Sigchos y Las Naves bajo amenaza

El impacto de la minería

Por: Gabriela Peralta @gaperalta07

Publicado 31 de julio del 2023

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Comuneros de Las Naves y Sigchos rechazan la minería en sus territorios y el Decreto 754, a través del cual se busca desarrollar una consulta ambiental para dar paso a operaciones mineras. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el Frente Nacional Antiminero, el 13 de junio de 2023, presentaron una demanda de inconstitucionalidad al decreto pues, aseguran, “irrespeta el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas”.

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Las Pampas y Palo Quemado son parroquias rurales del cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi. En Palo Quemado se encuentra el Proyecto Minero La Plata, concesionado por la empresa canadiense Atico Mining Corporation y que ocupa una superficie territorial de 2.222 hectáreas, según se indica en su página web. Esta empresa, que busca explotar oro, cobre, plata y zinc, a través de una mina subterránea, asegura estar comprometida con el cuidado del ambiente y la calidad de vida de las comunidades del área de influencia, además de significar “vida, oportunidades, desarrollo y bienestar”. Sin embargo, los habitantes de la parroquia dan cuenta de todo lo contrario. Desde el 9 de julio de 2023, la parroquia de Palo Quemado se encuentra militarizada.

Comuneras y comuneros de Sigchos rechazan presencia militar en su territorio, julio de 2023. Fotografía: Frente Nacional Antiminero

Algo similar sucede en el Cantón Las Naves, provincia de Bolívar, con el proyecto minero Curipamba – El Domo que está en fase de exploración avanzada. Cristina Poma García, habitante del cantón, en entrevista con Wambra, dijo que la empresa Curimining S.A., rostro nacional de Curipamba, se asentó hace, aproximadamente, 20 años. Desde entonces, líderes de la comunidad y sectores aledaños afectados luchan para que la empresa salga del cantón.

Las Naves es un cantón agrícola, es decir, la única forma de ingreso para gran parte de la población es sacando los productos de la tierra. Sus fincas, con sembríos de cacao, naranja, verde, entre otros productos, se han visto afectadas por los trabajos de la minera. A eso se suma la represión que viven desde el 10 de julio de 2023 por parte de la Policía Nacional cuando el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica pretendía llevar a cabo una asamblea informativa sobre la consulta ambiental en Las Naves dentro de una Unidad de Policía Comunitaria, UPC. Ese día, la Policía cercó con vallas la UPC y cientos de policías y militares custodiaron el lugar. Desde entonces, asegura Cristina, el cantón está militarizado. “Los habitantes rechazaron esa asamblea porque el cantón pide que la empresa se vaya. Nunca se ha visto tantos policías y militares en el cantón, prácticamente no son para el resguardo del pueblo, sino del campamento minero”. El 14 de julio de 2023, el pueblo de Las Naves fue reprimido por la Policía Nacional. Como resultado de la represión se registraron 13 heridos y dos detenidos, según denunció el Frente Nacional Antiminero en un comunicado. 

Cristina, como habitante de la zona, asegura que la minería no va a reparar los daños y los ríos que, desde ya, se han ido secando. “La empresa dice que no va a haber gran impacto ambiental, pero nosotros podemos palpar la contaminación que se está dando. Acá los mineros tratan de comprar la conciencia de las personas donando cosas a los colegios, regalando comida, etc.”.

Asimismo, Ana Ushco, habitante de Palo Quemado y ex dirigenta del Movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, en entrevista con Wambra, exigió que se elimine el decreto 754, porque a través del decreto “quieren violar a nuestros territorios, quieren terminar con la vida”. Ana relató que, desde hace 30 años, aproximadamente, en Palo Quemado ya se extrajo minerales. “Ahora ese territorio está afectado, ni siquiera una hierba crece encima de la zona afectada. Incluso, el agua del río que pasa cerca está contaminada, no vale meter ni la mano porque te salen sarnas, te enfermas. Si los animales toman de esa agua mueren”. En Palo Quemado se registraron 5 campesinos heridos por disparos de bombas lacrimógenas, perdigones y balas de goma, propinados por parte de la Policía Nacional y el Ejército ecuatoriano, el 24 de julio de 2023.

