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redacción: Robin Steudt @Ro2Bat

edición: Verónica Calvopiña @kinoraxx

El año pasado continúo el avance de la construcción de la mina a cielo abierto del Proyecto Mirador. En este marco se realizaron varios desalojos, primero en septiembre y luego a mediados de diciembre. En ambos desalojos participó un amplio número de policías y militares. El 30 de septiembre, “La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador” (Cascomi) denunció el desalojo de 13 familias, que estaban en contra del contrato. En diciembre se volvieron a desalojar a 10 familias más, lo que dejó al poblado de San Marcos, prácticamente sin habitantes.

El segundo desalojo sucedió días antes de que la empresa Ecuacorriente junto con el Ministerio de Minería inauguraran el proyecto minero el 21 de diciembre del 2015. Mientras un grupo de personas protestó frente al campo de Ecuacorriente en contra de los desalojos y del proyecto minero.

La empresa expropió estos terrenos mediante una figura legal llamada Servidumbre Minera, prevista en la “Ley de Minería”. Esta ley implica, que para realizar la actividad minera concesionada por el Estado, todos los terrenos afectados serán de utilidad pública. Esto garantizaría las actividades de exploración y explotación de la mina y si necesario, permite el desalojo de personas de sus terrenos.

Lea también:

Tundayme: el despojo minero avanza. Plan V http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/tundayme-el-despojo-minero-avanza

Minera ECUACORRIENTE continúa desalojando a comuneros de Tundaymi. CEDHU

http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=421:minera-ecuacorriente-continua-desalojando-a-comuneros-de-tundaymi&catid=1:noticiasprincipal&Itemid=10

Intag y San Pablo de Amali

Intag y San Pablo de Amali, son otros dos escenarios donde se desarrollan megaproyectos pero también casos de criminalización a la protesta social auspiciados por el Estado.

En el caso de Intag durante el año pasado avanzaron los trabajo de exploración del proyecto minero Llurimaguas. Esto fue posible mediante la criminalización del presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez y de su hermano, Victor Hugo. Ellos fueron acusados de agresiones a funcionarios de la Empresa Nacional Minera (ENAMI) en 2014. Javier Ramírez pasó 10 meses detenido y fue liberado el 10 de febrero del 2015.

Lea: Intag: 10 meses, una condena y Javier Ramírez en libertad

https://wambra.ec/intag-10-meses-una-condena-y-javier-ramirez-en-libertad/

Durante el 17 y 18 de Julio del 2015, se organizó en el Valle de Íntag el Festival Alternativas Vivas, junto con un foro sobre el extractivismo. Este festival fue una respuesta contra la explotación de recursos en el país y especialmente en Íntag.

Lea: Alternativas vivas se cosechan en el Valle de Intag

https://wambra.ec/alternativas-vivas-se-cosechan-en-el-valle-de-intag/

También se presentó el documental “Javier con I” de Pocho Álvarez sobre los conflictos que había en Íntag en relación con la explotación de cobre durante décadas.

Similar al caso de Ramírez, es la criminalización en contra de Manuel Trujillo, presidente de la organización comunitaria de San Pablo de Amalí y Manuela Pacheco. Estos dirigentes son acusados de “terrorismo organizado” y responsabilizados por supuestas agresiones a policías durante una incursión a la comunidad realizada en 2012, que dejó a comuneros y polícias heridos. Ellos además han tenido que soportar varios procesos legales en su contra por su oposición a la construcción de la represa Hidrotambo.

Lea también: Yo soy Manuel “Tengo 11 días más de libertad” Inredh

http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=780:2016-01-08-17-42-57&catid=73:ddhh-ecuador&Itemid=144

En marzo del 2015, una crecida del Rio Dulcepamba donde se realiza el proyecto hidroeléctrico, inundó a la comunidad y dejó sin sus pertenencia a varias familias. Esta inundación es consecuencia del cambio de cauce del río, por ello la comunidad pidió una medida cautelar que permita la construcción de un dique de contención, solicitud que fue rechazada en diciembre pasado.

Lea también: Juez negó medidas cautelares a San Pablo de Amalí. Inredh

http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=771:juez-nego-medidas-cautelares-a-san-pablo-de-amali&catid=73:ddhh-ecuador&Itemid=144

Año de Consultas Comunitarias

Girón

Durante 6 meses, desde el 29 de enero hasta el 29 de Julio del 2015, se realizó una recolección de firmas en el cantón Girón de la provincia Azuay a fin de realizar una consulta popular sobre si la población está o no de acuerdo con el proyecto minero Kimsacocha o Loma Larga. Se necesitaron 1500 firmas y se recolectaron alrededor de 2000.

Las personas a favor de la consulta realizaron una marcha hasta Quito a fin de entregar las firmas recolectadas al Consejo Nacional Electoral, CNE.

Sin embargo, el colectivo Unidos por el Desarrollo también recolectó firmas para pedir una consulta popular, pero en este caso, la pregunta, es a favor del proyecto minero.

El tema fue la explotación minera y las formulaciones de una otra consulta del presidente de la junta. Partidores de la consulta del enero llaman la consulta del presidente una “trampa”.

Para lograr la recolección y poder realizar la consulta popluar y discutir sobre la minería en Kimsachocha.

Luego de que el CNE aprobará las firmas para el llamado a consulta, correspondía a la Corte Constitucional validar la pregunta que sería consultada. Sin embargo, en dictamen de octubre del 2015, la Corte paralizó el pedido de consulta hasta que el CNE verifique que el llamado a Consulta tiene “legitimidad democrática”, es decir un respaldo ciudadano del 5% o 10% de la población.

Lea más en:

Girón le apuesta a la Consulta Popular. Wambra Radio

https://wambra.ec/giron-le-apuesta-a-consulta-popular/ (con audio)

Girón avanza hacia una Consulta Popular para frenar la minería en Kimsacocha.

https://wambra.ec/giron-avanza-hacia-una-consulta-popular-para-frenar-la-mineria-en-kimsacocha/ (con audio)

Pacto

 
El 12 de abril del 2015 se realizó una consulta comunitaria sobre las las actividades mineras en la parroquia de Pacto, del Cantón Quito. 4000 de los 6000 habitantes de Pacto están en contra de la minería en su parroquia. Pacto es una zonas con gran biodiversidad de plantas y animales y con los últimos rió sin contaminación del norroccidente de Quito. 

Lea más en: Consulta Comunitaria en Pacto busca preservar la vida

https://wambra.ec/consulta-comunitaria-en-pacto-busca-preservar-la-vida/ (con Vídeo)

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