¿Tortura en Ecuador? El caso de Angelo

por Verónica Calvopiña  @kinoraxx

edición @wambraradio

 

Era septiembre del 2014 una marcha convocada por el movimiento obrero, indígena y otros sectores sociales se realizaba en Quito. Los estudiantes del Colegio Mejía y del Colegio Montúfar también se unieron y salieron a protestar contra una posible alza en los pasajes y contra las reformas educativas.

Las y los manifestantes al final de la marcha se concentraron en la Plaza de San Francisco, de donde fueron desalojados por la policía antimotines, que actúo con caballos y perros en contra. Mientras tanto, en el Colegio Mejía la Policía motorizada ingresó a la fuerza para detener a varios estudiantes que protestaban.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, el ingreso al colegio fue debido a las agresiones que sufrió la policía.

Sin embargo, para el Colegio de Abogados de Pichincha no existió ni una orden de allanamiento, ni la autorización del Rector del Colegio para que la Policía ingrese al Colegio. Como resultado, 200 jóvenes entre mayores y menores de edad, fueron detenidos: 126 en el Colegio Mejía y 74 del Colegio Montúfar.

A 34 estudiantes del Colegio Montúfar se les realizó una Audiencia de Formulación de Cargos, por el Delito de Ataque y Resistencia (Art. 283 COIP), mientras que los demás, menores de edad, fueron liberados horas después de su detención. De los 34 estudiantes judicializados, 31 fueron sentenciados a cumplir medidas sustitutivas y 3 fueron sobreseídos. 30 estudiantes menores de edad fueron liberados luego de que sus padres firmaron un acta donde los jóvenes se comprometían a no alterar el orden público.

Los 126 jóvenes detenidos en las inmediaciones del Colegio Mejía fueron llevados, un grupo al antiguo Regimiento Quito, en el mismo lugar donde en tiempos de León Febres Cordero funcionaba el SIC. Otro grupo estuvo en la UPC de la Basílica y en otros retenes. Posteriormente fueron llevados a la Unidad de Flagrancia donde a 60 jóvenes mayores de edad, se les formularon cargos por el supuesto delito de daño al bien ajeno (Art. 233 COIP). A los estudiantes menores de edad se les dispuso trabajo comunitario con la Policía; mientras que un chico paciente de cáncer fue puesto en libertad.

Estudiante colegio Montufar detenido – foto internet

 

Durante su detención, los jóvenes del Colegio Mejía denunciaron haber sido maltratados por la Policía; tenían moretones en su cuerpo, fracturas en sus dedos, otros fueron arrastrados por el patio del colegio presentando heridas en su espalda. El estudiante Pablo F., denunciaría días más tarde en Fiscalía, que perdió uno de sus diente a causa de una patada en su rostro recibida por parte de un policía. Según el abogado Gonzalo Realpe, la pérdida de un diente es considerado desde lo legal, igual a perder u ojo o cualquier otro órgano. El joven sin embargo, no continuó el proceso judicial.

Por pedido de sus abogados, la Cruz Roja constató las lesiones sufridas por los chicos, el 24 y 25 de septiembre, una semana después de su detención. Sin embargo, la Ministra de Justicia, Ledy Zuñiga, afirmó en la sabatina del 20 de septiembre del 2014, que: “Las ocho personas que la Cruz Roja pidió se las traslade al Hospital Eugenio Espejo para otras revisiones, solo les mandaron ibuprofeno, que ni siquiera necesitan receta médica; ninguno tiene lesiones que amerite internamiento”, minimizando casos como el de Pablo F, quien perdió un diente.

 

El Ministerio del Interior de su parte, también aseguró que los jóvenes nunca fueron maltratados.

 

Luego de la audiencia de formulación de cargos, un grupo de 60 jóvenes cumplió prisión preventiva en el CDP. La primera semana luego de su detención, pasaron incomunicados y sin recibir visitas de sus familiares. Recién a la semana sus padres los pudieron visitar y llevarles ropa, cobijas, cepillos de dientes, entre otros artículos personales.

 

Estudiantes del Colegio Mejía detenidos – foto: Colegio de Abogados de Pichincha

 

La defensa de los estudiantes presentó una acción de Habeas Corpus el 23 de septiembre, que les fue negada. Posteriormente, los jóvenes fueron llevados a una audiencia de juzgamiento en su contra el 2 y 3 de octubre del 2014. Se sometieron a un procedimiento abreviado, declarándose culpables. A quince estudiantes se las condenó a dos meses de prisión por daño al bien ajeno (Art. 233 COIP) y al pago de 60 dólares cada uno. 39 jóvenes fueron declarados cómplices y se les sentenció a cumplir medidas sustitutivas, otros 6 fueron absueltos.