Muestra fotográfica de heridos por la Fuerza Pública, durante el plantón en rechazo al Decreto 754, en los exteriores de la Corte Constitucional. Fotografía: INREDH

Juan Carlos Carvajal, dirigente de la Parroquia Las Pampas, defensor del agua y de la vida, en entrevista con Wambra, señaló que la parroquia Palo Quemado y recintos aledaños han sido militarizados “con la finalidad de resguardar a la empresa minera y dar seguridad al Ministerio del Ambiente” al socializar sobre la afectación del agua y dar paso a la consulta ambiental. Pese a eso, dijo que las y los defensores de Las Pampas han logrado que no ingrese ninguna empresa minera a su territorio: “nosotros como comuneros pedimos que no se dé la consulta ambiental. Nosotros no estamos dispuestos a sentarnos a dialogar ni con la empresa minera ni con el Ministerio del Ambiente. No estamos para negociar nuestro territorio. No queremos minería”, afirmó.

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¿Qué implica el Decreto 754?

El presidente Guillermo Lasso, el 31 de mayo de 2023, emitió el Decreto ejecutivo 754 que reformó el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, RCODA, que norma la participación ciudadana en la consulta ambiental. Por ello, la Conaie y el Frente Nacional Antiminero presentaron, el 13 de junio de 2023, una demanda de inconstitucionalidad y solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación del decreto. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a partir del 19 de junio, inició procesos de consulta ambiental en los cantones Las Naves y Sigchos.

Monserrate Vásquez, vocera del Frente Nacional Antiminero, en entrevista con Wambra, manifestó que los territorios vienen demandando una consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades, pero también una consulta ambiental para toda la población ecuatoriana independientemente de su identificación étnica. En esa línea reclamó por el asentamiento de concesiones mineras sobre fuentes hídricas, bosques protectores, páramos, ecosistemas sensibles e, incluso, sobre centros poblados. La vocera señaló que eso, tarde o temprano, significa que las poblaciones serán despojadas, porque “algunas ya han sido removidas y despojadas de los territorios”.

Monserrate indicó que el gobierno ha desplegado a las Fuerzas Armadas en Las Naves y Sigchos “para proteger los campamentos mineros y puedan avanzar con tranquilidad; mientras que las comunidades se enfrentan a una guerra, viven en conflicto constante, con una violación reiterada a los derechos humanos y derechos de la naturaleza”. En ese sentido, la vocera manifestó que el Estado tiene la obligación indelegable de consultar a las comunidades antes de cualquier acto administrativo, es decir, antes de que se grafiquen las concesiones mineras, antes de otorgar el registro ambiental para fases de exploración minera, antes de entregar licencias ambientales para exploración avanzada y explotación. “Hemos denunciado que en el país no ha habido este proceso de consulta ambiental en ningún proyecto minero. Por eso, sostenemos que todos los procesos son ilegales”.

La consulta ambiental tiene que realizarse acorde al artículo 398 de la Constitución ecuatoriana que indica que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. A decir de Monserrate, el Estado se ha visto presionado y por ello ha impulsado el proceso de consulta ambiental a través de un decreto ejecutivo: “hoy por hoy es condenable que se pretenda realizar la consulta ambiental, que por un lado es inconstitucional porque se está realizando vía decreto, y en un proceso extemporáneo, cuando no ha habido consulta para ninguna de las fases anteriores”, indicó.

Rechazo al Decreto 754 en Sigchos. Fotografía: Frente Nacional Antiminero.

Pronunciamiento de organizaciones en contra del Decreto 754

Comuneros y comuneras rechazan la minería en su territorio a través de la frase: «La minería es muerte». Fotografía: Frente Nacional Antiminero.

