Víctor Guaillas:

a la espera de verdad, justicia y reparación

 

 

Por: Gabriela Peralta y Verónica Calvopiña

 

Publicado 17 de noviembre de 2021

 

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Víctor Enrique Guaillas Gutama, defensor del agua, fue asesinado en la masacre de la Penitenciaría del Litoral ocurrida la noche del 12 y madrugada del 13 de noviembre de 2021 en Guayaquil, Ecuador.

El líder y luchador social, oriundo de la comunidad San Pedro de Yumate en Molleturo, provincia del Azuay, fue privado de su libertad desde el Paro Nacional de Octubre de 2019. Una comunidad que desde hace más de diez años entró en conflicto debido a la presencia del proyecto minero Río Blanco, de capitales chinos, y considerado uno de los proyectos estratégicos.

Víctor vivía con una discapacidad auditiva, aunque no contaba con un carnet del CONADIS que la certificara. Tenía una familia numerosa, a quienes mantenía arrendando un terreno ajeno donde cultivaba productos agrícolas.

Para David Fajardo, integrante de Yasunidos y abogado de Kuska Estudios, Víctor Guaillas fue un “preso político, fue una persona criminalizada y perseguida por los hechos de Octubre”. Él participó junto con decenas de personas en un bloqueo de la vía Cuenca- Naranjal, donde fue detenido e inmediatamente procesado por el presunto delito de “sabotaje”, el 7 de octubre de 2019, en el cantón Naranjal.

Según Fajardo, el juez no tomó en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de Víctor Guaillas como su discapacidad, el tuviera 6 hijos menores de edad, y el que fuera un defensor de derechos, y decretó la prisión preventiva en vez de medidas sustitutivas, a pesar de que no había indicios de que podía fugarse.

Víctor era un “defensor de derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, un defensor que exigía al gobierno que le den una atención prioritaria por su categoría. Lamentablemente sucedió lo contrario”, asegura Fajardo. Desde entonces, Guaillas pasó detenido dos años en la Penitenciaría del Litoral.

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Una sentencia injustificada

Guaillas pasó un año en la cárcel sin sentencia, por lo que para su abogado David Fajardo, se tuvo que terminar su prisión preventiva; esto sumado a su condición de discapacidad y vulnerabilidad económica. Sin embargo, el Tribunal Penal dictó una resolución oral que condenó a este defensor de derechos a 5 años de prisión en octubre de 2020. Esta resolución no fue una sentencia, por lo que no permitió que los abogados de Guaillas apelen inmediatamente.

Para David Fajardo esta pena es “irrisoria, absolutamente injustificada”, pues en la sentencia escrita no hay elementos de convicción que muestren la responsabilidad de Guaillas en la destrucción de bienes públicos.

Organizaciones sociales y de derechos humanos presentaron en estos dos años, acciones de Hábeas Corpus para lograr que Víctor Guaillas pudiera defenderse en libertad. Estas acciones, sin embargo, “fueron negadas en dos instancias por los jueces y una acción extraordinaria de protección”, según se señala en el comunicado emitido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el 14 de noviembre de 2021.

Durante su permanencia en la cárcel, Víctor habría sido extorsionado por las mafias que controlan la cárcel, según denuncias que la familia del defensor realizó a sus abogados. Esta situación se habría puesto en conocimiento del SNAI y de la Secretaría de DDHH, y se logró que lo cambien de pabellón, pero no su salida de la cárcel.

El abogado de derechos humanos, David Fajardo, también considera que, el delito de sabotaje es “extremadamente criminalizador” y asegura que el COIP, “genera condiciones absolutas para criminalizar a quienes hacer ejercicio del derecho a la protesta, a quienes defendemos derechos humanos y de la naturaleza”. Asegura, además, que para juzgar este delito debe probarse que existió “la intención de alterar el orden público y económico del país”, algo que en este caso no se habría probado.

Para Fajardo, el Estado Ecuatoriano se negó a reconocer la “condición de preso político, de criminalizado, de líder social de Víctor Guaillas”, lo que se constata cuando no accedió al recurso de Habeas Corpus y cuando la Corte Constitucional le negara una Acción de Protección.

 

“Estoy bien. Cada vez más flaco porque no hay tanta comida en el economato y cada vez se pone más caro todo. Con pena porque es feo estar encerrado y me da pena no poder ver a mis wawas, qué no más les hará falta”

Mensaje de Víctor Guaillas a David Fajardo. Tomado del muro de fb de David Fajardo, Yasunidos Cuenca- Kuska Estudios

 

Víctor Guaillas permaneció en estos meses en el pabellón transitorio de la Penitenciaría del Litoral a la espera de una Audiencia de Apelación que iba a darse en enero de 2022. Su nombre también constaba en la lista de amnistías que la CONAIE y otras organizaciones de derechos humanos presentaron en la Asamblea Nacional.

El sábado 13 de noviembre, a horas de producirse la nueva masacre en la Penitenciaría, los abogados de Víctor conocieron que su caso y otros fueron admitidos a trámite por el Consejo Administrativo Legislativo de la Asamblea para su tratamiento en la Comisión de Garantías Constitucionales.

