HISTORIAS DEL PARO NACIONAL

“Yo no sabía que las bombas mataban”

La muerte de Byron Guatatuca

 

 

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado 22 de agosto del 2022

 

Byron Guatatuca era un comunero kichwa de la Amazonía de Ecuador que, como varios otros indígenas, participó de las protestas en el Paro Nacional convocado por la Conaie y otras organizaciones sociales en Puyo. Desde la medianoche del 13 de junio, la nacionalidad Shuar y  Kichwa iniciaron las movilizaciones y la paralización de algunas vías principales, a ellos se sumaron otras nacionalidades indígenas amazónicas como la Ai Kofán. Siete días se mantuvieron en protestas pacíficas desde sus territorios; sin embargo, al octavo día, efectivos de la Policía y militares realizaron un operativo para repelerlos. “Como resultado de esta acción violenta y desproporcionada Byron fue impactado por un bomba lacrimógena y falleció”, según comunicó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Sus familiares, amigos y organizaciones de Derechos Humanos exigen justicia para Byron Guatatuca.

 

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Byron Guatatuca tenía  42 años, era padre de cuatro hijos, trabajaba en un aserradero y pertenecía a la Comuna San Jacinto del Pindo, una comunidad  kichwa, en Pastaza. Él era el sustento de su hogar; su esposa, Alicia Tapuy, es ama de casa y se dedica a cuidar de sus hijos más pequeños que se encuentran estudiando.

Byron junto a varios comuneros se encontraban en las protestas la tarde del 21 de junio, en el sector de la  Picolino, vía Tarqui, en  Puyo. Según la versión de su esposa Alicia Tapuy, recogidas por la Fundación Inredh, ella le sirvió de comer a las 11 de la mañana, después la hermana de Byron llegó y le dijo que fueran al Paro, por lo que él se cambió de ropa y salió, “se fue sin nada en las manos”, dice Alicia.  

En la protesta participaron indígenas de las 7 nacionalidades asentadas en la provincia amazónica de Pastaza: Achuar, Andoa, Shuar, Kichwa, Shiwiar, Waorani, y Zapara, manifestándose de manera pacífica, según el informe de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos

El mismo informe describe que alrededor de las seis de la tarde, efectivos policiales y militares empezaron a lanzar gas lacrimógeno de manera indiscriminada. A través de videos difundidos en redes sociales se observa cómo el lugar queda inundado por el gas y las personas que se encontraban manifestando empiezan a sufrir asfixia.

En medio de los disturbios Byron Guatatuca fue impactado por un bomba lacrimógena en su cráneo. En los vídeos también se logra ver cómo cae al suelo y de su cabeza empieza a salir humo y se genera una explosión que llama la atención del resto de manifestantes que intentaron socorrerlo. La esposa de Byron relata que después de un buen tiempo empezaron a escuchar sonidos muy fuertes, los autos y las motocicletas empezaron a pasar y los vecinos y vecinas del sector también empezaron a pasar de un lado a otro. Ella tomó un pañuelo, se tapó la nariz y se acercó hasta donde estaba la gente amontonada, al instante llegó un vecino del sector y le dijo “‘ al vecino Byron la acaban de matar‘. Yo no sabía que las bombas mataban”, dice Alicia.

Alicia cuestionó lo dicho por su vecino, preguntó si era cierto, a lo que él respondió que sí que llamara una ambulancia y así lo hicieron. “Le rogué a un primo que me lleve. Acaban de matar a mi marido, por favor, llévame”, fueron las palabras de Alicia dirigidas a su primo en ese momento, él la llevó hasta el hospital, ahí el guardia preguntó por familiares de Byron Guatatuca, ella levantó la mano y le pidieron los documentos personales de su esposo.

Desde el hospital del Puyo, donde fue llevado Byron, el medio Mia Sonovision realizó una transmisión en vivo donde entrevistó a uno de los manifestantes que se encontraba cuando Byron fue impactado. “Al chico lo mataron disparando de frente. Estaba a lado mío. Yo le quise sacar el gas del ojo”, relata el manifestante quien enseguida muestra cómo su brazo quedó manchado con la sangre de Byron. Él también dice que se encontraban manifestando de forma pacífica y los policías empezaron a agredirlos. 

Daniela Peralta, gerente del Hospital del Puyo dijo al medio Mia Sonovisión que, Byron Guatatuca falleció por muerte cerebral.

Después de lo ocurrido con Byron los enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública continuaron. Un patrullero de la Policía Nacional y una Unidad de Policía Comunitaria fueron quemados además, una sucursal del Banco de Guayaquil fue saqueada dejándola en total escombros.

