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Cordillera de Fierro Urco nuevamente amenazada por la fuerza pública y la minería
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 24 de febrero de 2023
La parroquia de Gualel, ubicada en la Provincia de Loja, denunció el ingreso de la fuerza pública el pasado 23 de febrero de 2023, respaldando a las empresas mineras e irrespetando el derecho de las comunidades a la consulta previa, libre e informada. Según comuneros y comuneras, el objetivo de las mineras fue ingresar a la cordillera de Fierro Urco, una zona amenazada por la megaminería y concesionada a las mineras Cornerstone, Salazar Resources, Adventus, SolGold y Guayacán Gold.
Organizaciones de derechos humanos, ecologistas y personas defensoras de la naturaleza levantan alertas por lo sucedido. La parroquia logró que las maquinarias de la empresa y la fuerza pública salgan de su territorio.
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En horas de la madrugada del 23 de febrero, fuerza pública, entre militares y policías ingresaron y militarizaron la parroquia Gualel, para custodiar a 30 camiones de la empresa minera Guayacán Gold. La policía desplegó equipos antimotines y canes amaestrados para intimidar a la población.
El objetivo de esta acción, según denuncias presentadas por las y los comuneros de la zona, era ingresar hasta la cordillera de Fierro Urco, a través de un camino construido de manera ilegal. Por ello, las comunidades indígenas y campesinas del cantón Saraguro se activaron ante la amenaza y el avance de la empresa, que no ha cumplido con lo establecido en el artículo 57 de la Constitución sobre la consulta previa, libre e informada, vulnerando otros derechos constitucionales.
Cabe recalcar que no es la primera vez que la cordillera de Fierro Urco se ve amenazada. En junio de 2022, mujeres del cantón Saraguro se tomaron el sector Loma del Oro para defender el páramo de la megaminería y de la fuerza pública. Pero no fue la única acción que generaron para la protección de la Estrella Hídrica del Sur, como se conoce a Fierro Urco.
En enero de 2022, la comunidad de Gualel presentó una acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente por permitir el desarrollo de la minería en la cordillera. Y aunque la medida era una posibilidad para frenar las actividades extractivas, se presentaron varias irregularidades en el proceso y finalmente, para diciembre de 2022, la Corte Provincial de Loja rechazó la acción de protección argumentando que la consulta ambiental establecida en el artículo 398, no se aplica para actividades de pequeña minería.
El dictamen desfavorable de la Corte se dio días después de que el gobierno nacional anunciara la creación de un plan estratégico de seguridad que declara como Áreas Reservadas de Seguridad las zonas donde están ubicados 11 proyectos mineros. Esta situación preocupó a las organizaciones y a la estructura organizativa de los pueblos y nacionalidades.
Tras el fallo judicial, nuevamente las mineras con ayuda de la policía y militares amenazan la zona. Un comunicado del Comité de defensa del agua de Gualel, denuncia que lo sucedido es parte de un nuevo plan de ingreso de las empresas mineras, que pese al rechazo de la población que defienden el agua. El 04 de febrero pasado, la minera consiguió en concordancia con la presidencia de la junta parroquial “la apertura de una trocha carrozable desde Gualel a Guagrahuma”.
La comunidad responsabiliza al presidente Guillermo Lasso de las consecuencias que se puedan derivar de la militarización del territorio y añaden que a pesar del NO en la consulta popular del 05 de febrero, el primer mandatario insiste en militarizar los territorios para permitir el ingreso de las empresas mineras.
La violencia no cesa
Defensores de Fierro Urco denuncian que trabajadores de las mineras destruyeron cuatro camionetas y un camión, propiedad de los comuneros. El Frente Nacional Antiminero también denunció el “presunto intento de asesinato” en contra de uno de los propietarios de estos vehículos, del cual hasta el momento se desconoce su nombre. De igual forma, la policía habría retenido las llaves de otros vehículos y sustraído teléfonos celulares de algunos comuneros sin justificación.