El grupo de 15 sentenciados estuvo preso en la cárcel 4 de Quito hasta el 8 de noviembre. Sus abogados apelaron la sentencia y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quien finalmente cambió parte de su sentencia a seis meses de trabajos comunitarios.

En total, los estudiantes del Colegio Mejía detenidos y procesados por las protestas del 17 de septiembre del 2014, pasaron detenidos más de 50 días en la cárcel.

 

El caso de Angelo 

  Angelo A. durante plantón en Fiscalía – foto: INREDH

 

Entre los jóvenes detenidos ese 17 de septiembre estuvo Angelo A. Él salía del colegio cuando fue arrollado por una moto policial y posteriormente detenido; recibió golpes, patadas y piquetes con esferográfico en su cabeza, que lo llevaron a ser atendido en el Hospital Eugenio Espejo, luego de cual salió en libertad. Pudo comunicarse con su madre la noche de la detención porque un preso le prestó el celular.

Nunca se le formuló cargos en su contra; en la UPC de La Basílica no hay un registro de su arresto, por lo que sus abogados aseguraran que se trata de un caso de detención ilegal.

Harold Burbano, abogado de INREDH, organización que lleva hoy la defensa legal de Angelo, nos cuenta cómo fue su detención: “Cuando Ángelo estaba saliendo del colegio fue interceptado por un patrullero. Fue botado al piso, arrollado por la moto, lo subieron a una moto de policía, con un policía adelante y otro atrás, encapuchados. Le golpeaban con los casos en la cabeza en la parte delantera y trasera, lo dejaron inconsciente, finalmente lo llevaron a un UPC (Unidad de Policía Comunitaria), que se encuentra enfrente de la Basílica del Voto Nacional. En este lugar, permaneció inconsciente por mucho tiempo, fue golpeado, pateado, le picaron la cabeza con esfero para que diga su nombre, no le creían que era menor de edad, en esa época tenía 17 años”.

 

 

Video sobre Caso de tortura a Angelo Ayol

Vídeo INREDH

 

Esta detención dejó secuelas físicas y psicológicas en su vida. Los peritajes a los que fue sometido determinaron que sufrió estrés postraumático y episodios de psicosis. La vida de su familia también cambió. Tras la detención de Angelo, su padre decidió dejar su trabajo para acompañar en el proceso legal a su hijo por lo que tuvieron que afrontar dificultades económicas.

Pero no solo eso, su derecho a la educación también fue violentado ya que se vio obligado a salir del Colegio Mejía por el acoso que sufrió de parte de estudiantes y profesores. Hoy todavía intenta culminar sus estudios en un colegio a distancia, según nos cuenta su abogado: “La vida de Ángelo cambió y también la vida de su familia. Estaba estudiando y luego de esto tuvo que dejar el colegio porque los problemas físicos no le permitían asistir, igualmente las secuelas psicológicas le hacían que tenga miedo de asistir al colegio, hubo mucho acoso por parte de profesores. Todavía siente miedo de la policía, no puede caminar por la calle cuando ve a alguien uniformado”.

Pero no solo Angelo vio vulnerado su derecho a la educación; igual sucedió con los otros jóvenes detenidos durante las protestas de septiembre del 2014. Por orden del Ministerio de Educación, los estudiantes del Colegio Mejía y Montúfar detenidos durante las protestas, afrontaron una investigación administrativa durante 60 días, tiempo en el cual no asistieron a clases.

En un informe presentado por el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Quito, COMPINA, se mencionó que los estudiantes padecieron ansiedad, angustia y zozobra respecto a sus estudios; razón por la que recomendaron la reinserción de los estudiantes a sus establecimientos educativos a fin de garantizar su derecho a la educación.

Ante esta situación, un grupo de madres de los jóvenes del Colegio Mejía iniciaron el 12 de noviembre del 2014, una huelga de hambre que duró alrededor de una semana exigiendo que sus hijos sean restablecidos a la institución. Finalmente, luego de la investigación administrativa, 26 estudiantes del Mejía y 13 del colegio Montúfar, fueron expulsados de sus colegios, teniendo que ser reubicados en otros centros educativos o estudiar a distancia y graduarse en otros colegios. 42 estudiantes en cambio, se reintegraron a clases después de una suspensión de 30 días.

Madres durante huelga de hambre / foto: Ecuador Libre Red

 

En búsqueda de justicia

La familia de Angelo denunció las agresiones sufridas por su hijo en la Fiscalía General del Estado, una semana después de su detención. También lo hicieron 21 estudiantes más, pero solo Angelo se mantuvo hasta hoy con la denuncia. Luego de dos años de seguimiento, lograron que la Unidad Judicial Penal de Pichincha, concediera 90 días de instrucción para investigar si existen elementos que permitan llamar a juicio a dos policías que participaron la detención ilegal y tortura de este joven.

