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Pueblos indígenas de América Latina y el Caribe exigen participación en la implementación del Acuerdo de Escazú
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 20 de abril de 2022
Líderes, lideresas y representantes de 24 países de América Latina y el Caribe se reunirán los días 20, 21 y 22 de abril de 2022, en Santiago de Chile, para evaluar los avances en la implementación del Acuerdo de Escazú. Este acuerdo abarca el acceso a la información, la participación pública y el acceso a justicia en asuntos ambientales.
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¿Qué es el acuerdo de Escazú?
El acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental en América Latina y el Caribe adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Este acuerdo abarca tres ámbitos: Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, el mismo está abierto a 33 países de América Latina y el Caribe, sin embargo, 24 de ellos lo han firmado y solo 12 países lo han ratificado.
Este acuerdo es el primero en contener disposiciones específicas sobre defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos.
Según el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, su objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales, acceso a justicia, creación, fortalecimiento y cooperación, a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
En este contexto, por primera vez los líderes y representantes oficiales de los veinte y cuatro países firmantes de América Latina y el Caribe se reunirán para evaluar el avance en la implementación de este Acuerdo, entre el 20 hasta el 22 de abril de 2022 en Santiago de Chile.
¡No hay acuerdo de Escazú, sin pueblos indígenas!
En la mañana del 20 de abril de 2022 se llevó a cabo el acto inaugural de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, donde participó el presidente de Chile, Gabriel Boric, y contó con la presencia e intervención de Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de Costa Rica; Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de Argentina; Andrea Sanhueza y Karetta Crooks Charles, representantes electas de la sociedad civil; y Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
A su vez, líderes y lideresas pertenecientes a la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, realizaron una rueda de prensa para expresar sus exigencias a los Estados latinoamericanos y garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisiones.
Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de la COICA, expresó que es necesario que los gobiernos garanticen una vida libre dentro de sus territorios y dijo que la participación en el primer encuentro de la COP1 de Escazú es necesaria para visibilizar la vida de los líderes y lideresas “que están en las cárceles o fueron asesinados por defender los territorios de la madre selva amazónica y los derechos de pueblos y nacionalidades”.
En 2018, la COICA realizó la IV Cumbre Amazónica en Brasil, donde identificaron que uno de los problemas más críticos del territorio amazónico es el “asesinato y amenazas de muerte permanentes a líderes y lideresas indígenas que encabezan procesos de defensa de derechos colectivos y territoriales”.
Según los datos presentados, en 2020 se registraron 263 asesinatos en América Latina, de los cuales, 202 se registraron en la Amazonía colombiana, brasilera, peruana y boliviana, representando el 77% de los casos suscitados a nivel regional. Argumentan que “estos asesinatos vienen por parte de los gobiernos, de grupos irregulares, por las mismas empresas extractivistas”.
“A esto se suman países de Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y otros que sufren por los derrames petroleros, la minería ilegal, los madereros que destruyen cada segundo los territorios sagrados”, agregó Gregorio Mirabal.
En la misma línea, el medio de comunicación Mongabay presentó el especial: Manchados por el petróleo: un historial de derrames, impunidad y abusos en la Amazonía de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, donde establece que en los cuatro territorios “los lotes petroleros se superponen con territorios indígenas y áreas protegidas. Son 1647 comunidades y 52 áreas protegidas que tienen entre un 20 y 100 por ciento de traslape con esta actividad extractiva”.
Ante esto Gregorio Mirabal de COICA hizo un llamado de atención a los gobiernos y dijo “revisen sus políticas y tomen decisiones de corazón, si se va a implementar el acuerdo de Escazú que se respeten los territorios indígenas”.
También recordó que es necesario que la voz de los “pueblos indígenas sea escuchada en este acuerdo” y concluyó diciendo “no se va a salvar la Cuenca Amazónica sin los pueblos indígenas y no habrá acuerdo de Escazú sin la participación plena de nuestro pueblo”.
Tras la participación de Gregorio Mirabal, Nadino Calapucha, Coordinador Técnico del Programa Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas, añadió “la conservación de la biodiversidad amazónica nos ha costado persecución y asesinatos, por eso estamos hoy aquí”.
Enseguida Lola Piyahuaje, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, CONFENAIE, dijo que “es necesario que el Estado garantice nuestros derechos como pueblos indígenas, que genere condiciones para que podamos vivir en entorno seguro, es importante que una de las acciones de la implementación del acuerdo sea el saneamiento de los territorios indígenas de manera integral y que ya no haya interferencia de personas ajenas o sea de empresas mineras”.
Y explicó que los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana son “amenazados por empresas petroleras, mineras, tenemos nuestros ríos contaminados y nuestra naturaleza”. Por eso, para “nosotros es importante participar en estos espacios y exigimos involucrar a los pueblos en la toma de decisiones”.
De igual forma Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, ratificó la necesidad de “garantizar nuestros derechos, acceso a información, participación y justicia”.
Finalmente, Maite Iribarren del pueblo Aymara de Chile e Isis Riquelme, activista socioambiental y representante de los jóvenes chilenos, participaron en esta rueda de prensa y expresaron que el norte de ese país está “rodeada de mineras”. Hay contaminación y enfermedades a causa de las actividades mineras, aseguraron.
La delegación de la COICA participará en la cumbre que se realiza en Chile las voces de los pueblos indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam.
Su objetivo señalaron, es “exigir que se garantice la existencia de mecanismos efectivos para la participación de los pueblos indígenas en los procesos previos y de negociación de la COP e implementación del Acuerdo de Escazú, para impulsar la protección efectiva de la Amazonía, reconociendo nuestro aporte fundamental en la protección de la madre selva a través de los conocimientos y saberes ancestrales”.
