La minera los desalojó una vez, hoy Cascomi resiste en su casa comunal

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan1

Publicado 18 de febrero de 2022

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La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, es una organización comunitaria de Zamora Chinchipe que ha sufrido varios desalojos de su territorio, desde el 2015 por parte de empresas de minería chinas. En 2017, la organización comunitaria ocupó tres aulas abandonadas en el cantón El Pangui como sede para realizar actividades educativas, culturales y de fortalecimiento de su identidad, como una forma de resistencia. Hoy, Cascomi enfrenta un nuevo desalojo. El distrito de educación Yacuambi-Zamora les notificó el pedido para desalojar las aulas en 15 días. La comunidad y colectivos ecologistas exigen al Ministerio de Educación que se respete la Casa Comunal de Cascomi.

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El 30 de septiembre del 2015, guardias de la empresa minera Ecuacorriente y 135 efectivos de la Policía Nacional, según datos presentado por el entonces Ministerio del Interior y recogidos por el comunicado presentado por INREDH, ingresaron a la parroquia de Tundayme para desalojar a varias familias de la zona que habitaban el lugar, donde posteriormente se ejecutó el proyecto minero a cielo abierto Mirador, que extrae cobre y oro de la Cordillera del Cóndor.

En total, 32 familias, formadas por 116 personas fueron desalojas entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 por policías, militares, guardias y trabajadores contratados por la empresa minera China Railway 19 Bureau Group Corporation, CRCC, y Ecuacorriente S.A., por el notario del cantón Pangui, funcionarios de Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y de la Intendencia de Policía de Zamora Chinchipe, según el informe presentado por INREDH el 05 de octubre del 2017.

“Esto representó una vulneración a nuestros derechos”, dice Luis Sánchez Shiminaycela, vicepresidente y vocero de Cascomi, en entrevista con Wambra. Este desalojo se dio pese a que los desplazamientos de comunidades indígenas están prohibidos en la Constitución. El artículo 57, número 11, determina que, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, no pueden ser desplazados de sus territorios.

Ante los desalojos, la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, se movilizaron hasta Quito, el 8 de junio de 2015, para presentar medidas cautelares y evitar más desalojos ilegítimos de los habitantes de la zona. Esta petición fue presentada en la Sala de Sorteos y recayó en manos de una jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Familia, quien negó esta petición diciendo que no existía ni urgencia, ni daño reparable en el territorio.

En octubre de 2015, los comuneros de la Cascomi, volvieron a presentar una demanda cautelar, esta vez en el cantón de Gualaquiza ante un juez de primera instancia para evitar una vez más los desalojos en el sector de San Marcos, parroquia de Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador.

Esta medida fue interpuesta en contra Belén Catalina Sánchez Coba, Gerente General y Representante de Ecuacorriente S.A.; Javier Córdova Ministro de Minería; Lorena Tapia, Ministra del Ambiente del Ecuador y Cristina Silva Cadmen, Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, funcionarios de aquel tiempo, según información presentada por INREDH. Este pedido también fue negado

En enero del 2018, Cascomi presentó una demanda en el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la empresa minera Ecuacorriente S.A. por violentar el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada en la ejecución del proyecto minero Mirador y por los desalojos violentos cometidos en contra de los habitantes de Tundayme en 2015 y 2016, pero se les negó el pedido una vez más.

Las y los comuneros siguieron presentando acciones legales y en julio de 2019 presentaron una Acción Extraordinaria de Protección para que se vuelva a analizar su caso y se dé constancia de una vulneración de derechos, porque no se respetó el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, a la Vivienda Digna y a la consulta ambiental, tal como lo establece el artículo 57, numeral 7 y el artículo 375 de la Constitución. Sin embargo, Luis Sánchez, vicepresidente de Cascomi menciona que. “Hasta ahora la Corte Constitucional no nos da respuesta”, recalca.

