tomado de @inredh1
Se levanta todos los días a las 04:30 de la mañana a preparar el desayuno de sus trabajadores, luego alimenta a sus gallinas, patos y otros animales pequeños que tiene. A las 07:00 desayuna junto a su esposo Segundo Villacís, de 56 años, y más tarde va al mercado de “La Merced” donde vende toda su cosecha: plátanos, peras, naranjas y barraganetes.
Manuela Narcisa Pacheco Zapata de 47 años es una de las habitantes de la comunidad de San Pablo de Amalí, parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar, que resistió junto a otros comuneros los atropellos sufridos por la fuerza policial y militar que ingresó a la comunidad en el año 2012. Ellos custodiaban al personal de la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A.
Por su defensa del agua, la tierra y la vida ha sido procesada 14 veces bajo los cargos de sabotaje, actos violentos y terrorismo. Este 19 de enero de 2016, Manuela será enjuiciada por el presunto delito de terrorismo organizadoque tiene una pena de 4 a 8 años, según el anterior Código Penal.
Manuela lleva diez años resistiendo en la comunidad de San Pablo de Amalí, lugar donde se construye la represa de la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A., que en octubre del año 2013 desvió el cauce del río Dulcepamba, acercándolo peligrosamente hacia la comunidad. En marzo del año anterior, durante una crecida del río, ocurrió un desbordamiento del caudal que ocasionó la muerte de tres personas y la pérdida de casas, terrenos y sembríos, incluyendo la finca donde Manuela cultivaba un gran porcentaje de sus productos. Sin embargo, al ser el sustento de su hogar, ha sabido enfrentar esta y otras adversidades para salir adelante.
Desde el 2005 la comunidad ha mantenido una constante resistencia para que el Estado ecuatoriano y la empresa reconozcan sus derechos. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Al contrario, los habitantes de la zona fueron agredidos varias veces por la Policía cuando se oponían que la Hidroeléctrica ingrese a la comunidad. Varios campesinos fueron procesados y sus dirigentes perseguidos.
Estás personas procesadas fueron amnistiadas por la Asamblea Constituyente de Montecristi mediante Resoluciones de marzo y julio de 2008, que indicaban: “Conceder amnistía general para los procesos penales enumerados en esta resolución, vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a proyectos de explotación de recursos naturales, y que por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en el Código Penal”.
Pese a este reconocimiento, desde el año 2012 Manuela Pacheco y Manuel Trujillo, presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, han sido sometidos a un nuevo enjuiciamiento después de que ocurriesen enfrentamientos entre la comunidad y la empresa.
Por las agresiones que sufrieron los habitantes de la comunidad por parte de la fuerzas policial, Manuela y Manuel presentaron una denuncia en la Inspectora General de la Policía. La Comandancia de Policía nombró una Comisión para investigar la denuncia en contra del Mayor Vinicio Albán Moreta.
El 14 de agosto de 2012, día en que la Comisión visitaría la comunidad, se generó enfrentamientos entre el cuerpo policial y miembro de la comunidad en resistencia. De estos hechos se pretende responsabilizar a los dirigentes Manuel Trujillo y Manuela Pacheco esta vez por el presunto delito de “Terrorismo Organizado”basado en el parte policial elaborado por el Mayor Roosevelt Vinicio Albán Moreta que señala que los dos dirigentes junto a 12 comuneros agredieron a cuatro policías y destruyeron un vehículo policial.
El 12 de noviembre de 2012, el Juzgado Quinto de lo Penal del cantón Chillanes ordenó prisión preventiva en contra de Manuel y Manuela. Ante este dictamen los dos dirigentes se vieron forzados a pasar a la clandestinidad ya que ambos son el sustento principal de sus hogares. En días posteriores, mediante una masiva movilización de San Pablo de Amalí, se consiguió que dichas ordenes sean revocadas, sin embargo, el proceso penal continuo su curso. A partir de esta fecha, Manuel y Manuela deben presentarse ante el Juzgado Penal cada lunes como medida alternativa a la prisión preventiva.
Para ella, este proceso legal ha sido doloroso. “Me siento un cadáver viviente. Tengo 13 días más de libertad”.
Nació el 19 de marzo de 1969, en la comunidad de San Pablo de Amalí. Toda su vida vivió en San Pablo donde tiene su casa y su terreno para la siembra y cosecha de sus productos que le generan ingresos económicos. Su esposo sufre una discapacidad y tiene graves problemas de salud. Manuela es el sustento de la familia.
Su vida en la organización
Ella recuerda que vinculó su vida a la organización hace 10 años cuando “pegaron, maltrataron y atropellaron a la gente de la comunidad, como ser humano no podía quedarme sin hacer nada al ver como la Policía y los militares con su prepotencia nos pegaban”. Ante la injusticia me uní junto al compadre Manuel Trujillo para defender San Pablo”.
“Defendemos el agua porque es padre y madre de nosotros, con el agua hacemos todos: sembramos, tomamos, nos bañamos, nos sirve para todo”. El agua del río Dulcipemba es utilizado para el riego de la tierra y para consumo humano mediante tuberías y mangueras sacan el líquido a la comunidad.
Aunque ha sido enjuiciada varias veces, ella considera que la lucha es necesaria. “Nosotros luchamos para dejar como herencia a la otra gente que se debe exigir el respeto a la vida, al agua…Por luchar nos quisieron comprar, nos ofrecieron plata y sacarnos del país, pero nosotros no aceptamos”
Formación
Es bachiller en Contabilidad y lucha para que se respeten los derechos de la comunidad.
El 19 de enero la audiencia de juzgamiento se llevará a cabo en el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda, a las 09:00.
