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Pueblo Shuar Arutam gana acción de protección. Corte Constitucional retira licencia a proyecto minero San Carlos- Panantza
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 18 de noviembre del 2022
El pueblo Shuar Arutam ganó una acción extraordinaria de protección y logró que la Corte Constitucional dictamine que existió una vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, por lo que retiró la licencia ambiental del proyecto minero Panantza – San Carlos.
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Nankintz es una comunidad que está en la provincia de Morona Santiago, es un área rica en minerales, principalmente cobre. La empresa minera china Explorcobres S.A., obtuvo una concesión sobre el territorio de la comunidad y como consecuencia ocho familias compuestas por 32 individuos entre niños, niñas y adultos, fueron desalojadas.
Mónica Ambama de la comunidad de Nankints tenía 32 años, siete hijos y estaba embarazada cuando cuenta que estando en su comunidad se dedicaban a la siembra de papas chinas, yucas, plátanos, plantas medicinales y otros productos. Ese era su sustento y el de su familia, hasta que el 11 de agosto de 2016, indígenas shuar y campesinos fueron desalojados de la comunidad por la fuerza pública, con el objetivo de dar paso al proyecto megaminero de Explorcobre S.A, filial de la empresa china Tongling Nonferrous Metals Group y CRCCC. Los desalojos se dieron bajo la figura del artículo de servidumbre minera, previsto en la Ley de Minería.
Las retroexcavadoras empezaron a tumbar las casas y fueron enterradas en grandes zanjas, las familias no pudieron sacar ninguna de sus pertenencias. Se quedaron sin nada, según el relato de Mónica recogido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, en febrero de 2017.
La investigación Nankints: Un Caso Actual de Racismo Oficial, Despojo y Privación de Derechos del Pueblo Shuar en Ecuador, en particular de mujeres Shuar, realizado por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador en julio de 2017, relata que después de los despojos en noviembre de 2016, un grupo de indígenas shuar regresó a la comunidad de Nankints y fueron desalojados nuevamente porque para ese entonces el lugar ya se llamaba “Campamento Minero La Esperanza”. Para diciembre, se dieron enfrentamientos entre grupos indígenas y efectivos militares. Según esta investigación, los hechos “no fueron aclarados por el Estado” y tuvo como resultado la muerte de un policía y otros resultados heridos, al igual que algunos indígenas. Tras lo sucedido, los Shuar “decidieron huir a la selva por temor a ser arrestados”. El gobierno de aquel tiempo declaró la zona en “Estado de emergencia” y la militarizó, lo que puso en zozobra al resto de comunidades y población.
La docente e investigadora Cristina Burneo, a través de su cuenta de twitter, señaló que tras la muerte del policía, el ex ministro del interior, José Serrano criminalizó a la comunidad y “puso precio a su cabeza, se los buscaba vivos o muertos por la muerte del policía. La comunidad fue perseguida y acusada de terrorismo. Además, comunidades cercanas como Tsuntsuim y El Tiink, que acogieron a las familias desalojadas de Nankints, fueron acosadas por las Fuerzas Armadas mediante sobrevuelos con helicópteros y drones que sembraron terror. Las niñas, los niños, no podían dormir, tenían diarrea crónica, ataques de pánico y pesadillas por haber visto drones sobrevolar su tierra”.
El pueblo Shuar continuó en la lucha buscando volver a su territorio, pero lastimosamente la comunidad de Nankints había desaparecido para siempre. El proyecto San Carlos- Panantza fue considerado uno de los cinco grandes proyectos de minería a gran escala en Ecuador. Solo dos de estos se desarrollan: Fruta del Norte y Mirador. Mientras que el proyecto Loma Larga, Río Blanco y San Carlos fueron suspendidos por la lucha de las comunidades campesinas e indígenas.
“Nosotros somos humanos y tenemos pleno derecho de reclamar”
“No nos han consultado. Solo han venido a destruir no más. Ellos dicen que les hemos pagado, pero ni una cosa nosotros tenemos cogido de EXSA China. Yo sí le puedo decir al presidente ¿por qué tanto nos hace sufrir a nosotros? ¿Qué le hemos hecho a Correa? solo porque va a haber minería y desarrollo. Todos los días hay desarrollo con cultivos”, relata Mónica Ambama, una de las mujeres desalojadas de Nankints.
Los derechos del pueblo Shuar fueron totalmente vulnerados y violados porque no fueron consultados para que el proyecto se instalará en su territorio, tal como lo establece el artículo 57, numeral 7 de la Constitución: Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas (…) La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras.