Frente a esto, la Policía manifestó: “Rechazamos categóricamente estos actos violentos que ponen en zozobra la paz y tranquilidad de la ciudad de Puyo. Se realizarán las denuncias ante las autoridades judiciales, estos hechos que dañan los bienes públicos no van a quedar en la impunidad”. Además la Policía emitió un comunicado donde aseguran que Byron murió producto de “la manipulación de un artefacto explosivo” y agregaron que “la institución no utiliza material explosivo para el control del orden público y menos aún se ha utilizado en las marchas y manifestaciones pacíficas ciudadanas”. Señalaron que el caso será investigado por las autoridades judiciales y que apoyarán para que el caso se esclarezca.

En la misma línea, el ministro del interior, Patricio Carrillo, relacionó la muerte de Byron con la manipulación de explosivos por parte de los manifestantes; a través de su cuenta de twitter dijo que “El riesgo es alto cuando se manipulan explosivos. Ante hechos fácticos actuaremos con transparencia. Peritos independientes deberán entregar a la justicia informes del suceso. La Policía Nacional no usó explosivos para el control del orden público”.

Ante las declaraciones del ministro Carrillo, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos a través de twitter aseguró que la muerte de Byron no fue a causa de la manipulación de explosivos, la “Policía Nacional es la entidad que lanza y usa bombas lacrimógenas. ¡Exigimos verdad, justicia y reparación!”. De igual forma, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae, denunció la muerte de Byron a través de un comunicado, donde denunciaron  “el desproporcionado accionar de la fuerza pública de manera totalmente injustificada y con disparos directos a los manifestantes” y solicitaron la intervención de organismos de derechos humanos. Asimismo agregaron que “las manos de la  Policía Nacional están manchadas con la sangre de Byron” a quien consideran su hermano. Además, difundieron fotografías de la tomografía donde se observa la bomba lacrimógena incrustada en el cráneo.

Para la organización indígena la muerte de Byron es responsabilidad de la Fuerza Pública. Severino Sharupi, presidente de la Federación de Nacionalidad Shuar de Pastaza, Fenash-p, explicó, en una rueda de prensa, el 22 de junio de 2022, que lo sucedido en el Puyo tiene dos detonantes. El primero, lo relaciona con la actuación política de las autoridades locales de la provincia “un grupo de sangre azul, liderado por el gobernador, el ex gobernador y el asambleísta Elias Jachero y un par de presidentes de barrios estaban haciendo asambleas e hicieron pronunciamientos racistas diciendo: indios vagos, lárguense. Y convocaron diciendo que harían un barrido a la gente del Puyo”. Además indicó que el asambleísta Elias Jachero pidió el estado de excepción para la provincia de Pastaza, por lo tanto, según el líder indígena, tiene responsabilidad.

El segundo detonante, según Severino, fue por la actuación de la Policía. Según el líder indígena, la Policía Nacional llegó a instigar a quienes estaban en el Paro Nacional. “Habíamos llegado a un acuerdo con el Coronel de Pastaza cuando nos tomamos la gobernación, de que había un respeto mutuo y que no habría agresiones de lado y lado. Las nacionalidades hemos cumplido, estuvimos cuidando la gobernación, teniendo buenas relaciones con los vecinos. En esa semana no hubo asaltos ni robos en el Puyo, algo que no sucedía antes”, añadió. Eso, según Sharupi, enardeció a la gente. “No somos culpables de todo, hubo infiltración en nuestras filas. La guardia indígena anda con su escudo, sus lanzas, pintados y bajo una dirección. Lo que pasó fue algo causado por sectores aliados al vandalismo”.

Por su parte, el presidente de la Confeniae, Marlon Vargas, dijo que quien agredió la movilización fue la Policía Nacional. “Lo sucedido en Pastaza es un crimen de Estado. Ustedes son los responsables. Después de asesinar, no se victimicen”.  

En la misma línea la Conaie también se pronunció y denunció que el comunero de nacionalidad kichwa fue asesinado por el impacto de la bomba lacrimógena que recibió. “Denunciamos estos hechos ante los organismos Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y Defensoría del Pueblo de Ecuador”

La Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Coica, también se pronunció “en el marco del Paro Nacional, con mucho dolor e indignación, denunciamos la muerte de Byron Guatatuca, hermano Kichwa de la Amazonía ecuatoriana asesinado a manos de la fuerza pública durante la represión en la provincia de Pastaza”.