Los ataques a la parroquia y a su gente, así como los amedrentamientos y la provocación continuaron hasta el día 24 de febrero. La comunidad también alertó del uso de bombas lacrimógenas por parte de la policía y de las fuerzas armadas. Frente a esta situación, la población se autoconvocó desde todos los sectores a un plantón en el Parque Central de Loja, para exigir la desmilitarización de Fierro Urco.
José Sarango, presidente de la Coordinadora de Organizaciones del pueblo Kichwa Saraguro, condenó lo sucedido en Gualel y aseguró que se violentó su derecho de ser consultados de manera previa, libre e informada oportunamente. Además de la vulneración a la integridad de las personas que pertenecen a la parroquia.
Mencionó que durante el plantón, una delegación se reunió con el gobernador de Loja, Fredy Bravo Bravo, quien se comprometió a reparar los daños materiales ocasionados. Sin embargo, “no nos contentamos con eso porque se queda en palabras muertas. Apelamos a la justicia a que actúen inmediatamente”, agrega Sarango.
Según el presidente de la CORPUKIS, el viernes 24 de febrero, la parroquia de Gualel logró la salida de las maquinarias de la empresa minera Guayacán Gold y de la fuerza pública que los resguardaba, pero las agresiones y la represión hasta ese instante continuaron, por lo que también condenó estos actos de violencia en contra de las personas que resistieron para evitar la entrada de la minera hasta la Estrella Hídrica.
Ahora la parroquia de Gualel espera que personal de la fiscalía vaya a la zona para realizar una valoración de los hechos y que levanten un parte de todos los daños materiales provocados a las camionetas de los comuneros: Julio Gualán, Pachakutik Contento y Abel Macas, que fueron incineradas.
Pronunciamiento de las organizaciones
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Cedhu, denunció y rechazó el plan de seguridad minera impulsado por el gobierno de Guillermo Lasso, que “arremete de manera violenta”. Además, denuncian que este tipo de hechos pueden desencadenar en enfrentamientos internos y causar incidentes de violencia en la parroquia de Gualel y en otros territorios cercanos.
La Conaie y otras organizaciones también se pronunciaron frente a lo sucedido en Gualel. Nayra Chalán, del cabildo de la comunidad de Ilincho, a través de una rueda de prensa la noche del 23 de febrero, dijo que es lamentable el accionar de la empresa minera y de la fuerza pública que nuevamente intenta ingresar con insumos para la minería.
Chalán aseguró que fue un día complicado para todas las personas del territorio, debido a las agresiones de la fuerza pública y de los trabajadores de la empresa. Según el cabildo, las personas de la parroquia solicitaron a la fuerza pública justificar el por qué de su presencia; sin embargo, no lo hicieron. Por ello, responsabilizan a la gobernación de Loja, al gobierno nacional y a las empresas Guayacán Gold y Cornerstone de lo sucedido.
Por su parte, Alberto Ainaguano, presidente de la Ecuarunari, dijo: “defenderemos con nuestra sangre, las reservas hídricas de nuestra Pacha Mama. En ese sentido, desde la Ecuarunari, saludar y darles ese abrazo de resistencia a nuestros hermanos de Fierro Urco”.
Leónidas Iza, presidente de la Conaie, declaró como responsable directo de los actos de violencia en los territorios al presidente Guillermo Lasso y recalcó que el primer mandatario rompió los acuerdos de las mesas de diálogo, pues en el acta firmada se establece el derecho a la consulta previa, libre e informada y se muestra que hasta que la consulta no se dé, las actividades mineras deben estar suspendidas.
El líder indígena hizo un llamado de atención a inversionistas nacionales e internacionales: “si han invertido, nosotros vamos a defender el territorio. Y si por no entender al pueblo pierden esos capitales, estamos dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias. Nosotros hacemos economía, producimos para las grandes ciudades”.
Iza concluyó su intervención explicando que al permitirse las actividades mineras, habría un flujo de empleo, pero sería un acto irresponsable porque se acabaría el empleo de las personas campesinas que se dedican a la agricultura, ganadería y cuidan el agua.