Asimismo, la Constitución en su artículo 42 prohíbe todo desplazamiento arbitrario y de ser el caso, las personas desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda, servicios médicos y sanitarios. Sin embargo, esto no fue así en Nankints, ya que, en la investigación realizada por la Coalición Nacional de Mujeres, se menciona que los derechos a la vida, educación, alimento, vivienda y hábitat, ambiente sano, salud integral, trabajo, cultura fueron seriamente comprometidos.
Nataly Yépez, asesora legal por Amazon Watch y defensora del pueblo Shuar Arutam dijo que en junio de 2015, Luis Venancio Ayui, líder de la Asociación Shuar Arutam; Tomás Felipe Jimpikit, de la Asociación Shuar Bomboiza; Domingo Raúl Ankuash, integrante de la Asociación Shuar Bomboiza y Marcelino Bermeo Arpi, de la Asamblea de los Pueblos del Sur plantearon una acción de protección, la cual es un garantía constitucional reconocida en el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos y “la única vía que han tenido los pueblos y nacionalidades para hacer respetar sus derechos colectivos”.
La acción de protección planteada en 2015 fue en contra del Ministerio de Ambiente y la Procuraduría General del Estado porque fue el ministerio quien facilitó la licencia ambiental para el proyecto extractivo, en 2011, para la exploración avanzada. Lamentablemente el juez de primera instancia y la Corte Provincial de Justicia de Pichincha de ese entonces, negaron la demanda de acción de protección. Según Yépez, los argumentos de los jueces para su negativa fueron los mismos que se usaron en otros casos y que la Corte Constitucional ha señalado que no son válidos para resolver citaciones de derechos. Uno de esos argumentos responde a que se tratan de situaciones administrativas y no, un tema de derechos.
Tras la negativa de la acción de protección, los líderes Shuar acudieron a la Corte Constitucional para presentar una acción extraordinaria de protección. Recién en septiembre de 2022, la Corte determinó que el derecho a la consulta previa libre e informada del pueblo Shuar Arutam fue vulnerado al otorgarse la licencia al proyecto minero Panantza – San Carlos. La decisión de la Corte Constitucional dejó sin efecto la sentencia presentada en 2015, por la Corte Provincial y determinó como medidas de reparación: obligar al Ministerio del Ambiente a pedir disculpas públicas a la comunidad por no llevar a cabo el proceso de consulta y determinó que la consulta se realice en un periodo de seis meses.
Según el dictamen de la Corte, no puede llevarse a cabo cualquier consulta, por lo tanto, para que realmente sea una consulta previa, libre e informada que respete los estándares constitucionales e internacionales, debe sujetarse “a los tiempos del pueblo Shuar, es decir, debe respetar las estructuras de decisión interna y deben contar con la información para tomar una decisión”, dice Yépez. La abogada también aseguró que en 2019, el pueblo Shuar Arutam ya llevó a cabo su propio proceso de consulta donde rechazaron los proyectos extractivos por todas las implicaciones que tienen en su cosmovisión y su forma de vida.
El Pueblo Shuar Arutam espera la resolución de un recurso de aclaración y ampliación que presentó la defensa de los accionantes y el Ministerio de Ambiente el 08 de octubre de 2022, para que la sentencia sea más explícita con respecto al plazo de seis meses que se tiene para realizar la consulta. La preocupación es que este proceso sea acelerado e impuesto al pueblo Shuar, y más bien debe entenderse como el inicio de un proceso que debe empezar el Estado.
La reacción del Pueblo Shuar
La mañana del 18 de noviembre de 2022, el pueblos Shuar Arutam se pronunció sobre el fallo de la Corte a través de una rueda de prensa, desde la Comunidad Unión Base, sede la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae, en Puyo, provincia de Pastaza.
Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam, pidió un minuto de silencio en honor de quienes fallecieron durante la lucha de Nankints. También recordó que su pueblo no aceptará más ingreso de mineras y petroleras en su territorio. De su parte, Domingo Ankuash, dirigiente del pueblo shuar y quien fue perseguido tras los desalojos y militarización de Nankints, mencionó que la sentencia de la Corte Constitucional se hará realidad «hasta que quienes fueron desalojados, regresen a vivir» de nuevo en estos territorios. También dijo “Este es un pueblo q se defiende hasta las últimas consecuencias» y recalcó que lo sucedido en el territorio shuar con la minería se repite en toda la Amazonía, donde los proyectos mineros y petroleros se hacen inconsultamente: «La Constitución da garantías, pero ellos escriben con la mano y borran con el codo. En Nankits atacaron militares, tanques, drones. Un gobierno que se dice de todos, nos ataca de esa manera. Ahora dicen que van a consultar, consultar cuándo ya están muertos?».
La dirigencia de la Confenaie, presidida por Marlon Vargas recordó que otro hecho significativo fue el #ParoNacional de Junio, donde se dio de baja al decreto minero y petrolero, que buscaba ampliar la explotación de recursos.
