Por: Wilson Ordoñez

A propósito de la movilización indígena que llegó a Quito con la posición de “Dialogo Con Resultados”, es oportuno preguntarnos ¿qué pasó con el tratamiento de un tema extremadamente sensible como es la persecución política y la judicialización de la protesta social?. Recordemos que la CONAIE presentó en el año 2012 un pedido de amnistía para 223 personas que, desde el 2008, habían sido enjuiciadas penalmente en contextos relacionados al quehacer político y social del país. Cinco años después, el 30 de mayo del 2017, después de asumir funciones Lenin Moreno, la CONAIE presentó otra lista con 214 personas criminalizadas por protesta social. Se estima que desde el 2008 hasta inicios del 2017, la cantidad de enjuiciados en todo el país bordea las 750 personas. Solamente el Levantamiento Indígena y el Paro Nacional de trabajadores que se realizó en agosto del 2015, dejó un saldo de 99 personas enjuiciadas, según datos de la CONAIE

La disputa del gobierno de Alianza País con las organizaciones sociales y populares fue evidente: se enfrentó a las mujeres, estudiantes, artistas, obreros, comunicadores, jubilados, maestros, campesinos, indígenas; en fin, a todo aquel que se oponga a sus planes político económicos.

Recordemos que la Amazonia ecuatoriana, principalmente el territorio Shuar, estuvo militarizado por el ejercito ecuatoriano, luego que el gobierno concesionara su territorio ancestral y se lo entregara a empresas chinas para que realicen una de las actividades industriales más contaminantes y destructivas en el mundo como es la minería a cielo abierto y a gran escala. El despojo y la colonización de nuestras tierras y pueblos aún continúa.

Durante esos años se utilizó de manera consciente y planificada el sistema penal y la fuerza pública para perseguir, amedrentar y callar las voces de quienes defendían o exigían respeto de sus derechos o autodeterminaciones territoriales. Por ese motivo la amnistía, como una institución político-jurídica, busca el restablecimiento de la convivencia o bienestar social. La amnistía olvida la infracción penal en cuanto acepta que su uso anterior fue en contextos de delitos y persecución política. No olvidemos que la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008 concedió amnistía para 357 personas que habían sido perseguidas o enjuiciadas por los gobiernos de Gutiérrez y Noboa.

No podemos desconocer que el presidente Moreno concedió 7 indultos para personas que se encontraban con sentencia ejecutoriada y privadas de la libertad en contextos de juicios políticos. Pero ¿qué ha pasado con las personas que solicitaban de la Asamblea Nacional la Amnistía? ¿Cuál ha sido el tratamiento que nuestros legisladores y miembros de la Comisión de Justicia le han dado al tema?

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional quien es la encargada de acuerdo a la Ley de conocer las amnistías, resolvió el 23 de noviembre del 2017 desestimar y archivar el pedido de amnistía que hiciera la  CONAIE argumentando que desconocían los hechos que originaron los procesos penales; que no existió la individualización e identificación de las personas que participaron en estos hechos; que no existe la identificación de la conducta como delito político; tampoco se detallan las circunstancias extraordinarias de tipo social y político que justifiquen la petición de amnistía. En fin, la motivación por parte de la Comisión de Justicia se reduce a cuestiones meramente legalistas de forma.

Para Jóse Serrano, presidente de la Asamblea y quienes archivaron el pedido de amnistía no hubo persecución política, no se utilizó el sistema penal para perseguir a ciudadanos y líderes sociales, no hubo abuso ni desproporcionalidad en las actuaciones de la fuerza pública, no se utilizó discrecionalmente los estados de excepción para reprimir al pueblo que salía a protestar. Para ellos, quienes protestan deben ser tratados como delincuentes con todo el rigor de la Ley. Sólo hace falta revisar los juicios contra estas personas inocentes, en casi la mitad de procesos a nivel nacional el actual presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, consta como acusador particular, cuando se desempeñaba como ministro del interior. Al parecer no quieren aceptar la culpa y la responsabilidad. No quieren reconocer que son los actores de una época nefasta para los derechos humanos. No quieren admitir que se han aliado con los capitales nacionales e internacionales para seguir despojando de sus tierras a los pueblos indígenas. No quieren aceptar que crearon un Código Orgánico Integral Penal que legitimó su actuación con tipos penales como la Paralización de Servicio Público o el Ataque y Resistencia, entre los más comunes. No quieren aceptar que controlaron a los funcionarios del sistema de justicia. No nos olvidemos de los correos electrónicos de Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, donde se “sugiere” el camino y sentencia de los procesos judiciales en este país.

Es lamentable que dentro de un proceso de Dialogo Nacional donde se pretende escuchar y resolver los conflictos del pasado, el pedido de amnistía se haya archivado. Vemos cómo el diálogo se queda en el mundo de las palabras, de la demagogia. Son decenas las personas inocentes que aún enfrentan lo tedioso y desgastante en términos psicológicos y económicos de un proceso penal.

Si la Asamblea Nacional archivó interesadamente el pedido de amnistía, que sea entonces la sociedad, las organizaciones sociales, los sectores populares, quienes exijamos al gobierno nacional un cese a la persecución política y a la criminalización de la protesta social. Defender el agua, la tierra, el libre ingreso a la universidad, el sindicalismo, la libre asociación, la libre expresión, no es delito.

 

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