Asimismo, la bancada de Pachakutik Nacional manifestó su dolor por el fallecimiento de Byron y se solidarizaron con la familia e hicieron un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos para que tomen acciones frente a la “política criminal del gobierno de Guillermo Lasso respecto a los sectores más humildes que ejercen su legítimo derecho constitucional a la resistencia”.   

Por su parte, el ministro del interior, Patricio Carrillo, en una rueda de prensa, responsabilizó a los manifestantes de lo ocurrido y afirmó que estos estaban “con explosivos, armas artesanales y con armas tipo carabina” y que “empezaron a atacar al personal civil y policial”. En contraste, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, confirmó que tras el análisis de testimonios y de evidencia digital, consideran que la muerte de Byron “fue causada por agentes de fuerzas de seguridad, muy probablemente policías, a través del uso excesivo de la fuerza y que debería ser investigada con prontitud por la Fiscal General del Estado”. Según la organización internacional de DDHH, la Policía ecuatoriana lanzó “una granada de gas lacrimógeno directamente y a corta distancia” que impactó a Byron Guatatuca en medio de la manifestación realizada en el centro del Puyo, en la esquina entre la Avenida Tarqui y la Calle de los Anturios.

Después de todas las denuncias e informes, la Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación previa por la muerte de Byron Guatatuca.

 

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En búsqueda de justicia

Jessika Delgado, abogada de Inredh, quien está llevando la asesoría jurídica del caso, dijo que está consternada por la falta de preparación y especialización en las fiscalías de la provincia de Pastaza. Según la organización de derechos humanos, la investigación de la muerte de una persona en el contexto de la protesta y donde interviene la Fuerza Pública, tiene “directrices específicas  para la investigación de estos delitos”. Según la abogada no es lo mismo investigar un delito contra la vida como el homicidio o el asesinato, porque son contextos diferentes. “Pastaza es cuna de las 7 nacionalidades, Byron era de nacionalidad Kichwa, no se puede manejar esta investigación como un delito común como es el homicidio”, agregó. Y dijo que al analizar el caso se puede ver que fue “una extralimitación en la ejecución de un servicio, es decir, un delito de lesa humanidad que está contemplado dentro de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario”.

La abogada criticó la actuación del fiscal del caso, Marco Espín, ya que no está aplicando todos los enfoques y principios”, por lo que  debe haber un cambio de delito” La abogada considera que la muerte de Byron Guatatuca debe ser investigada en una fiscalía especializada o por la unidad de Derechos Humanos “porque es un delito de Estado”.

La Fiscalía de la provincia de Pastaza, vinculó alrededor de 80 agentes policiales, entre sargentos, cabos, tenientes, capitanes, mayores y 10 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO, a la investigación que de oficio abrió la Fiscalía General del Estado, el 22 de junio de 2022, según las declaraciones de la abogada Sofía Llerena, recogidas por la Fundación Inredh.

El proceso de Byron está en investigación previa y el 18 de julio la Fiscalía “llamó a rendir versiones al personal policial que estuvo en el de los hechos, sin embargo, solo se han tomado seis versiones”. Y la abogada Llerena sostuvo que hasta el momento “no se ha dado un tratamiento oportuno al caso, y que no se han brindado las garantías suficientes para que el proceso continúe de una manera diligente”.

Dentro de los primeros impulsos fiscales se solicitará la reconstrucción de los hechos y la abogada Llerena expresó su preocupación porque aún no se han dado los primeros impulsos para las pruebas de balística ni fecha para recoger la versión del personal militar que se encontraba la tarde que Byron Guatatuca murió.

Inredh, aseguró que familiares y dirigentes de las organizaciones indígenas y defensa técnica solicitaron una reunión con el fiscal encargado del caso, Marco Espín, para conocer sobre los avances del caso. A la reunión asistió Lenin Mayorga, fiscal provincial, quien se comprometió a priorizar las diligencias en la investigación de Byron.

 

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¿Por qué la protesta en la Amazonía?

Byron Guatatuca al igual que otros comuneros de la Amazonía se unieron al Paro Nacional para exponer sus demandas en torno a la defensa de los territorios del extractivismo minero y petrolero. Esta demanda se agrupó en el pedido de la derogatoria del decreto 95, expedido por el presidente Guillermo Lasso, que establece el incremento en la producción de hidrocarburos. Además, exigían la derogatoria del decreto 151 sobre el Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador.

La Comuna San Jacinto del Pindo, ya en mayo de 2021, se levantó contra la actividad minera y maquinarias pétreas en la cuenca de Río Pastaza que estaba afectando a cultivo y territorios de las y los comuneros. En aquel tiempo, la Comuna demandó la atención de las autoridades para que tomen acciones frente al asunto y para ello cerraron la vía Puyo que conecta con Baños como medida de hecho.

