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Eloy Alfaro y San Lorenzo: se mantienen medidas cautelares en contra de la minería
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 14 de diciembre de 2022
La minería en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas ha causado contaminación y enfermedades en sus habitantes, debido a que el agua de los ríos está contaminada con metales pesados como: aluminio y arsénico.
Por ello, las comunidades de los cantones y organizaciones de derechos humanos y ambientales exigen al juez, Fernando Saldarriaga, de la Unidad Multicompetente de San Lorenzo mantener las medidas cautelares otorgadas en 2011 para evitar que la minería no siga causando desastres ambientales y perjudicando su salud. También demandan que se apruebe una acción de protección en su favor para la reparación de las familias afectadas.
La audiencia se desarrolló este 14 de diciembre de 2022 y el juez dio paso a la conversión de la medida cautelar autónoma a una acción de protección. Asimismo, reafirmó y mantuvo las medidas cautelares, es decir, el Ministerio de Minas debe suspender toda actividad minera que se esté dando en los cantones. De igual forma, el Ministerio de Salud debe realizar un diagnóstico de la salud de los pobladores, el Ministerio del Ambiente debe hacer el control ambiental y los Gads locales deben proveer de agua potable a los pobladores, todas estas actividades deberán estar acompañadas por el Ejército ecuatoriano.
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Natalia Bonilla, presidenta de Acción Ecológica, cuenta que desde el 2005, los frentes mineros empezaron a tomarse el Río Santiago y sus afluentes: río Guimbí, río Bogotá con todos sus esteros. El río Cayapas con sus afluentes: Zapotillo y Anayacú ubicados en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo, de la provincia de Esmeraldas. Estos frentes mineros buscadores de oro con maquinarias como grandes maquinarias, retroexcavadoras, palas mecánicas, hacen piscinas donde separan el oro de las piedras, con el uso de mercurio, arsénico y otros químicos. “Todo este proceso causa grandes impactos ambientales, y deforestación. Y los químicos que quedan en las piscinas, van a los cauces de los ríos. Eso ha contaminado alrededor del 80% de los ríos con metales pesados y el agua no es apta para el consumo humano”.
Para el 2011, la contaminación de los ríos por causa de los altos niveles de químicos, generaban impactos graves en la salud de las y los habitantes de las comunidades, de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Además de la muerte de peces, crustáceos y otros animales consumidos por las familias. Por ello, las comunidades acudieron a la Defensoría del Pueblo para solicitar protección.
La Defensoría del Pueblo en primera instancia, interpuso un pedido de medidas cautelares ante las autoridades judiciales de San Lorenzo, debido a las afectaciones en la salud de los habitantes a causa de la contaminación de los ríos, por la explotación minera de oro. Las medidas fueron otorgadas y ejecutadas entre el 2012 y 2013.
Según Bonilla, las medidas tenían puntos claves e importantes: suspender la entrega de concesiones mineras en la zona; que los gobiernos locales provean agua limpia y segura a las comunidades; que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica haga control ambiental a los frentes mineros; que el Ministerio del Interior expulse la maquinaria ilegal de los ríos y que prevenga nuevos asentamientos. Asimismo, el Ministerio de Salud debía realizar un estudio de los impactos de la minería ilegal en la población.
Sin embargo, tiempo después, los organismos estatales “bajaron la guardia y a mediados del 2013, los frentes mineros regresaron”, explica Bonilla. Es más, en 2012, la empresa nacional de minería, Enami, creada el 31 de diciembre de 2009, mediante Decreto Ejecutivo No.203., entró al territorio pese a que aún contaba con medidas cautelares y no realizó la consulta previa, libre e informada, como demanda el artículo 57, numeral 7 de la Constitución.
Para el 2015, la empresa Enami entregó cerca de 38.700 hectáreas de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, a la Cooperativa de Producción Minera Río Santiago y Cayapas, Coprosan, quien ya “extraía minerales sin permisos y sin cumplir estándares ambientales”, según una investigación realizada por el portal Mongabay.
Por eso, para el 2018, las medidas cautelares se ampliaron y con esa acción se prohibieron todos los permisos y concesiones de minería legal y se ordenó la reparación total del daño ambiental causado. Sin embargo, “la minería continuó deforestando, contaminando los ríos, afectando la salud de las poblaciones locales a vista y paciencia de las autoridades competentes”, según explica la ONG Acción Ecológica en su web.