Estos desalojos forzosos generaron desplazamientos de los comuneros de la parroquia de Tundayme, lo que hizo que las familias buscaran otros territorios para asentarse. De su parte, la organización Cascomi tuvo que buscar una sede para llevar a cabo sus funciones como comuneros y tener un espacio de encuentro. Así es como en 2017, llegaron a lo que hoy es la Casa Comunal de Cascomi, lugar del que ahora los quieren desalojar nuevamente.

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Casa Comunal Cascomi, Tundayme

En 2011, en la cabecera parroquial de Tundayme, cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, se construyeron tres aulas para la “Unidad Educativa Experimental Compensatoria a distancia de Zamora Chinchipe-Extensión Tundayme”, la cual cesó sus actividades en 2012 por falta de estudiantes. Desde ese entonces la infraestructura quedó abandonada y descuidada.

En 2017, en una asamblea que realizaron los comuneros de Cascomi, decidieron usar las aulas abandonadas y al mismo tiempo, gestionar de manera legal el uso de este espacio. “Por los desalojos que hemos vivido, hemos buscado un espacio para desempeñar nuestras funciones como comuneros”, indica Luis Sánchez, vicepresidente y vocero de Cascomi. Esta acción asegura se dio en vista de que el centro comunitario de San Marcos fue destruido y los territorios fueron entregados a las empresas mineras.

Desde allí empezaron un largo camino por averiguar a quién le pertenecía ese espacio. “Fuimos al Consejo Provincial y dijeron que no son los dueños”, menciona Luis. Después fueron hasta el Vicariato Apostólico de Zamora, donde también mencionaron no ser los dueños.

Tiempo después, en el Municipio de Zamora les dijeron que el espacio le pertenecía al Ministerio de Educación. Entonces ellos enviaron un pedido a la zona 7 de Loja, el 11 de septiembre del 2018, solicitando al señor Enders Vayer Cartuche Astudillo, Director Distrital de Educación, que se les transfiera el inmueble. Al no tener respuesta, el Vicariato Apostólico de Zamora emitió un oficio el 31 de mayo del 2019, dirigido a Milton Luna, ministro de Educación; Alfredo Astorga, viceministro de Educación; Jaime Gayas, Secretario de Educación Intercultural Bilingüe; Luis Antonio Cueva Medina, Coordinar Zonal de Educación Zonal 7 y a Cristian Rojas, director del Distrito de Educación de Pangui.

Este oficio presentado por el Vicariato expone que los comuneros a través de mingas han adecuado los espacios de la Casa Comunal para el funcionamiento de una tienda comunitaria apoyado por la Pastoral Social Cáritas Ecuador, para reactivar la economía de las familias de la Cascomi que fueron víctimas de desalojo sistemáticos y sufrieron la destrucción de sus viviendas para instalar el Proyecto de minería a gran escala Mirador. Solicitaron que se atienda el requerimiento sobre el uso y transferencia de la infraestructura.

Pese a los trámites, Cascomi seguía sin ser propietario de la Casa Comunal. La organización desarrolla en ese inmueble actividades de fortalecimiento social comunitario y ejerce su derecho a la participación y reunión. “Desde hace 6 años hemos estado usando el inmueble, dándole mantenimiento y avisando a través de oficios que le estamos dando uso al espacio”, recalca Luis.

“Hemos rehabilitado el 100% para que sea habitable”, indica, con la finalidad de que sea un lugar donde se pueda llevar a cabo el proyecto Ayllullacta Yuyarina o “La memoria Histórica del Pueblo”, dice Luis. A través de este espacio logran fortalecer la identidad cultural, y es según Luis “un símbolo de la comunidad”, además de un lugar de encuentro entre comuneros mayores, niños, niñas, adolescentes y mujeres para transferir conocimientos y saberes como pueblo. “Es un espacio educativo”, expresa el vicepresidente de Cascomi.