Edison Yánez, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, Conagapare, el 25 de julio de 2023, en rueda de prensa, se solidarizó con Las Naves, Las Pampas y Palo Quemado. El representante ratificó que la agricultura es la que mayor fuente de empleo de las parroquias y no las empresas extractivas. “La minería implica pan para hoy y hambre para mañana. Unos pocos podrán hoy estar contentos con las dádivas que están recibiendo, pero mañana esos pocos no podrán responder a las necesidades que va a tener la población”, aseguró.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de la CONAIE se pronunció frente a la militarización en Palo Quemado, Las Pampas, Pangua y la imposición de la consulta ambiental a través del decreto 754. «Esta lucha no es de ahora, la hemos venido proponiendo y defendiendo para que existan alternativas a las formas de economía extractiva en este país”, dijo Leonidas Iza, presidente de la CONAIE.

El representante del movimiento indígena expresó, además, que la minería “puede dar empleo, pero en adelante dejará muerte, desolación y contaminación”. Por ello, responsabilizó al presidente Guillermo Lasso; a Tania Vázquez, gobernadora de Cotopaxi, y a la Corte Constitucional por la violencia que se da en los territorios. “En el Ecuador se han dado dos eventos jurídicos que han roto la Constitución: el decreto 604 y 754, de las cuales el gobierno nacional, en lugar de cumplir con la constitución, ha vulnerado ese proceso para beneficiar a las empresas transnacionales mineras, pero también a capitales nacionales”, indicó.

A decir de Leonidas Iza, la minería en el Ecuador avanza de manera indiscriminada invadiendo comunidades enteras con la fuerza pública que, asegura, comete graves violaciones a los derechos humanos de la naturaleza y de pueblos indígenas. “El gobierno tiene cuenta regresiva para dejar el cargo de ser presidente y pretende consolidar proyectos de explotación minera a como dé lugar. No podemos aceptar estos dos decretos”.

Leonidas Iza también expuso que, en Palo Quemado, la empresa Atico Mining tiene previsto extraer 30 mil toneladas de rocas al mes y que, para lo cual, utilizarán cianuro de sodio, un químico altamente tóxico al contacto, ingesta e inhalación. “Aunque se estima que este proyecto extractivo generará alrededor de 85 empleos directos es importante señalar que la cadena de producción de panela y caña de azúcar en esta zona ya genera aproximadamente mil empleos directos”, dijo.

Leonidas instó a la Corte Constitucional a responder a tiempo a favor de los derechos humanos, de la naturaleza y de los derechos colectivos. También manifestó que van a defender sus territorios hasta con sus vidas “porque son territorios que guardan páramos, donde está el agua; territorios que guardan toda la fauna, la ecología”.

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Estas son las demandas de los pueblos y comunidades originarias afectadas por la minería:

 Que el gobierno nacional levante todas las formas de violencia en los territorios

• No criminalización a los dirigentes, agricultores y manifestantes.
• Que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de los decretos 604 y 754 “que violan los estándares de la consulta ambiental, consulta previa, libre e informada garantizada en la Constitución” y en los derechos internacionales.
• Que la Corte Constitucional, de manera urgente, otorgue la medida de suspensión provisional de los decretos para detener la violación de los derechos humanos.
• Que la Defensoría del Pueblo abra una investigación y determine la violación de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en las comunidades afectadas a nivel nacional, sobre todo, en Palo Quemado, Las Pampas, Pangua y otros territorios.
• Que la Fiscalía del Ecuador inicie investigaciones por las violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública en contra de la población.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también se pronunció sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas y dijo que las personas directamente afectadas por proyectos o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas. “Sólo las medidas basadas en los derechos humanos que aborden las causas profundas de la violencia permitirán la seguridad pública y la cohesión social”, señaló.

El Frente Nacional Antiminero, comuneras y comuneros, organizaciones sociales y activistas protestaron el 27 de julio de 2023, en los exteriores de la Corte Constitucional, en Quito, para exigir la derogatoria del Decreto 754. Las personas manifestantes gritaron: “Suspende decreto 754, suspende decreto 754”, “No es consulta, es violencia minera”. Además, exigieron libertad para Miguel Rodríguez y Ángel Gavilanes, defensores de la tierra criminalizados en julio de 2023, en Sigchos y Bolívar.