S.O.S Palo Quemado y las Pampas resisten a la minería
Palo Quemado y Las Pampas son dos parroquias ubicadas en el cantón Sigchos, al norte de la provincia de Cotopaxi, donde la empresa minera La Plata, subsidiaria de la minera canadiense Atico Mining pretende extraer oro, cobre, plata y zinc. Casi el 10% del territorio de ambas parroquias, 2.300 hectáreas, está concesionada a esta empresa. Comunidades indígenas y campesinas se oponen al proyecto y rechazan la consulta ambiental que el gobierno de Daniel Noboa busca realizar. En respuesta, el gobierno militarizó la zona, 70 comuneros fueron judicializados por el supuesto delito de “terrorismo”, un comunero permanece en coma herido por perdigones.
En este especial, compilamos reportajes, series gráficas y videos que hemos realizado en la cobertura de lo que ocurre en estos territorios.
¿Qué proyecto minero quiere explotar?
El proyecto minero La Plata empezó en 1975, administrado durante estos años por varias empresas mineras extranjeras, quienes realizaron trabajos de exploración minera en las parroquias de Palo Quemado y las Pampas.
45 años después, en 2020, Atico Mining compró el proyecto y hoy, en 2023, busca iniciar con la fase de explotación y la construcción de la mina. Para ello, necesita la licencia ambiental, un requisito concedido por el Ministerio de Ambiente para la realización de un proyecto de impacto ambiental. Previo a la licencia, el Estado debe realizar un proceso de Consulta Ambiental.
Daniel Noboa tras su llegada a la presidencia, en noviembre de 2023, siguió apoyando los proyectos mineros. Es así que, a inicio de marzo de 2024, viajó a Canadá, al Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2024, evento conocido como la principal convención de exploración de minería a nivel mundial. Durante este evento, firmó acuerdos de inversión con seis empresas mineras; entre ellas, Atico Mining.
¿Qué pasa con la Consulta Ambiental?
Según el artículo 398 de la Constitución, las comunidades deben ser consultadas e informadas ampliamente sobre un proyecto que pueda afectar su medio ambiente. Ecuador también es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT; por lo que reconoce el derecho a una consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas. Este convenio fue ratificado por el país el 15 de mayo de 1998. Sin embargo, han pasado 26 años y aún no existe una ley de Consulta Previa.
La OIT emitió un informe el 7 de marzo de 2024, donde señala que Ecuador ha incumplido el Convenio 169, al no consultar al Pueblo Shuar Arutam sobre los proyectos mineros San Carlos Panantza de la empresa china Explorcobres S.A., y Warintza, concesionado a la canadiense Solaris Resources. Ya en 2022, la Corte Constitucional determinó que los derechos de la Nacionalidad Shuar fueron violentados al permitir la presencia de estas empresas mineras y ordenó iniciar un proceso de consulta previa en seis meses; sin embargo, esto no se cumplió y el gobierno ecuatoriano sigue alentando este y otros proyectos mineros.
La Consulta Previa y el respeto a los Derechos Colectivos; así como la no ampliación de la frontera minera y petrolera fueron dos de los puntos que el Movimiento Indígena promovió durante el Paro Nacional de junio de 2022. Como parte de los acuerdos, el gobierno de Lasso se comprometió en parar las actividades extractivas en áreas protegidas, zonas intangibles, zonas arqueológicas, áreas de protección hídrica y territorios ancestrales de los pueblos indígenas; también en garantizar la consulta previa, libre e informada, para ello, el 25 de octubre de 2022 se debía instalar una mesa técnica. Esta iniciativa, sin embargo, no prosperó y para mayo de 2023, el gobierno de Guillermo Lasso aprobó el Decreto 754, donde reformó el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, RCODA, y estableció un proceso de participación ciudadana para la Consulta Ambiental, con el fin de avanzar con la extracción minera y petrolera. Con este decreto se pretendió hacer, en junio de 2023, el proceso de consulta ambiental en Palo Quemado y Las Pampas; al igual que en Las Naves, provincia de Bolívar. Lasso ordenó entonces la militarización de ambos territorios; como resultado en Las Naves se registraron 13 campesinos heridos y dos detenidos, el 14 de julio de 2023. Mientras que en Palo Quemado hubo 5 campesinos heridos por el impacto de bombas lacrimógenas, perdigones y balas de goma, el 24 de julio de 2023.
La CONAIE junto con la Alianza de Derechos Humanos y otras organizaciones presentaron una Acción de Inconstitucionalidad al Decreto 754. La Corte Constitucional declaró inconstitucional por la forma este decreto, en noviembre de 2023 y los procesos de consulta en ambos territorios se suspendieron. Aunque Palo Quemado y Las Pampas siguieron militarizados.