En noviembre del 2021, la organización conversó con Guido Ordoñez, profesor y director de educación del cantón Pangui Yantzaza y en calidad de jurídica, la señora Jenny Mena, quienes les habrían asegurado “la viabilidad jurídica para donar ese inmueble a la comunidad”, cuenta Luis. De allí que entregaron todos los requisitos que les pidieron para llevar a cabo el trámite de donación.

Una vez analizados los documentos, estos funcionarios les dijeron que “ese inmueble está bajo la administración del Distrito Yacuambi Zamora”, cuenta Luis. Así que trasladaron todo el trámite desde el cantón Pangui hasta Yacuambi. Allí hablaron con Narcisa Orellana, directora del distrito de Educación, quien les habría indicado que, “el Gad Parroquial y la escuela Jaime Roldós Aguilera, están pidiendo esas aulas, de manera urgente”. En otras palabras, las autoridades necesitarían este espacio para el retorno de los estudiantes a las clases presenciales.

La Directora del Distrito de Educación les habría solicitado a los comuneros, la entrega de las llaves de la Casa Comunal en 15 días. Esto hizo que Luis en calidad de vocero de Cascomi, hable con el asambleísta Salvador Quishpe de PK y ex prefecto de Zamora Chinchipe, para pedir que su caso sea atendido. Con esta acción se pudo llevar a cabo una reunión con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, la comunidad Cascomi y el asambleísta, a fin de resolver el pedido de desalojo solicitado por Narcisa Orellana

 “Nosotros no tenemos a donde ir, ya fuimos expulsados de nuestro espacio comunitario”, recalca Luis. Por ello, piden que la Casa Comunal sea entregada de manera legal porque “más que un valor económico, es un valor sentimental”. Son muchos años en los que la comunidad ha trabajo por ese espacio, se han empoderado y han cuidado y reparado el inmueble, aseguran.

Las y los comuneros demandan que el gobierno resuelva de la mejor manera esta problemática, “las y los estudiantes merecen una escuela digna y nosotros este espacio”, dice Luis. El espacio que ha sido de formación cultural y pedagógicas bajo la cosmovisión del pueblo indígena.

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Las organizaciones que apoyan este pedido

El colectivo Comunálisis, a través de Twitter, pronunció su preocupación ante el pedido de desalojo por parte de la Dra. Narcisa Orellana, directora del distrito de Educación Yacuambi-Zamora. Ellos hacen un llamado al Ministerio de Educación y autoridades para que se respeten la Casa Comunal de Cascomi.

Mencionan que es un espacio vital para 80 niñas y niños de las comunidades de Tundayme, quienes se benefician asistiendo a varias actividades artísticas, culturales y de pedagogía de emergencia. Mensualmente, 20 adultos mayores se encuentran en esta casa por acompañar las actividades de los y las jóvenes para transferir sus conocimientos y saberes de forma oral. Además 30 mujeres de la comunidad que se reúnen para cocinar los alimentos y compartir la comida comunitaria (Pampa Micuna) con motivo de las fiestas o rituales y minga, frecuentemente, todos los años.

También acompaña a Cascomi, la Red Eclesial Panamazónica, quienes llevaron una demanda de Acción de Protección para exigir que se respete los derechos del pueblo “a una vivienda digna y a una reparación integral del territorio”, dice Luis. Pero a pesar de las demandas presentadas a la Corte Constitucional en 2019, no ha recibido respuesta.

Luis dice que el Estado tiene una deuda con ellos, los desalojaron de sus territorios priorizando los intereses económicos antes que la vida y la dignidad de las personas “Todos esos millones que han sacado con la minera de nuestras tierras, deberían invertirlos acá”, aseguró el vicepresidente de Cascomi.

¿Por qué se quiere despojar a una comunidad que ya tiene un antecedente de desalojo?, se pregunta Luis, bajo el argumento de que los y las estudiantes necesitan espacios escolares, cuando se puede construir escuelas dignas. “Nuestros pedidos es con razones, tenemos derechos, somos seres humanos, tenemos sentimientos, queremos que se respeten nuestros derechos y se atienda nuestro pedido”, concluye Luis.