tomado de @inredh1

La defensa de la naturaleza y el derecho a una vida digna de la comunidad de San Pablo de Amalí, parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes, provincia Bolívar, lo ha enfrentado a la Policía, militares y autoridades que lo han judicializado por 42 ocasiones bajo cargos que van desde actos de violencia, destrucción de bienes, sabotaje, terrorismo y rebelión.

Manuel Cornelio Trujillo Secaira, dirigente de la comunidad San Pablo de Amalí, ha enfrentado estos procesos y ahora espera la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de “terrorismo organizado” que se realizará en su contra el martes, 19 de enero de 2016, en la ciudad de Guaranda. Este delito tiene una pena de 4 a 8 años, según el anterior Código Penal.

En San Pablo de Amalí actualmente se construye la represa Hidroeléctrica Hidrotambo S.A que desvió el caudal del río Dulcepamba acercando el caudal hacia la comunidad. En marzo del anterior año durante una crecida del río ocurrió un desbordamiento del caudal y la muerte de tres personas y la pérdida de casas, terrenos y sembríos.

Desde el 2005 la comunidad ha mantenido una constante resistencia para que el Estado ecuatoriano y la empresa reconozcan sus derechos. Sin embargo, esto no ocurrió. Al contrario, los habitantes de la zona fueron agredidos varias veces por la Policía cuando se oponían que la Hidroeléctrica ingrese a la comunidad. Varios campesinos fueron procesados y sus dirigentes perseguidos.

Estás personas procesadas fueron amnistiadas por la Asamblea Constituyente de Montecristi mediante Resoluciones de marzo y julio de 2008, que indicaban: “Conceder amnistía general para los procesos penales enumerados en esta resolución, vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a proyectos de explotación de recursos naturales, y que por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en el Código Penal”.

Pese a este reconocimiento, desde el año 2012 Manuel Trujillo y Manuela Pacheco han sido sometidos a un nuevo enjuiciamiento después de que ocurriesen enfrentamientos entre la comunidad y la empresa en el transcurso del año.

Por las agresiones que sufrieron los habitantes de la comunidad por parte de la fuerzas policial, Manuela y Manuel presentaron una denuncia en la Inspectora General de la Policía. La Comandancia de Policía nombró una Comisión para investigar la denuncia en contra del Mayor Vinicio Albán Moreta.

El 14 de agosto de 2012, día en que la Comisión visitaría la comunidad, se generó enfrentamientos entre el cuerpo policial y miembro de la comunidad en resistencia. De estos hechos se pretende responsabilizar a los dirigentes Manuel Trujillo y Manuela Pacheco esta vez por el presunto delito de “Terrorismo Organizado”basado en el parte policial elaborado por el Mayor Roosevelt Vinicio Albán Moreta que señala que los dos dirigentes junto a 12 comuneros agredieron a cuatro policías y destruyeron un vehículo policial.

El 12 de noviembre de 2012, el Juzgado Quinto de lo Penal del cantón Chillanes ordenó prisión preventiva en contra de Manuel y Manuela. Ante este dictamen los dos dirigentes se vieron forzados a pasar a la clandestinidad ya que ambos son el sustento principal de sus hogares. En días posteriores, mediante una masiva movilización de San Pablo de Amalí, se consiguió que dichas ordenes sean revocadas, sin embargo, el proceso penal continuó su curso. A partir de esta fecha, Manuel y Manuela deben presentarse ante el Juzgado Penal cada lunes como medida alternativa a la prisión preventiva.

La larga persecución de Manuel Trujillo ha sido uno de los ejes para la elaboración de un informe sobre la criminalización a defensores de derechos humanos que existe en el país y que se hizo público el pasado 10 de diciembre del 2015 bajo el nombre “Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivistas en Ecuador” 

Lastimosamente, un día después de la presentación del informe, el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda señaló fecha para la audiencia de juicio en contra de Manuel Trujillo y Manuela Pacheco.

 #ManuelTrujilloResiste

Nació el 1 de enero de 1965, en la comunidad de Sanabanán, en el cantón Chillanes. Tiene 51 años y 23 de ellos lo ha dedicado para exigir que se respete el derecho a la vida en un medio ambiente sano. Recuerda que en 1993, la comunidad inició su lucha por mejorar las condiciones de vida en San Pablo de Amalí que se encuentra cerca de la región Costa (provincia Los Ríos) y junto al río Dulcepamba que forma parte de la Subcuenca del río Babahoyo perteneciente al Sistema Hídrico del río Guayas.

La comunidad al estar cerca de la región costanera, sin dejar de pertenecer a la Sierra, y con la presencia de un río caudaloso crea un lugar idóneo para el cultivo, labrar la tierra, manutención de fincas, la pesca y crianza de aves de campo. Manuel, al igual que los demás comuneros, también es agricultor: cultiva la tierra, siembra y cosecha cacao, naranja y plátanos, productos que le permiten sostener la economía de la familia Trujillo.

Manuel tiene una esposa con la que tuvo una hija y un hijo, además de dos nietos y una nuera, que lo han acompañado siempre en su lucha.

Luego de la inundación de marzo de 2015, que destruyó las propiedades tanto de Manuel como de su hijo, todos viven juntos en una misma casa ubicada muy cerca al río Dulcepamba que con la llegada del fenómeno de El Niño puede crecer tanto o incluso más que en el invierno del anterior año que causó pérdidas humanas y materiales. Una vez la crecida del río podría llevarse la humilde propiedad de la familia Trujillo.

Intentando precautelar la vida de su familia y de los demás comuneros ha acudido una vez más a distintas entidades como Defensoría del Pueblo, Ministerio de Ambiente, Prefectura de Bolívar, Gobernación de Bolívar, Secretaría de Riesgos y en última instancia, solicitaron el pasado 7 de diciembre de 2015, mediante una medida cautelar, la construcción de un muro de contención. El juez de la Unidad Judicial de lo Penal del cantón Chillanes, Jorge Raúl Ávila, que conoció de la causa denegó dichas medidas indicando que debían resolverlo las autoridades competentes.

Manuel no tiene mucha esperanza en la justicia ecuatoriana, pero espera que este 19 de enero el juez actué con independencia y administre justicia.

Su vida en la organización

Desde joven estuvo involucrado en la organización. Es presidente actual de la comunidad de San Pablo de Amalí. Este cargo lo tiene desde hace 14 años. Fue presidente del Seguro Campesino de San Vicente que alberga 50 comunidades de la provincia de Bolívar, durante 12 años. Cinco años fue Coordinador Provincial del Seguro Campesino y durante su vida ha sido teniente auxiliar en la comunidad para la resolución de conflictos.

Formación

Es bachiller en Ciencias Sociales. Ha seguido una serie de cursos y talleres sobre organización social. Varios de sus diplomas se perdieron en el desbordamiento del río Dulcepamba en marzo de 2015.

El 19 de enero la audiencia de juzgamiento se llevará a cabo en el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda, a las 09:00.

Instamos a organizaciones, redes, colectivos y organizaciones nacionales e internacionales que trabajen por los derechos humanos y la naturaleza, así como a instituciones públicas responsables de garantizar estos derechos, a continuar informándose sobre el caso de San Pablo de Amaí y actuar decididamente en defensa de esta comunidad.

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