Todo este escenario evidencia para Fajardo “una omisión por parte del Estado Ecuatoriano en sus distintas instituciones”.  Pero, además, constata que Víctor Guaillas fue “un criminalizado, un perseguido y un preso político”, asegura. 

 

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El estigma al luchador social

Molleturo es una de las parroquias donde el conflicto antiminero ha generado una fuerte conflictividad. En marzo de este año, el defensor Andrés Durazno, quien fuera presidente del sistema comunitario de agua y riego de esta parroquia, fue asesinado en circunstancias poco claras.  

En esta parroquia rural del cantón Cuenca se asentó el proyecto minero Río Blanco, que es manejado por la empresa Ecuagoldmining South America S.A., que es a su vez, filial de la empresa china Junefield Mineral Resources Holdings Limited.

El proyecto de minería subterránea y de mediana escala, fue inaugurado en 2016 por el entonces Vicepresidente Jorge Glass, y es considerado, uno de los proyectos mineros emblemáticos del país.

Sin embargo, este proyecto se asienta en los páramos de El Cajas, una de las zonas de recarga hídrica de los ríos que abastecen de agua a la ciudad de Cuenca, y otras poblaciones, además de las comunidades vecinas.

La lucha y resistencia antiminera contra este proyecto se hizo visible desde el 2008, mientras a nivel nacional se discutía la actual Constitución. Tras varios años de resistencia, se logró una consulta popular en el Cantón Cuenca para preguntar a la población si estaba o no de acuerdo con la minería en esta zona. La consulta se realizó en febrero de este año conjuntamente con las elecciones generales. El voto fue favorable para las comunidades. 

David Fajardo recuerda que sobre este proyecto existe, además, una sentencia de la Corte Constitucional, que paralizó los trabajos mineros, pues se reconoció la vulneración al Derecho a una Consulta previa Libre e Informada hacia las comunidades que habitan la zona.

“Víctor Guaillas fue parte de ese proceso de resistencia y lucha hasta que fue privado de su libertad”, asegura David.

 

Las cárceles en Ecuador y una política de exterminio

El asesinato de Víctor Guaillas se suma a las de más de 300 muertes de Personas Privadas de Libertad (PPL) en lo que va del 2021. Para la CONAIE, los asesinatos de estas personas “constituyen un delito de lesa humanidad, pues es responsabilidad del Estado y de las autoridades de Gobierno el velar por la vida e integridad de las personas privadas de libertad, sobre todo de quienes están sin sentencia o son víctimas del abuso de la prisión preventiva, delitos menores, pobreza y perseguidos políticos”, expresó en comunicación del 14 de noviembre

Asimismo, en un comunicado del 13 de noviembre, cuestionó el Estado de Excepción que el gobierno ecuatoriano estableció luego de la pasada masacre en la Penitenciaría del Litoral en septiembre pasado. A decir de la organización indígena, la normativa “no sirvió para superar la emergencia carcelaria, sino para reprimir la protesta social”. Por lo que también rechazó el rol de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra la población civil en las calles y la criminalización de la protesta social.

Además, la CONAIE expresó, “Si bien la crisis carcelaria es un problema estructural estatal, el gobierno actual ha mostrado total inoperancia, irresponsabilidad e incapacidad para retomar el control de las cárceles del país y desmantelar al crimen y mafias organizadas”. A la par se solidarizó con las familias afectadas.

Por su parte, Alianza Contra las Prisiones, articulación autoconvocada e independiente, se pronunció sobre la masacre, y llamó la atención sobre la lenta respuesta estatal. Para la organización, “en esas siete horas de inacción estatal, el gobierno de Guillermo Lasso condenó a muerte, en comisión por omisión, a por lo menos 68 internos en un país donde la pena capital está proscrita”.

Según la Alianza, las masacres deben entenderse como “un naciente exterminio de personas pobres, sometidas a violencia racista y (ci)sexista como forma de gobierno, como necropolítica (la gestión económica y política de las poblaciones humanas a través de su exposición a la muerte) en América Latina”.

En esta forma de gobierno, la “gente despojada y destituida de la sociedad: jóvenes, personas pobres, migrantes, mujeres trans, gente con discapacidad, personas encausadas sin sentencia” son exterminadas.

Con esto coincide David Fajardo, para quien el sistema penitenciario está sobrepoblado debido a que se criminaliza a personas que están por microtráfico o por temas políticos como fue Víctor Guaillas.

 

A la espera de justicia

 

 

La familia y abogados de Víctor Guaillas esperan que la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional lleve a cabo la autopsia y su cadáver pueda ser reconocido y posteriormente, entregado.

David Fajardo asegura que ha solicitado a las autoridades le den prioridad a la familia de Víctor Guaillas, para que se cuerpo sea reconocido prontamente, y velado en su comunidad. El abogado mencionó además que, las comunidades de Molleturo y la familia exigen “verdad, justicia y reparación” en este caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista completa con David Fajardo, abogado de DDHH y de la Naturaleza