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Por Gabriela Peralta

“La sentencia decía que era de inmediato y directo cumplimiento, eso implica que las mujeres, niñas, adolescentes y personas con la posibilidad de gestar podrían ya acceder al procedimiento, a pesar de que no haya todavía una ley”. Así se refirió Ana Vera, directora ejecutiva de Surkuna, al acompañamiento que su organización ha hecho a mujeres desde el 28 de abril de 2021, día en que la Corte Constitucional del Ecuador despenalizó el aborto por violación.

Vera contó, además, que Surkuna ha acompañado 22 casos de aborto por violación desde el 28 de abril. “De estas 22 mujeres que han buscado asesoría para acceder a un aborto legal por violación, 16 han logrado acceder en el sistema de salud pública. El resto no logró acceder; algunas desistieron de llevar a cabo el procedimiento y otras más bien buscaron acceder en el sistema privado”, enfatizó.

Estos datos los presentó en una rueda de prensa, el martes 16 de noviembre en la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, con el fin de plantear la urgencia de que la Asamblea Nacional, trate el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de violación.

La organización feminista aseguró que ha documentado que, “el 54.5% de los casos de acceso a aborto legal han sido de niñas de 10 a 14 años. Es decir, las que más han accedido y solicitado un aborto legal por violación, desde el 28 de abril, han sido las niñas. Esta cifra también coincide con los datos de Fiscalía que dice que son ellas, las principales víctimas de violencia sexual en la infancia”.

Asimismo, Vera indicó que el 50% de los procesos se han realizado en la provincia de Pichincha; mientras que Sucumbíos y Morona Santiago son las provincias amazónicas con mayor cantidad de interrupciones y que en el 95.5% de los casos que Surkuna ha atendido, “el violador, el agresor formaba parte del núcleo familiar o del núcleo cercano”.

Por otro lado, Hugo Noboa, médico salubrista y activista por los derechos humanos, dijo, “los profesionales sanitarios tienen la obligación de prestar asistencia médica vital a toda mujer que sufra complicaciones relacionadas con un aborto, incluso de un aborto peligroso, independientemente de la legislación en la materia”.

Resaltó, conjuntamente, que el Proyecto de Ley es “perfectible” y que, “en ningún caso la ley que se apruebe debería ser regresiva en derechos”. Al contrario, señaló que esta “debe apegarse estrictamente a la sentencia de la Corte Constitucional”. Por ello, reiteró la urgencia de aprobar una legislación que ponga en el centro a las niñas, adolescentes, mujeres y personas con posibilidad de gestar.

Ximena Cabrera, feminista y delegada de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, explicó que el Proyecto de Ley ha recogido “de manera sistemática, de manera profunda y de manera participativa” las necesidades de las ecuatorianas.

“Es una ley que efectivamente busca reparar los derechos humanos de todas las sobrevivientes de violencia y de violación”, dijo Cabrera. Por ello, subrayó que la Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante de lo que la Asamblea Nacional pueda decidir y del cumplimiento que debe darse a través de la disposición de la Corte Constitucional del Ecuador.

Asimismo, en entrevista con WambraEc, la funcionaria de la Defensoría del Pueblo indicó que la ley debe cumplir con todos los estándares internacionales de derechos humanos, respaldar a las víctimas y sobrevivientes y no generar obstáculos ni barreras para el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo por violación. “El derecho humano a abortar en causal violación no tiene que cumplir con ningún requisito”, asintió.

Tanto Ximena Cabrera como Hugo Noboa y Ana Vera rechazan cualquier obstrucción o Proyecto de Ley que pretenda burlar la sentencia de la Corte. Ana Vera dijo que la ley debe ser adecuada y que debe proteger los derechos de las mujeres, adolescentes, personas con posibilidad de gestar, víctimas y sobrevivientes de violación.

“Haremos acciones más callejeras, campañas comunicacionales, no solamente en Quito, sino en todo el país, porque la idea es que se escuche la voz de mujeres de todo el país y que esta ley pueda hacerse en función de las necesidades y demandas de las mujeres” de todo el Ecuador.

El primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional está previsto para el 28 de diciembre de 2021. “En este primer debate en el pleno es muy importante que se consideren las realidades concretas de las mujeres, de las niñas, desde una perspectiva de salud pública, de acceso a la justicia y desde un principio pro ominen que implica poner en el centro al sujeto de protección de una ley. En este caso a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual”.