Aunque en un principio fueron señalados 7 policías, luego de la Audiencia de Formulación de Cargos realizada el 17 de septiembre del 2016 (dos años después de los hechos), solo se levantaron cargos en contra de Freddy F. Y David A., por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público tipificado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y no por “Tortura cometida por un Funcionario público” (Art. 151).

Para INREDH, este es un claro caso de tortura aunque la justicia lo trató como un delito menor que solo se podría sancionar con un año de cárcel; por esta razón buscarán que se reformulen los cargos y se llame a juicio a las siete personas implicadas por el Delito de Tortura y al Delito de Detención Ilegal. Harold Burbano asegura que el proceso judicial tiene varias irregularidades: “En dos años, han pasado tres fiscales, ninguno ha podido pedir información real a la policía de lo que pasó ese día, no han podido tener la información de cuáles fueron las armas, cuáles fueron los policías que participaron. Además como se terminaba el tiempo de la investigación previa que son dos años, hicieron al apuro una resolución de formulación de cargos en la cual no se llamó a juicio a las personas por tortura si no por otro delito menor. Lo que básicamente están haciendo es reducir un hecho de tortura”.

En un informe enviado en octubre del 2016 por organizaciones de Derechos Humanos al Comité de Tortura de Naciones Unidas, se registra el caso de Angelo A. como un caso de tortura. Según la Fundación, no existe ningún organismo de la Fiscalía especializado en investigar este tipo de casos, por lo que las denuncias se desvanecen. Además, este proceso, así como otros, ha tenido que sortear la poca cooperación de parte de la Policía para ser investigado. Según las organizaciones en Ecuador persiste la práctica de tortura por la impunidad.

En el caso de Angelo, la reconstrucción de los hechos se pospuso por tres ocasiones. Reiteradamente hubo descoordinaciones entre las entidades que tenían que estar presentes para realizar esta diligencia. La reconstrucción de los hechos es un proceso importante para avanzar con la investigación en este caso, puesto que permite a la Fiscalía tener pruebas y poder formular cargos. Sin embargo, el proceso recién se lo pudo realizar el 2 de febrero del 2017, es decir a los dos años, y cuatro meses de sucedidos los hechos.

Para Harold Burbano, la justicia no ha sido tan eficiente en estos casos como si lo ha sido para juzgar los procesos de criminalización de la protesta social: “La función judicial debería existir para proteger a la gente, pero en este último tiempo se ha visto que la función judicial sirve para poder amedrentar a las personas que de alguna forma quieran exigir rendición de cuentas. Me parece que todo el mundo está evitando hacer denuncia pública, y aquellos que si lo hacen, están en riesgo”.

A más de las falencias del sistema judicial y policial para procesar este tipo de casos y encubrirlos, Angelo tuvo que enfrentar el adultocentrismo de estas instituciones que no creyeron en su palabra. Fueron sus padres quienes colocaron la denuncia. Para el abogado Harold Burbano a pesar de que el marco legal en niñez, reconoce a niños y adolescentes como sujetos de derecho, en la práctica no se da este reconocimiento:

A esto también se suma la estigmatización desde el poder a quienes protestan. Según Burbano, durante este gobierno se ha usado el término “tira piedras” para descalificar la lucha social. En el caso de los estudiantes, el discurso oficial intentó justificar la sanción penal y la vulneración de derechos asegurando que era una forma de sancionar la violencia durante la marcha en la que participaron.

Así en la sabatina del 20 de septiembre realizada en el Colegio Montúfar, el Presidente Rafael Correa criticó las protestas en los colegios Mejía y Montúfar, y resaltó la actuación policial: “Nuestra felicitación a la Policía Nacional, cómo ha cambiado la Policía Nacional! En todos estos disturbios ni una bomba lacrimógena, cómo aguantaron!.. Ustedes los jóvenes son los que mayor responsabilidad tienen para evitar que unos cuántos desubicados hagan quedar tan mal al colegio como los que vimos tirando piedras… El Juan Pío Montúfar es esto de aquí, estudiantes serios, comprometidos con su patria. Rebelde, revolucionario no significa malcriado, revoltoso, vándalo…”

Para el abogado, en este caso hubo que luchar además con ese discurso que se posicionó de que si lanzas piedras está bien que te peguen, que te castiguen: “En la practica, la voz del adolescente no tiene voto. La denuncia tuvo que ser puesta por los padres porque sino, no tiene credibilidad. Es difícil para el adolescente apoderarse del caso en este sistema adultocéntrico”.

 Dos años después, Angelo y su familia siguen exigiendo justicia y buscan que otros casos de tortura no se vuelvan a repetir.

 

El Dato

– El informe de la Comisión de la Verdad (2010) registró que entre 1984 hasta el 2008, existieron 365 víctimas de tortura en el país. De todos los casos documentados por la Comisión solo se ha sancionado uno.

 

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