NOTICIA
Peligra en Estados Unidos sentencia histórica de aborto caso Rode Vs. Wide
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 14 de mayo de 2022
La Corte Suprema de Estados Unidos, en 1973, determinó que su Constitución protege la libertad de una mujer para optar por un aborto sin restricciones gubernamentales excesivas. Hoy, esa decisión está en riesgo, pues los jueces de la Corte quieren revocar el histórico fallo del caso “Roe contra Wade” y “Planned Parenthood contra Casey” dos sentencias que protegen el derecho al aborto en este país, a nivel constitucional.
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Roe contra Wade es el nombre del caso que marcó el precedente para que el aborto fuera legal en Estado Unidos. Norma Leah McCorvey, conocida como Jane Roe, fue una mujer soltera que tuvo un embarazo no deseado, el cual quería interrumpir de manera legal y segura.
En esos años, el aborto era considerado un crimen según la Ley de Texas, a excepción de cuando la vida de una mujer estuviera en peligro. Por ello, Roe llevó su caso ante la justicia. Henry Wade era el nombre del fiscal de Distrito que dirigió el caso en contra de Roe por el Condado de Dallas.
El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos encontró que la ley de Texas era inconstitucional y decidió que el derecho constitucional a la privacidad era “lo suficientemente amplia para incluir la decisión de una mujer si desea o no desea abortar su embarazo”, según se cuenta en el informe de Planned Parenthood of New York City de 2006.
El mismo informe determinó que, antes de la sentencia, en los Estados Unidos ocurrían cada año, entre 200 mil y 1.2 millones de abortos ilegalmente inducidos. También señaló que para 1965, los abortos ilegales eran tan peligrosos que el 17 por ciento de todas las muertes por embarazos y partos fueron el resultado de un aborto ilegal y para 1969, alrededor del 23 % de los ingresos a hospitales municipales por embarazos en la ciudad de Nueva York, fueron por complicaciones causadas por abortos ilegales.
Hoy, esa sentencia corre peligro, al igual que el dictamen del caso Planned Parenthood contra Casey. El medio digital Político de EEUU, filtró un borrador inicial de opinión mayoritaria escrito por el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito. La filtración de ese documento reveló que la mayoría de los nueve jueces de la Corte parecen estar de acuerdo en revocar el histórico fallo del caso “Roe contra Wade”.
En el borrador del dictamen denominado “Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization”, donde el Estado de Mississippi pidió a la Corte que mantuviera la prohibición inconstitucional del aborto después de las 15 semanas de embarazo, anulando así la sentencia de “Roe contra Wade”. El juez Alito señala en su proyecto de opinión: “El caso Roe estaba tremendamente equivocado desde el principio. Es hora de acatar lo que dice la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos por el pueblo”.
En caso de aprobarse el documento filtrado, el fallo del caso Roe contra Wade será revocado, lo que implicaría que el aborto sea nuevamente considerado ilegal en varios estados de EEUU. “Aproximadamente la mitad de los estados de Estados Unidos tienen leyes existentes o leyes que se activarían de inmediato ante la revocación de esos fallos para restringir severamente los abortos o prohibirlos por completo”, aseguran Amy Goodman y Denis Moynihan, en una columna de opinión del medio Democracy Now.
En su artículo, los periodistas Josh Gerstein y Alexander Ward, del medio estadounidense Político señalan que la votación dentro de la Corte Constitucional estaría dividida. Por un lado, los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett avalarían la opción de anular la sentencia Roe vrs Wade.
Mientras que los jueces liberales Stephen Breyer, Elena Kagan y la jueza de ascendencia puertorriqueña, Sonia Sotomayor, votarían en contra del proyecto de Mississippi y serían de opinión disidente. El único voto que faltaría por definirse es el del juez presidente, John Roberts, conservador nombrado por el ex presidente George Bush, quien ordenó una investigación por la divulgación desautorizada y confirmó la autenticidad del documento.
¿Cómo afecta esto a Puerto Rico?
La isla de Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, como parte de los acuerdos de París firmados en 1898, por España. De esta manera, las decisiones en temas fiscales, financieros, políticos, económicos, defensa y de migración de la Isla son tomadas por EE.UU.
Las abogadas feministas Patricia Otón Olivieri y Yanira Reyes Gil, en una entrevista para el medio puertorriqueño TODAS, aseguraron que “el estado de derecho en Puerto Rico no se vería afectado directamente, de revocarse la jurisprudencia de Roe v. Wade”.
Según la abogada Reyes Gil “el derecho al aborto seguiría siendo legal y estaría reglamentado, como hasta ahora, por el Departamento de Salud”. Además, agregó que “para que eso cambiara, tendría que haber una legislación aprobada por ambas cámaras: Senado, Cámara de Representantes y por el gobernador, en la que se establezca una limitación al derecho al aborto”.
Asimismo, la abogada Ruth Arroyo Muñoz mencionó que “con la decisión de Pueblo v. Duarte Mendoza”, que en 1980 sentó el precedente y las bases legales del aborto en Puerto Rico, que también defiende “el derecho de las menores de edad a su intimidad, en el ejercicio de tener un aborto”.
Sin embargo, la posibilidad de derrocar la sentencia Roe contra. Wade genera “una gran preocupación. No tan solo tendría un impacto sobre todas las personas gestantes y su acceso a un aborto libre, seguro, accesible e inclusivo, sino que a nivel legal se llevaría el mensaje de que no hay ningún precedente histórico, en la Corte Suprema de Estados Unidos, que no puede ser revocado”, informó Ínaru Nadia de la Fuente Díaz, del medio puertorriqueño TODAS.
A esta preocupación se suma “que esta posible decisión envíe el mensaje a los exponentes de la ultraderecha y los fundamentalistas cristianos de que, si ellos impulsan desde diferentes escenarios su agenda política, pudiesen derrocar decisiones dirigidas a proveerles derechos a personas gestantes, mujeres y personas LGBTTIQAP+”, agregó Ínaru de la Fuente.
