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Vianca Gavilanes sobre declaraciones del asambleísta Pinto: “Hemos recibido amenazas directas, pero, esta es la primera pública”

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 10 de noviembre de 2022

En una entrevista en Radio Sonorama, el asambleísta de Pichincha por Creo, Jorge Pinto, dijo “tenemos que comenzar a hacer una fiscalización a aquellas organizaciones, existen muchas en el Ecuador 4.939 que no son gubernamentales, muchas de ellas están en funcionamiento, otras no. Un 30 % no se tiene idea de lo que se hacen ni de donde reciben los recursos y muchas se han dedicado a defender los derechos humanos de los delincuentes. Los derechos humanos son universales de todos ¿por qué no se habla de los derechos humanos de las víctimas también? que es dónde deberíamos enfocarnos”. 

Entre las organizaciones de derechos que el asambleísta considera que se dedican a “proteger delincuentes”, nombró a Fundación Dignidad y a su coordinadora de gestión, Vianca Gavilanes. 

Ante las declaraciones del asambleísta, Jorge Pinto, la coordinadora de gestión de la Fundación Dignidad analiza las declaraciones y sus implicaciones. 

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Vianca Gavilanes, coordinadora de gestión de Fundación Dignidad, aseguró que el asambleísta Jorge Pinto, con sus declaraciones emitidas durante una entrevista en Radio Sonorama, confirma que “defendió y ha defendido siempre al gobierno nacional porque él piensa que es un empleado personal de Guillermo Lasso y no un asambleísta de la nación. Esa visión es compartida y es global con otras instituciones tanto del Ejecutivo, Legislativo como del judicial”.

Tras esas declaraciones, Gavilanes recordó las declaraciones del presidente Guillermo en sus últimos mensajes a la nación donde mencionó “cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia, porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir en paz, salir, volver a casa tranquilos”. Para la coordinadora de la Fundación Dignidad, esas declaraciones responden a una persecución hacia los y las defensoras de derechos humanos y las organizaciones. 

Al igual que para Vianca Gavilanes, otras defensoras y defensores de derechos humanos coinciden en que las declaraciones del Ejecutivo responden a una persecución que pone en riesgo no solo a las personas defensoras, sino a familiares de personas privadas de libertad, quienes en reiteradas ocasiones han sido víctimas de estigmatización, violencia y “tortura” al no conocer sobre la situación de sus familiares detenidos durante las masacres carcelarias. 

Para Gavilanes, la narrativa del gobierno tiene como fondo, desviar la atención de los y las ciudadanas de temas centrales como “la guerra del narcotráfico que está planteando el gobierno con políticas clarísimas de intervención estadounidense en el país”. Este discurso también buscaría alejar la mirada pública sobre la criminalización a los y las defensoras de derechos humanos y los territorios silenciados. 

En otras palabras, asegura Gavilanes, el gobierno quiere que las personas defensores “no fiscalicemos, no investiguemos, no incidamos en ningún sentido, que nos retiremos de la promoción y protección de derechos de las personas privadas de libertad en contexto de encierro en riesgo de ser criminalizadas”. Además, asegura que el discurso oficial tiende a que la población critique a los y las defensoras, a organizaciones políticas y sociales y no cuestione el papel de las instituciones del estado, misma que aclaró tienen el deber de combatir el crimen organizado y narcotráfico en el país. 

Asimismo, indicó que las críticas a las organizaciones de derechos humanos no son nuevas, porque en el periodo de Rafael Correa se dio mucha persecución a las organizaciones, fundaciones, al igual que en otros gobiernos: “Nosotros ya hemos recibido amenaza directa durante este y el anterior año, pero, está es la primera pública”. 

“Mi postura no proviene de un discurso político, que bien el asambleísta Pinto sabe manejar, sino de investigaciones y trabajo de campo que realizamos las organizaciones en general. Ese trabajo de campo asegura Vianca, muestra que solo hay dos países a nivel latinoamericano que tiene policías involucrados en los centro de rehabilitación social: Ecuador y Uruguay; pero este último tiene capacidad estatal y un estado construido y consolidado y eso es lo que no sucede en el país, por eso la preocupación”, explica Gavilanes.

Según la activista, la policía ha utilizado de forma reiterada a la población penitenciaria como fuentes de información para construir sus programas de inteligencia contra el crimen y a cambio de esto, ha concedido a la población penitenciaria, beneficios y eso es parte de las causas de la crisis carcelaria. Por ello su postura es que los policías salgan de los centros de rehabilitación social, de los perímetros y de la administración de los centros, y que estos temas los maneje otras instituciones del estado. 

Otro aspecto que le preocupa a la coordinadora de Fundación Dignidad es la falta de control y atención del Estado en los servicios penitenciarios y sociales a nivel nacional. De allí que criticó a los asambleístas que conforman la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, pues señaló que “tratan de cubrir su pésimo accionar y trabajo muy mediocre en relación al tema de seguridad tratando de señalar a las organizaciones de sociedad civil”, añade.

¿Fiscalización a las organizaciones?

La coordinadora de gestión de la Fundación Dignidad, Vianca Gavilanes, dijo con respecto a la declaración del asambleísta, Jorge Pinto, de fiscalización a las organizaciones sociales que, el funcionario está en todo el derecho de hacerlo, puede hacerlo como todos y todas las ciudadanas en el Ecuador. 

Sin embargo aclaró, “yo sí le recomendaría al asambleísta que las organizaciones también podemos fiscalizarlo a él y lastimosamente Jorge Pinto no ha presentado su plan de rendición de cuentas que debió presentarse en marzo de 2021 y hasta el momento, no está en el Consejo de Participación Ciudadana, ni en su página. Tenemos un informe vacío del asambleísta”, asegura. Por lo tanto, Vianca Gavilanes considera que antes de hablar de fiscalización externa, el asambleísta debe hacer un examen de conciencia y hacer su rendición de cuentas anual.

Hasta el momento, desde la Fundación Dignidad en conjunto con otras organizaciones y fundaciones de derechos humanos están determinando las acciones a realizar frente a estas declaraciones. La Fundación Dignidad de su parte, investigará el tema, armará estrategias y políticas de cuidado al interno, para sus activistas, trabajadores y trabajadoras. Asimismo, apoyarán a otras organizaciones o fundaciones que se encuentren en igual situación. 

Por otro lado, organizaciones de derechos se pronunciaron sobre las palabras del asambleísta. La Alianza contra las prisiones mencionó en su cuenta de Twitter que “las organizaciones no gubernamentales no son sujetos de control político de la Asamblea. Mejor orientada estaría la labor del legislador si fiscalizara a las entidades que sí lo son. No permitiremos más cortinas de humo frente a la responsabilidad estatal”.