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Resumen 14 de octubre de 2020
DATOS COVID-19
Las cifras oficiales de COVID-19 corresponden únicamente a la cantidad de personas que han accedido a una prueba, no incluye los casos sospechosos, tampoco casos sin identificar. Las cifras reportadas a nivel nacional suman los contagios confirmados por pruebas PCR. Existen varios casos de contagios y muertes que no son reportados en las cifras oficiales.
Adicionalmente el Ministerio de Salud pública a partir del 6 de septiembre de 2020 modificó los indicadores en la infografía sobre la situación epidemiológica a nivel nacional. Por lo que ahora solo se contabilizará los casos confirmados de pruebas PCR, ya no habrá reporte de casos confirmados por pruebas rápidas. El reporte de personas fallecidas por COVID-19 agrupa a todas aquellas personas que fallecieron con una prueba RT-PCR positiva, más los fallecidos probables que son las personas con síntomas, otras pruebas de laboratorio o imagen relacionados a COVID-19, sin una prueba RT-PCR.
Estas son las cifras oficiales:
Hoy, 14 de octubre de 2020, se registran 149.083 personas con casos confirmados de COVID-19 (solo pruebas PCR), 128.134 personas se han recuperado 20.046 personas han recibido el alta hospitalaria. Adicionalmente se registran 502 personas hospitalizadas en situación estable y 350 con pronóstico reservado; se contabilizan 8.011 personas fallecidas con diagnóstico confirmado de COVID-19 y 4.243 que fallecieron con sintomatología asociada al virus. En total fallecieron 12.264 personas.
Entre el 13 y el 14 de octubre de 2020 se registran 912 nuevos casos de contagios de COVID-19.
Póngale atención
CPCCS tendrá un tercer presidente en este período
Tras la destitución y censura del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Christian Cruz, ayer en la Asamblea Nacional, la actual vicepresidenta del organismo pasará a presidir y deberá convocar a una reunión en donde se designe al nuevo vicepresidente.
Para que Sofía Almeida pueda asumir la presidencia del CPCCS deberá ser notificada, por la Asamblea Nacional, de la destitución de Christian Cruz luego de la Asamblea aprobara su censura, con 124 votos a favor y 5 abstenciones, por un supuesto incumplimiento de funciones y falta de probidad, que se sustenta en tres causales: la obtención de un carné que le otorga 81% de discapacidad visual y auditiva, uso de documentos falsos y arrogación de atribuciones.
Cruz estuvo trece meses en el cargo. A él le antecedió el sacerdote Carlos Tuárez que también fue destituido en un juicio político y en agosto fue sentenciado a cinco años de prisión por asociación ilícita para ofertar cargos públicos. Ahora, Sofía Almeida será la tercera presidenta del CPCCS en este periodo.
Mirada de género
270 millones de dólares anuales le cuesta a Ecuador el embarazo adolescente
El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son importantes problemáticas sociales que afecta la vida de miles de niñas y adolescentes en América Latina, especialmente en la subregión Andina. Los efectos de estos fenómenos son múltiples y se traducen tanto en términos educativos como laborales, económicos y sanitarios, por ello ayer Unicef y Unfpa presentaron el informe “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Ecuador” en el que se analizaron las consecuencias socioeconómicas que provoca al país este problema de salud pública.
Según la investigación de Unicef y Unfpa los costos totales anuales generados por el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana ascienden a cerca de 270 millones de dóalres, lo que equivale al 0,26 % del PIB nominal. El costo estimado se desagrega en dos partes, el primero es el costo promedio para la sociedad que equivale a 187 millones de dólares y se relaciona con el costo de oportunidad en la actividad productiva (desempleo, inactividad laboral e ingresos que obtendrán las niñas y adolescentes que parieron sin ser adultas).
El segundo corresponde al costo sanitario y se refiere a gastos de atención en salud por embarazo, parto y posparto en la adolescencia y la pérdida social o productiva por la mortalidad materna en adolescentes, que es de aproximadamente de 83 millones dólares. En el informe también se establece que el Estado ecuatoriano deja de percibir alrededor de 9,6 millones de dólares por año en ingresos fiscales debido al embarazo adolescente y la maternidad temprana.
Solidaridades y acciones de las comunidades y organizaciones sociales
Fuerza Pública reprimió manifestación pacífica en Buenos Aires
Pobladores de la parroquia de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura denunciaron haber sido amedrentados y reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas luego de que el domingo 11 de octubre los pobladores se autoconvocaran a una marcha pacífica en rechazo a la minería legal e ilegal dentro de la parroquia.
Según la alerta publicada por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, las y los manifestantes se agruparon el domingo a las 10 de la mañana y avanzaron hasta una de las propiedades donde reposa maquinaria de la empresa minera HANRINE, con la finalidad de solicitarle al propietario que retire la maquinaria, debido a que las y los bonaerenses ya se pronunciaron reiteradas veces, y de manera contundente, sobre su rechazo a toda actividad minera dentro de la parroquia. Fue allí cuando, según informó la Alianza, los pobladores fueron dispersados de manera violenta por miembros de la Policía Nacional y también por miembros de las Fuerzas Armadas. Según los pobladores, varias personas habrían resultado heridas por lo que están muy preocupados.
Por ello la Alianza exigió “la presencia urgente en territorio de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Gobierno, el Comandante General de la Policía Nacional y Ministro de Defensa para que cesen las acciones de represión contra la población bonaerense y den explicaciones sobre los hechos ocurridos y sobre el estado de salud de las personas que habrían resultado heridas” y recordaron al Estado ecuatoriano que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las observaciones de su visita al Ecuador publicadas el 14 de enero de 2020, recomendó al Estado ecuatoriano “Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población” y a “adoptar todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores a participar en manifestaciones sociales con la debida protección de su derecho a la libertad de expresión y de reunión”.
Resumen elaborado por Wambra Medio Digital Comunitario
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