OTRAS MIRADAS

Colombia: Del Paro Nacional a las Elecciones Presidenciales

Por Dolly González

Marcha (Argentina)

Publicado 22 de mayo del 2022

 

 

El domingo 29 de mayo, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Colombia. La elección se da en un contexto de desgaste de la derecha y el uribismo, las demandas por consolidar la Paz y el respeto a los derechos humanos y una coalición amplia de izquierda que tiene a Gustavo Petro y Francia Márquez como referentes.

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El próximo 29 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales en Colombia y el contexto electoral no puede estar más polarizado. La mayoría de las encuestas dan como ganadores en primera vuelta a las dos principales fuerzas políticas del país. Por un lado, la candidatura de izquierda, representada en el Pacto Histórico, con Gustavo Petro y su candidata a la vicepresidencia Francia Marquez; por el otro, el Equipo por Colombia, con Federico Gutiérrez y su candidato a la vicepresidencia Rodrigo Lara Sánchez, a la derecha. En un tercer lugar aparece la candidatura de Rodolfo Hernández, que ha crecido en las encuestas, y mantiene posibilidades de meterse a la segunda vuelta.

Si bien Gustavo Petro y Federico Gutierrez (“Fico”) tienen una larga trayectoria política y apoyo masivo desde los polos opuestos de la sociedad colombiana, es la primera vez en más de 30 años que un candidato de izquierda logra tener más del 40% de intención de voto, según la última encuesta realizada por Yanhaas, S.A.

El cambio en la intención de voto puede analizarse en tres ejes: el desgaste de la derecha, la violencia y los procesos de paz, y el surgimiento de una izquierda cohesionada.  Pero no hay que perder de vista que, en un escenario de contienda electoral como el colombiano, los análisis políticos pierden relevancia cuando lo que está en juego son vidas humanas.

 

El desgaste de la derecha

Cuando se habla de la derecha colombiana es imprescindible hablar de Álvaro Uribe Vélez y del uribismo, como un movimiento que marcó el rumbo político y económico del país desde antes de su primer mandato, en el año 2002. El expresidente ejerció un efecto de veeduría sobre los gobiernos sucesores desde su cargo de senador de la Nación y jefe del partido Centro democrático. Tanto el gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2018, como el de Iván Duque, iniciado en 2018, tuvieron su apoyo y “bendición” inicial. Estas alianzas se mantenían siempre y cuando se tomaran decisiones de gobierno que el expresidente aprobara.

En estas elecciones, la figura de Uribe como jefe de una derecha compacta y fuerte se ha desmejorado paulatinamente, debido a que se alejó del escenario político, al dejar su bancada en el congreso, el enfrentar un proceso penal por compra de testigos y fraude procesal que lo llevó a tener un día casa por cárcel. Las internas en su partido y de la derecha en general frente a los acuerdos de paz se han ido incrementando.

La pérdida de popularidad e incidencia del uribismo está acompañada por la mala gestión del Gobierno de Iván Duque, quien cierra su gobierno con un 73% de desaprobación, según la última encuesta de Invamer.  El mismo Álvaro Uribe ha tenido que ser crítico con el gobierno de su propio espacio político y manifestó: “Hay cosas que faltan y uno las tiene que reconocer, con todo respeto por el Gobierno. Hay una gran queja en la seguridad, en el narcotráfico, el microtráfico, no se ha avanzado en el tema de reducir el Congreso, de hacer una eliminación de entidades innecesarias del Estado”.  Esto ha hecho que la postura de los referentes del uribismo sea contradictoria y que con el interés de llegar al poder en estas elecciones se hayan dividido, tanto las candidaturas de la derecha, como la intención de voto. Cambiando así el paradigma en el que la derecha siempre estaba nucleada en un candidato único bajo la aprobación Uribe Vélez dentro del centro democrático.

Un factor no menor que contribuyó al desgaste de la derecha es la creciente opinión desfavorable sobre las fuerzas armadas y la política de seguridad democrática implementada por el uribismo. Los nuevos testimonios en el marco de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), han revelado las responsabilidades y el accionar de altos mandos de las fuerzas armadas en el asesinato de 6.400 personas en los llamados “falsos positivos”, donde el Ejército de Colombia hacía pasar a civiles como bajas guerrilleras caídos en combate, durante el uribismo, y que ha sido declarado delito de lesa humanidad. 

 

La violencia y el proceso de paz

En estas elecciones el tema de la paz y la implementación de los acuerdos está en el foco de la opinión pública y hace un giro con respecto a las elecciones pasadas donde se discutía: paz sí o paz no. Han pasado 6 años desde la firma de los acuerdos de paz en la Habana y la discusión ahora gira en torno a la aplicación de justicia y las formas en que se cumplen o no dichos acuerdos. Es por esto por lo que los candidatos de la derecha, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández han tenido que ser más cautelosos o han omitido expresarse abiertamente en los debates en contra de los acuerdos de paz, ya que la violencia y las masacres no paran.  Esta cautela por parte de “Fico” tiene una doble intención: por un lado, no perder votos del electorado de derecha que cree en las instituciones del Estado de Derecho y, por otro lado, uno más estratégico, conservar el respaldo de los votantes que aún confían en el proyecto político del Uribismo y que ven en “Fico” una continuidad de la política de seguridad democrática.