El dictamen de la Corte Constitucional señaló que: “la inconstitucionalidad de la norma se realiza con efectos diferidos en el tiempo, hasta que la Asamblea Nacional emita la ley correspondiente” y dispuso a la Defensoría del Pueblo impulsar o construir un proyecto de ley sobre Consulta Ambiental para que la Asamblea Nacional, en el plazo de un año, apruebe la respectiva ley. También señaló que el Decreto 754 “no deberá ser aplicado a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas”. La Corte llamó la atención a la Asamblea por no iniciar el tratamiento de la ley.
La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional es la encargada de tramitar la Ley de Consulta Previa. En el período legislativo anterior, asambleístas provenientes de las nacionalidades indígenas de Pachakutik y la Revolución Ciudadana, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, presentaron el proyecto de Código Orgánico de Consultas Previa, Libre e Informada, Ambiental y Legislativa, el 11 de mayo de 2023, pocos días antes de que el ex Presidente Guillermo Lasso invocara la Muerte Cruzada y disolviera el Parlamento.
La actual Comisión de Biodiversidad puso en su agenda de prioridades el 9 de noviembre de 2023, la aprobación de una ley de Consulta Ambiental. La Defensoría del Pueblo presentó el 01 de marzo de 2024, una nueva propuesta denominada Proyecto de Ley Orgánica que regula el Derecho a la Consulta Ambiental. Al momento esta propuesta se encuentra en revisión en el Consejo de Administración Legislativa, CAL.
El 10 de marzo, pobladores de Palo Quemado denunciaron la llegada de 70 personas ajenas a la comunidad. En un comunicado, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, señaló que se trataba de personas armadas, quienes habían llegado a las comunidades en buses y camiones. Según el Frente Nacional Antiminero, este grupo es apoyado por la empresa minera.
A los pocos días, la fase informativa del Proceso de Participación Ciudadana para la Consulta Ambiental del Estudio del Impacto Ambiental se retomó en ambas parroquias.
Según el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la socialización del Estudio de impacto Ambiental se haría entre el 16 al 27 de marzo de 2024. Para el 27 de marzo, estaba previsto un taller de socialización ambiental sobre el uso y cuidado del agua y una asamblea informativa el 20 de marzo. Para ello, el gobierno de Daniel Noboa aprobó el 6 de marzo, el “Manual para la operativización de la Consulta Previa, Libre e Informada”. La Conaie junto al Frente Antiminero presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial Nro. MEM-MEM-2024-0002-AM, presentado por el Ministerio de Energía y Minas.
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Militarización y criminalización
Al proceso de Consulta Ambiental, le acompañó la militarización de Palo Quemado y Las Pampas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, denunció la llegada de “cientos de policías y militares” el 18 de marzo. A partir de la fecha, las y los habitantes de estas parroquias denunciaron represión y hostigamiento a quienes se oponen al proyecto minero. Según los testimonios, policía y militares usaron gas lacrimógeno y perdigones para disuadir las acciones de protesta.
A esto se suma la criminalización de 72 campesinas y campesinos de Palo Quemado y Sigchos. La Fiscalía General del Estado inició una investigación por el presunto delito de terrorismo en contra de estas personas.
El Alcalde de Sigchos, Oscar Monge, presentó una Acción de Protección, exigiendo el retiro de policías y militares. La justicia del cantón aceptó el pedido y ordenó como medidas cautelares, la paralización provisional de la consulta y el repliegue de los efectivos militares.
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Sin embargo, la presencia militar siguió en ambas parroquias, así como la represión. El 26 de marzo, el Frente Nacional Antiminero denunció que el comunero Mesías Robayo fue herido de gravedad en el rostro por el impacto de un perdigón y al momento se encuentra en estado de coma en un hospital de Santo Domingo. La Gobernación de Cotopaxi aseguró en un comunicado del martes 26 que la fuerza pública no ha usado “armamento de fuego letal ni perdigones”, sin embargo, en la misma misiva confirmó que un ciudadano “presenta traumatismos múltiples en su cabeza y cuello por perdigones”.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, emitió un pronunciamiento oficial desde Carondelet, donde acusó a los pobladores de Palo Quemado y Las Pampas que se oponen a la minería de realizar «actos terroristas»: “Este ataque me obliga a recordar a la ciudadanía que un acto terrorista es aquel que tiene por objetivo causar la muerte, contra cualquier persona, o cuando su propósito es intimidar a una población”
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El Frente Nacional Antiminero aseguró que militares y policías salieron de Las Pampas y Palo Quemado el viernes 29 de marzo, en cumplimiento de las medidas cautelares cuatro días antes. La Audiencia de Acción de Protección en Sigchos se ha suspendido por dos ocasiones.
