gobierno nacional y pusieron en mesas de debate sus propuestas, las mismas que en junio de 2022, se convirtieron en las principales demandas nacionales. “Sin embargo, fue tan doloroso mirar y escuchar al presidente de la república salir a estigmatizar, criminalizar y finalmente poner como si fuéramos nosotros el enemigo interno del Estado ecuatoriano”.
Expansión del modelo extractivo que afecta a las comunidades indígenas
En 2021, el presidente Guillermo Lasso, firmó el Decreto 95, sobre política petrolera y el 151 sobre política minera. Según Amazon Frontlines los decretos implican no solo “aumentar las actividades de perforación y optimización de los bloques petroleros, y la extracción de minerales en las concesiones existentes, ubicado en los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, sino que además, estas actividades eventualmente se extenderán a otros territorios”.
Asimismo, destacan que, los decretos expedidos por el Ejecutivo representan una amenaza no solo a los derechos constitucionales, humanos y colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del territorio ecuatoriano, sino de la naturaleza y el cumplimiento de compromisos internacionales relacionados al cambio climático.
Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, expuso que el gobierno del presidente Guillermo Lasso, al expedir los decretos, no tomó en consideración las afectaciones de los derechos de los pueblos y nacionalidades y daños ambientales y sociales que ya se vienen produciendo por décadas a causa del extractivismo. La lideresa agregó que la falta de consulta previa, libre e informada en las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivistas: “produce daños graves en el tejido social de las comunidades indígenas”, también se refirió a la criminalización de los y las defensoras de la naturaleza que son víctimas de violencia extractiva como, Alba Bermeo, una defensora de la parroquia de Molleturo que fue asesinada el pasado 22 de octubre.
Respuesta del Estado ecuatoriano
Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, dijo que durante las protestas de junio de 2022, el gobierno nacional “actuó conforme a la normativa que protege la protesta social pacífica y para proteger al resto de personas que participaban dentro de la protesta pacífica, por medio de las instituciones gubernamentales, se implementaron espacios seguros conocidos como puntos de paz para que personas en situación de vulnerabilidad y pertenecen a los grupos de atención prioritaria reconocidos por la constitución reciban atención de salud y ejerzan otros derechos de acuerdo a las necesidades identificadas”. Según la secretaría, desde el gobierno se han implementado políticas públicas en beneficio de los pueblos y nacionalidades y tras el diálogo establecido por el movimiento indigena, otros sectores y el gobierno nacional, “demostramos que se puede dialogar y llegar a consensos para atender problemas estructurales y demandas de la población mediante la adopción de políticas públicas”.
Por su parte, el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, para complementar lo dicho por la secretaría de derechos humanos dijo que durante los 18 días de paro nacional se registraron más de 1000 millones de dólares en pérdidas económicas; violencia en 10 provincias provocando desabastecimiento y afectación a la movilidad; siete pérdidas humanas y más de 6000 heridos entre manifestantes, policías y militares y “dos intentos de golpe de Estado”.
En contraste, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, presentó el informe que evidencia la violación de derechos en contexto del Paro Nacional y revala que el gobierno intentó comprar material para reprimir. Además, identificaron la detención de 60 personas, mientras que, la Alianza de Organizaciones por los derechos humanos registró 152 y la Fiscalía General del Estado abrió 261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales.
El ministro concluyó exponiendo que durante las mesas de diálogo llegaron a 218 acuerdos. Mientras que, el líder indígena, Iza, dijo que de los 2018 acuerdos “92 son acuerdos que avanzariamos, 102 son desacuerdos, 24 son procedimientos, por la cual pido a las autoridades del gobierno, para no estar en esta dicotomía, habíamos solicitado que se avance en la implementación del plan de acuerdos con tiempo de manera inmediata, a mediano plazo y largo plazo”.
Después de la participación de representantes de las organizaciones indígenas y el gobierno nacional, Stuardo Ralon, primer vicepresidente de la CIDH y Relator para Ecuador, intervino y destacó tras es necesario que el diálogo se mantenga y no se cierre, “solo a través del diálogo se puede ir acompañando políticas públicas que puedan tener el impacto y pertinencia en un momento dado”. Por su parte, la comisionada y relatora temática de pueblos indígenas, Esmeralda Arosemena, pidió al gobierno nacional precisar sobre cómo se cumplirán los acuerdos a los que llegaron durante las mesas de diálogo.
Al finalizar la audiencia, el relator para Ecuador, Stuardo Ralon, dijo que la CIDH monitoreo y emitió informes y comunicados de prensa sobre las protestas del 2022, asimismo, una serie de recomendaciones, además, la Comisión dará seguimiento a las recomendaciones y acuerdos que se llegaron en las mesas de diálogo.