Al igual que la Comuna de San Jacinto del Pindo, en la Amazonía ecuatoriana hay otras comunidades que resisten a la minería y al despojo de sus territorios de manera violenta y sistemática. Tal es el caso de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, una organización comunitaria  de la parroquia de Tundayme, en Zamora Chinchipe que ha sufrido varios desalojos de su territorio, desde el 2015 por parte de la empresa minera china Ecuacorriente S.A.

En Tundayme se desarrolla la minería a gran escala y a cielo abierto: Cóndor Mirador, un mega proyecto de explotación de oro y cobre, liderado por la empresa China Ecuacorriente S.A.que lo único que ha dejado a la comunidad es contaminación de sus ríos y el deterioro de sus territorios; además de la migración forzada y la pérdida de identidad que les genera los desalojos y el no poder desarrollar sus actividades en comunidad.

Por tales motivos, desde la Amazonía exigieron la derogatoria del decreto 151, para evitar la expansión de actividades mineras y que sus territorios sigan contaminados por estas actividades. A estas demandas se sumaron el pedido de inversión en educación para sus comunidades, infraestructura y tecnología, y salud.

 

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Un mes sin Byron Guatatuca

El 21 de julio, se cumplió  un mes de la muerte de Byron Guatatuca. Familiares y amigos de Byron, en su memoria, realizaron una misa campal en el sector del puente de Picolino, en la avenida Tarqui en la ciudad del Puyo; lugar donde Byron falleció. Durante la misa, Milton Vargas, presidente de la Comuna San Jacinto del Pindo se dirigió a los familiares y amigos que asistieron a la misa y dijo que el fallecimiento de su compañero debe ser motivo de unidad y de fortaleza en las organizaciones.

“Debemos unirnos porque de aquí nos vienen cosas más fuertes. Tenemos 90 días de trabajo y no sabemos qué va a pasar después de esos días”. Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, también se pronunció durante la misa y expresó su solidaridad con Alicia Tapuy,  esposa de Byron,  y el resto de la familia. También agregó que darán su apoyo desde la Conaie e hizo un llamado a la unidad para seguir en la lucha entre hombres y mujeres “de eso nos caracterizamos los pueblos y nacionalidades, también hermanos y hermanas mestizas que nos han apoyado en todos los procesos de lucha y que han estado en esta lucha también. Mi solidaridad desde la Conaie”.

Renato Guatatuca, hermano de Byron, pidió a quienes asistieron a la misa que los acompañen en una marcha y un plantón que realizaron posterior a la misa, en la ciudad del Puyo, para exigir a la Fiscalía de Pastaza que actúe con celeridad en el caso de Byron y que se haga justicia.

“Somos inocentes. No dejaremos que el gobierno nos siga pisoteando, ya no somos de esa generación”, agregó Renato y enseguida familiares, amigos, conocidos y dirigentes del movimiento indígena, emprendieron la marcha para exigir ¡Justicia para Byron! “Nuestro hermano murió en la lucha por todos nosotros. Basta ya de humillaciones y asesinatos a los pueblos y nacionalidades”, es uno de los mensajes que brindaron durante la marcha pacífica. Asimismo, quienes fueron parte de la caminata sostenían consignas como: “represión policial igual a excusa para matar”, “por lxs muertxs del paro nadie se cansa”.

Después de un recorrido de aproximadamente 15 minutos, la marcha llegó hasta  los exteriores de la Fiscalía de Pastaza, en las calles González Suárez y Atahualpa y la esposa de Byron Guatatuca,  Alicia Tapuy, expresó su clamor de justicia y de judicialización a los responsables de la muerte de su esposo. Según la Fundación Inredh, la esposa de Byron sostuvo que ella no sabía que las bombas mataban y por tal motivo ella se negaba a creer que su esposo estuviera muerto. Asimismo, en un video que facilitó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae, Alicia Tapuy, cuestionó que el presidente Guillermo Lasso facilitara una beca e indemnización a la familia de José Chimarro, el militar que falleció en el contexto del Paro Nacional, en Shushufindi; mientras que ella y sus hijos no han sido siquiera nombrados por el primer mandatario

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae, familiares, amigos y representantes legales del caso de Byron Guatatuca, durante el plantón en los exteriores de la Fiscalía de Pastaza, aseguraron que se mantendrán “vigilantes para que se haga justicia ante este crimen y en vigilia permanente para que las autoridades avancen con la celeridad del caso para que esta clase de abusos no queden en la impunidad”.