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Las preguntas 7 y 8 sobre temas ambientales en la Consulta Popular son inconstitucionales, según organizaciones ecologistas
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 06 de octubre del 2022
Organizaciones ecologistas e indígenas advierten sobre la inviabilidad de las preguntas siete y ocho de la consulta popular enviada por el presidente Guillermo Lasso el 12 de septiembre, que busca crear subsistemas de protección hídrica y proveer compensaciones a la generación de servicios ambientales.
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El Presidente Guillermo Lasso, el 12 de septiembre, presentó ocho preguntas que conforman su propuesta de Consulta Popular a la Corte Constitucional para su revisión y declaración de constitucionalidad. Si estas preguntas superan la revisión de la Corte, luego deben pasar al Consejo Nacional Electoral para ser llevadas a las urnas en febrero de 2023. Entre las preguntas presentadas por el Ejecutivo están dos que abordan temas ambientales y que despertaron la alerta de organizaciones ecologistas e indígenas.
Pregunta 7: ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
Pregunta 8: ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?
Acción Ecológica en su análisis: La Consulta Popular del gobierno. La pregunta 7 atenta contra el derecho al agua y los sistemas comunitarios de agua, explica que las preguntas 7 y 8 de la consulta popular aparentan ser una avance en la protección y cuidado de la naturaleza, cuando en realidad no lo son; pues estás constituyen amenazas graves porque “le hacen el juego a los responsables de la devastación local y global”. En cuanto a la pregunta siete, Acción Ecológica explica que es inconstitucional, algo que la Corte Constitucional ya lo dijo cuando declaró la inconstitucionalidad por la forma, de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, LORHUA, y su reglamento. La organización asegura que aunque la argumentación de la pregunta diga qué es para conservación, “abre los caminos para que el Estado pueda dar autorizaciones o concesiones, pueda decidir lo que es útil y beneficioso, bajo argumentos como el interés nacional o la utilidad pública, que históricamente se han transformado en ‘utilidad privada‘ y ‘despojo público‘ ”.
Asimismo, la organización ecologista llamó a la Corte a declarar inconstitucional la pregunta ocho y la propuesta de enmienda del artículo 74 de la Constitución, porque violan los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Así también, hicieron un llamado a la ciudadanía “sobre estas falsas promesas ambientales que buscan beneficiar a quienes son responsables de graves delitos ambientales, permitiéndoles, a través de la compra y venta de servicios ambientales, seguir con la destrucción local y global”.
Por tal motivo, el 03 de octubre, presentaron dos amicus curiae ante la Corte Constitucional, que contienen argumentos sobre la inviabilidad de las preguntas siete y ocho, la primera por “atentar contra el derecho al agua y los sistemas comunitarios de agua”, y la segunda sobre servicios ambientales “por restringir el ejercicio de derechos colectivos y territoriales de las poblaciones”.
En esto coinciden organizaciones indígenas que mantienen las mesas de diálogo con el gobierno. Es así que Leonidas Iza, presidente de la Conaie, en una rueda de prensa para informar sobre el avance de las mesas de diálogo, se refirió a la consulta popular y dijo que “el gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada y lo que está buscando en este momento es oxigenarse políticamente. Me parece un acto irresponsable porque revisando las preguntas, en términos ambientales, no resuelve nada”. El líder indígena agregó que mientras se pretende posicionar una consulta ambiental, se están abriendo 39 bloques petroleros sin garantizar la consulta previa, libre e informada; por tal motivo, “no es cierto que se esté queriendo salvaguardar los intereses de la ecología”. Iza concluyó afirmando que las preguntas que se plantean son vacías y no resuelven los problemas del país.
Por su parte, Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, se refirió a la pregunta ocho de la consulta y dijo que todos los sectores necesitan compensación. “La repartición de las ganancias petroleras y mineras deben ser para todos los ecuatorianos y ecuatorianas con el fin de mejorar la economía, la situación social, salud, seguro social, fuentes de trabajo, aperturar las escuelas”.
Aquiles Hervás Parra, abogado y defensor de derechos humanos, explicó que estas dos preguntas responden a una demanda social que es la demanda del medio ambiente, la naturaleza y sus derechos; sin embargo, “son preguntas que no calan en el fondo, incluso yo diría que, en toda la historia de nuestra República, las consultas fueron implementadas no para resolver los problemas estructurales, sino para reposicionar a los gobiernos de turno”.
La Corte Constitucional deberá emitir un dictamen sobre la constitucionalidad de las preguntas de la Consulta Popular hasta el 17 de octubre, de lo contrario se entenderá que las preguntas son constitucionales. En caso de que esto suceda, se deberá notificar a la presidencia y al Consejo Nacional Electoral, CNE, para preparar los formularios de las preguntas y establecer la fecha de realización de la consulta popular.