De hecho, en fotografías compartidas a través de twitter por Acción Ecológica se puede ver como niños tienen afectaciones graves a su piel, y requieren atención urgente, al igual que cerca de 300 comunidades que habitan la zona, pertenecientes a las nacionalidades Chachi, Épera; además de comunidades Afrodescendientes y campesinas, que ya no pueden consumir el agua de los ríos.
Para el año 2020, Ecuador al igual que el resto del mundo, fue azotado por la pandemia de la Covid-19 y por ende, hubo confinamiento. Durante la pandemia, “el precio del oro aumentó. Los frentes mineros se multiplicaron y la situación ha ido agudizando, más si tomamos en cuenta que los metales pesados siguen en el ecosistema, en las plantas. La contaminación ambiental es una gran crisis, la salud de las poblaciones también. Las personas tienen impactos en la piel, enfermedades digestivas, respiratorias”, dice Natalia Bonilla.
A todo esto se suma que, en noviembre de 2020, en el sector de Los Ajos de Balzar, en el cantón San Lorenzo, se derrumbó una mina y como consecuencia cuatro mujeres y un niño de 12 años fallecieron. Para la ONG Acción Ecológica “esta es una de las desgracias más grandes provocadas por el extractivismo minero en Ecuador” y agregan que, los hechos evidencian la situación de indefensión y vulneración de derechos de los pobladores del cantón Eloy Alfaro y San Lorenzo. Además de la indefensión por parte del Estado para evitar que esos territorios sigan golpeados por el extractivismo.
“El 70% del oro que exporta Ecuador es de origen ilegal”, señala Bonilla y agrega que varios estudios han determinado que las maquinarias que usan los frentes mineros “son de origen ilegal. Además, estos tendrían relaciones con capitales del crimen organizado y grupos narco delincuenciales, lo cual nos preocupa muchísimo”.
Triunfo para los cantones y sus comunidades
Natalia Bonilla asegura que los gobiernos han dejado abandonadas las medidas cautelares y por ende, a los cantones de Eloy y San Lorenzo. La población está exigiendo que el Estado cumpla, se ejecuten las medidas y que éstas se conviertan en una acción de protección para que haya una reparación a la naturaleza y a las familias del territorio.
Esto debido a que la prefectura de Esmeraldas, encabezada por Roberta Zambrano, solicitó una audiencia con el objetivo de que se levanten las medidas cautelares con el argumento de que “necesitan extraer material pétreo para hacer vías en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Al respecto, varios expertos llaman la atención dado que en toda la provincia de Esmeraldas hay canteras necesarias para extraer el material para dichas obras. Por otra parte, por el gran riesgo que significa esto, porque hemos visto que el Estado carece de la capacidad de hacer un verdadero control del territorio. Esto de que se va a extraer material pétreo, daría pie a que con esta excusa, lo que realmente se esté extrayendo sea oro”, dice Bonilla.
La audiencia se desarrolló el 14 de diciembre de 2022, en la Unidad Multicompetente de San Lorenzo y estuvo a cargo del juez Fernando Saldarriaga. Contó con la comparecencia de la Defensoría del Pueblo, como demandante de las medidas cautelares y únicamente el Ministerio de Ambiente como representante y la Prefectura de Esmeraldas. Asimismo, en la audiencia participaron organizaciones de derechos humanos como la Cedhu, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Pastoral Social, Acción Ecológica, quienes presentaron amicus curiae.
Natalia Bonilla explica que en caso de que las medidas cautelares se hubieran eliminado en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo y los territorios fronterizos con Colombia, estos “serían muy fácilmente ocupados e invadidos por más frentes minero de oro y bajo el amparo del crimen organizado y bandas narco delincuenciales”.
Tras la audiencia, el juez Saldarriaga “dio paso a la conversión de la medida cautelar autónoma a una acción de protección. Asimismo, reafirmó y mantuvo las medidas cautelares”. Es decir, el Ministerio de Energía y Minas debe suspender provisionalmente toda actividad minera que se esté dando en estos cantones de Esmeraldas.
De igual forma, el Ministerio de Salud debe realizar un diagnóstico de la salud de los pobladores. Mientras que el Ministerio del Ambiente debe hacer un control ambiental y los Gads locales deben proveer de agua potable a los pobladores. Todas estas actividades deberán estar acompañadas por el Ejército ecuatoriano y las disposiciones deberán ser cumplidas en un plazo de 15 días después de que las partes sean notificadas, aunque hasta el momento no hay una fecha estimada para la notificación.