Luego de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en 2016, y según el informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, hasta diciembre de 2019 se habían cometido más de 900 asesinatos a líderes y lideresas sociales y excombatientes. Esta cifra no disminuye con la implementación de los Acuerdos y tampoco con la llegada de la pandemia. En 2020 continuó en ascenso, ya que según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) entre el inicio de la pandemia y abril de 2022 se registraron 852 asesinatos de civiles en 223 masacres en todo el territorio nacional.

Estas alarmantes cifras son el resultado de una política estatal y apoyo de una gran parte de la población que rechazaba dichos acuerdos y la salida por medio del diálogo al conflicto armado. La desarticulación de la guerra, como tal, deja en evidencia que es necesaria la implementación de nuevas políticas estatales para que los asesinatos y las masacres cesen.

La especialista en derechos humanos y doctoranda en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes Diana Cadena, colombiana residente en Buenos Aires explica: “Las presiones armadas que ejercen grupos ilegales sobre las comunidades hicieron que el cambio no se diera en otro momento, aunque la organización ha existido incluso desde antes del año 90. La esperanza se da con las nuevas generaciones que han crecido, sobre todo, en las ciudades, con nuevos medios de comunicación a través de las redes sociales, en donde se generan debates más amplios, más descentralizados, sin tener que depender de los medios de comunicación tradicionales y sobre todo con la esperanza en representantes nuevos y nuevas, y en que el cambio es posible”.

En este punto Gustavo Petro, y el Pacto Histórico, como Coalición de partidos, salen fortalecidos puesto que Petro se ha mostrado a favor de los acuerdos de paz durante toda su carrera política, y ha denunciado públicamente la participación de las fuerzas estatales en estos delitos; y el Pacto Histórico como coalición contiene dentro de sus bases a militantes por los acuerdos de paz, excombatientes de las guerrillas y una de las  figuras más relevantes en el escenario político actual: la afrocolombiana, feminista y militante medioambiental Francia Márquez, que  proviene del departamento del Cauca, uno de los territorios más afectados por la violencia en el País.  

 

La izquierda cohesionada, nuevas figuras políticas y el paro nacional

Las transformaciones en el ámbito político y en el rumbo de las elecciones que tiene Colombia en los últimos años han dependido en gran parte por la crisis económica y social que ha dejado la Pandemia de Covid-19 y el mal gobierno de Iván Duque en el que, según datos del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), la inflación ha superado el 9.23% en abril de 2022, siendo la más alta desde el año 2000, con un alza mayor en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas que llega al 26,17%. Aumentando así no solo la falta de acceso a consumos básicos para la población más vulnerable, sino incrementado además el descontento general con el gobierno.  De igual manera, sería un error adjudicar únicamente los cambios a esta coyuntura, ya que pesa sobre la escena política nacional un cúmulo de inconsistencias y de desencantos en lo político y en lo económico que no solo se ve reflejado en lo nacional, sino que se ve a nivel regional.

La corrupción, la pobreza y el descontento social generalizado se han manifestado en los levantamientos populares que comenzaron en México, Perú, Chile y que han tenido gran impacto en Colombia con el gran paro nacional de 2021. Los estallidos sociales tienen en algunas ocasiones resultados orgánicos y en el caso colombiano, se puede decir, aportó a la unificación de la izquierda y de los partidos populares con organizaciones de base que supieron aprovechar el capital social que significaba la indignación, la ira y el cansancio popular generalizado con gobiernos de derecha que llegaron al poder con promesas que no lograron cumplir.

El Pacto Histórico es, entonces, un espacio político que se consolida para estas elecciones como la unión de muchas voces en que se piensan una construcción más amplia de país, donde discursos como los feminismos, la cuestión étnica y la de los pueblos olvidados del Estado se ponen por delante para crear acuerdos y acercamientos, tratando de no caer en lo que sucedía en elecciones pasadas cuando los proyectos políticos se dividieron por minucias.

Desde las elecciones de 2018, donde Gustavo Petro obtuvo la mayor votación en la historia de la izquierda en el país, el proceso de la unión continuó y logró sumar nuevas alianzas que entendieron que la única opción de la izquierda y de los progresismos era la coordinación de voluntades políticas y personales, con la convicción de tratar de bajar a la derecha y el uribismo del poder, sumando votos y repensando las formas de hacer campaña. Apelando a frases poderosas con trasfondos culturales y populares como las manifestadas por Francia Márquez y su “vivir sabroso”, en busca de reparación de los pueblos excluidos y de una real justicia redistribuida. Sobre esto, señala Cadena “en el pasado se realizaron avances en la democratización de la sociedad, en la reconstrucción de la memoria histórica y en la transformación de la sociedad colombiana con procesos como la Constitución del año 91 y el proceso de paz, pero no existieron cambios profundos, porque estos estuvieron enmarcados en gobiernos de derecha con carácter neoliberal que no permitieron que existiera un verdadero cambio”.