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Tribunal popular por justicia en cárceles analizará la responsabilidad del Estado ecuatoriano en masacres
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 08 de septiembre de 2022
El Comité de Familiares por Justicia en las cárceles y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH-Guayas, convocan para el 09 de septiembre de 2022, a un Tribunal Popular, en Guayaquil, para juzgar la responsabilidad del Estado ecuatoriano en las masacres carcelarias del país y exigir justicia y reparación para las familias de las personas privadas de libertad fallecidas. El Tribunal contará con la presencia del juez Ramiro Ávila; el abogado Juan Vizueta; la jueza Evelyn Solari y la jueza Gina Benavides. También estará una representante del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
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En Ecuador, hay 36 centros de privación de libertad desagregados en Centros de Privación de Libertad, Centros de Privación de Libertad y Centro de Rehabilitación Social que acogen a un total de 36.599 personas privadas de libertad, según datos de noviembre de 2021. De esta cifra, el 93.46% se corresponden a hombres y el 6.54% a mujeres; el 44.24% tiene entre 18 y 30 años, y la mayoría de estas personas, sería reincidente y no contarían con apoyo familiar; además, sólo el 71% cuenta con educación básica. La mayoría proviene de contextos caracterizados por altos niveles de violencia, pobreza o pobreza extrema y por consumo de drogas desde temprana edad, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Personas Privadas de Libertad en Ecuador.
El mismo informe detalla que las conductas penales de las personas privadas de libertad son: el 28.19 % delitos relacionado con drogas; 26.17 % delitos contra la propiedad; 16.18 % delitos contra la integridad sexual y reproductiva; 13.47 % delitos contra la inviolabilidad de la vida y el 4.36 % son delitos contra las personas.
Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos desde el 2014, se intentó hacer una serie de reformas estructurales a todo el Sistema de Rehabilitación Social, que se materializó a través de la construcción de “mega cárceles” como: Guayas No. 1, con 7.231 personas; Guayas No.4, con 4.978; y Cotopaxi No.1, con 4.890. También se dieron las reformas al Código Orgánico Integral Penal, “con el endurecimiento de penas y la falta de estándares de aplicación en la prisión preventiva”. Para este Comité, las medidas adoptadas intentaban llenar expectativas con respecto a la modernización del sistema carcelario, pero “agravaron las condiciones para que las personas privadas de libertad pudieran desarrollar efectivamente la debida rehabilitación y reinserción social”.
En Ecuador, desde febrero de 2021 hasta julio de 2022, se han producido siete masacres carcelarias en varios centros de privación de libertad en el país, las cuales, dejaron como resultado alrededor de 400 personas privadas de libertad asesinadas. Por lo cual, la CIDH recomendó al Estado realizar un censo penitenciario que empezó el pasado 22 de agosto de 2022 y durará tres meses. Organizaciones de Derechos Humanos esperan que culminado el tiempo y el censo, la información recolectada sea pública y se permita la creación de una política pública participativa. El Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil mencionó, en entrevista con Wambra, que existe una falta de participación de las familias de los PPL en la construcción de política pública penitenciaria y medidas securitistas.
Frente a estos escenarios, el Comité Permanente por los Derechos Humanos en conjunto con el Comité de Familiares por Justicia en cárceles, conformado en abril de 2022, empezaron a trabajar desde mayo en la construcción de la agenda y el camino para el desarrollo del Tribunal Popular por justicia en cárceles para que juzgue las acciones y omisiones del Estado ecuatoriano que “generan las masacres carcelarias en el Ecuador”. Este Tribunal tiene como objetivo posicionar la exigencia de justicia y la reparación de las familias de las personas privadas de libertad en las cárceles del país. Además, busca identificar los nudos críticos que generan la crisis carcelaria desde una mirada de Derechos Humanos y establecer la responsabilidad del Estado en la vulneración de DDHH a las familias de las víctimas de las masacres carcelarias.
Fernando Bastías Robayo, coordinador del área de litigio estratégico del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que el propósito del Tribunal es también generar incidencia en la opinión pública porque tanto las personas privadas de libertad como las familias son víctimas de la crisis carcelaria. Además, el Estado no ha pedido disculpas ni ofrecido algún tipo de reparación a las familias, según Bastias el discurso oficial va encaminado a estigmatizarlos cada vez más, pues no se reconoce la omisión de funcionarios o instituciones públicas sobre el control de las cárceles. Por tales motivos, a las familias de los PPL les pareció necesario judicializar la problemática.
“Para nosotros es claro que hay una vulneración a la integridad personal por toda la crisis, el impacto que ha tenido en la salud mental de las familias, además de los derechos vulnerados. Y poder brindarles a las otras familias que no fueron parte del Comité, esas ganas de seguir luchando por algo justo. Darles un espacio donde poder gritar justicia y reparación”, agregó Bastias.
En conmemoración al 28 de septiembre
El 28 de septiembre de 2021, en Ecuador, en el Centro de Privación de Libertad Guayas N1, se produjo la tercera masacre carcelaria en ese año, donde fueron asesinadas 119 personas privadas de libertad. Todas esas personas fueron enterradas en un solo pabellón del cementerio Ángel María Canals en Guayaquil. En ese lugar, madres y esposas de las personas fallecidas se conocieron mientras visitaban a sus familiares. Bastías considera que estos encuentros son un paso importante para seguir conformando el Comité.
El Tribunal Popular se desarrollará el 09 de septiembre y se espera una sentencia con posibles medidas de reparación integral, porque hasta el momento ninguna familia ha podido procesar el luto por la muerte de sus familias “en manos del Estado” y porque no ha encontrado justicia. A esto se suma, el trauma que pasaron mientras ocurría la masacre, la falta de información, los malos tratos que recibieron de funcionarios públicos al momento de identificar los cadáveres, la mayoría de las familias vieron a los cuerpos en el suelo “sin cabezas, sin brazos, desmembrados y así los tuvieron que identificar. Eso fue un trato denigrante”, aseguró Bastías. Para el 28 de septiembre la sentencia estará publicada.
¿Quiénes participan?
Los jueces que integrarán el Tribunal Popular por justicia en cárceles son Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional; Gina Benavides, ex Defensora del Pueblo; la jueza Evelyn Solari; el abogado Juan Vizueta, en calidad de fiscal; el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles serán los denunciantes. También participarán familiares, academia, organismos de derechos humanos, organismos de derechos humanos internacionales en calidad de testigos y expertos.
Por parte del Estado, Fernando Bastias dijo que, realizaron la invitación a Fausto Cobo, ex director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador, SNAI. Pero como hubo un cambio de director el pasado 31 de agosto, desde el Comité Permanente por los derechos humanos pidieron la presencia de un delegado y representante de la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, este organismo respondió diciendo que “no cumple esas competencias a pesar de que es la representante del Estado en todo proceso legal porque el Tribunal Popular es un espacio de juzgamiento con todo el derecho que tiene el pueblo para poder juzgar”.
En cuanto a la sentencia, al finalizar la jornada y la comparecencia de todas las personas convocadas, se dará una resolución oral y posteriormente, se publicará la sentencia detallada a través de un evento virtual para enviarla a todas las instituciones del Estado, organismos internacionales y medios de comunicación. Esa sentencia será un insumo más para poder exigir la reparación integral a las familias. Según Bastías, esperaran un tiempo prudente para obtener respuesta de las medidas presentadas, de no ser así, acudirán a los juzgados formales.
