La excepción a la esperada legitimidad

Sobre la elección de la nueva Corte Constitucional

 

Por: David Cordero Heredia @odinbaco

 

La Corte Constitucional saliente –como lo expliqué en un primer artículo­– durante diez años actuó como ente adscrito al gobierno, antes que un órgano protector de los derechos humanos y capaz de poner límites a los abusos del poder. Es así que carecía de algo indispensable para la institución más alta del Estado: legitimidad social.

Entre abogadas y abogados, la imagen de la Corte era deplorable. Sabíamos –y nos indignaba– que la Corte Constitucional, el organismo más alto del país, estuviese integrada por personas cuyo único mérito era su cercanía con el partido de gobierno en el poder. Una Corte a la que jueces y juezas llegaron sin conocimientos de Derecho Constitucional y que trataron de compensarlo haciendo especializaciones, maestrías y doctorados mientras ocupaban los cargos. Una Corte que cada vez que se enfrentó a la posibilidad de controlar el poder, decepcionó. Su servilismo ante el presidente Rafael Correa quedará en la historia del derecho constitucional del país. A esto se agregan denuncias públicas de varios abogados y abogadas litigantes sobre cobros para asegurar que los casos sean admitidos o resueltos. Estas denuncias deberían ser investigadas a fondo, ya sea para limpiar el nombre de los hombres y mujeres que integraron la Corte en estos diez años o para que se hagan responsables de sus actos.

Una de las formas en que una Corte Constitucional gana legitimidad es su conformación. A poco tiempo de que concluya el proceso de selección, la lista de las personas designadas contiene, en su mayoría, nombres de personas reconocidas entre los y las juristas más importantes del país. Estas personas, si bien es cierto ocuparon cargos públicos, son, en su mayoría, personas que no han participado en elecciones o que respondan a algún partido político. Esto no significa que no tengan tendencias políticas, no es lo mismo. Estas personas, en su mayoría, son reconocidas por su trayectoria profesional y académica, han tenido vidas públicas, pero, nuevamente en su mayoría, no han sido acusados de corrupción, crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos.

Pero claro, existe una excepción. Enrique Herrería es un conocido político que ha transitado entre el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Fue un visible opositor al gobierno de Rafael Correa y sirvió como legislador por el partido Madera de Guerrero, del que luego se desafilió. Esto no lo descalifica per se, pero pone una tela de duda sobre su independencia política, algo que no es saludable para la integración de una nueva Corte. Pero la cosa no termina ahí, Herrería aparece en el informe de la Comisión de la Verdad como uno de los presuntos responsables de tortura y ejecución extrajudicial en el caso de “María Banchón y otros”. Estar en este informe no es algo menor.

Recordemos que a raíz del Informe de la Comisión de la Verdad se dictó la Ley de Víctimas por la que el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por todos los casos de violación de derechos humanos contenidos en el informe.

Herrería ha respondido a estas acusaciones diciendo que no se acuerda de aquello de lo que lo acusan y que “la Comisión de la Verdad se presta únicamente para intentar destruir a los opositores políticos de este Gobierno”

Juzguen ustedes mismos. La Comisión de la Verdad fue integrada por Julio César Trujillo, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana transitorio órgano que destituyó a las más altas dignidades de los organismos de control electos en el período del ex presidente Correa y su partido; Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), una de las voces críticas al gobierno de Correa de principio a fin, en especial por las afectaciones a las comunidades indígenas y campesinas por actividades extractivas; Monseñor Luna Tobar, uno de los sacerdotes más decentes que ha tenido este país, y Pedro Restrepo, padre de los hermanos Restrepo desaparecidos en el gobierno del socialcristiano León Febres Cordero. Estas personas no hicieron un informe por orden de Correa para perseguir a la oposición, estas personas con alta legitimidad por su labor en la defensa de los Derechos Humanos, son las que después de meses de investigación concluyeron en su informe que Enrique Herrería fue uno de los implicados en uno de los casos de violaciones de derechos humanos.

La renuncia de Amanda Páez a la Comisión Calificadora develó lo que muchas personas sospechábamos: la Comisión Calificadora no se está tomando en serio la falta de probidad de Enrique Herrería. Existe dentro de la Comisión una aparente confusión en cuanto a sus funciones. La Comisión no debe declarar si Herrería cometió o no los actos que se señalan en el informe de la Comisión de la Verdad, esa no es su función. La Comisión Calificadora debe determinar si el hecho de que Herrería aparezca en el informe de la Comisión de la Verdad como presunto responsable de un delito de lesa humanidad, y que ya fue reconocido como tal por el mismo Estado, genera dudas sobre su probidad, algo que disminuya la legitimidad de la Corte.

La Comisión Calificadora no puede pedir requisitos ridículos como una sentencia condenatoria o una investigación abierta, no es esa clase de control el que realiza. Del accionar de la Comisión Calificadora, en primera instancia y del Consejo de Participación Transitorio en segunda, depende si la Corte Constitucional empieza con legitimidad o con un miembro con serios cuestionamientos.

Organizaciones de Derechos Humanos, como INREDH y el Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos impugnaron la elección de Herrería. La ciudadanía debería estar atenta a la decisión final sobre este asunto.

La Corte deberá legitimarse con su trabajo, para ello no debería ni la Comisión Calificadora, ni la Consejo de Participación, obligarle a empezar su labor con un personaje tan cuestionable como Herrería.

Quienes defendemos derechos humanos confiamos que al fin tendremos una Corte Constitucional que asuma su rol de garantizar la vigencia de la Constitución y la garantía de los derechos fundamentales, solo así tendremos el prometido Estado de Derechos y justicia, social, democrático, plurinacional, intercultural y laico. Llevamos 10 años esperando que la Constitución de Montecristi empiece a tomarse en serio.

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