En 2021, los ecuatorianos eligieron a 137 asambleístas y, según la Constitución, para las siguientes elecciones generales de 2025, el número podría ascender a 152. Esto porque la cantidad de legisladores debe aumentar en cada periodo en proporción con el crecimiento poblacional de cada jurisdicción. 

Ese cambio estaba previsto para 2021, pero no sucedió porque el censo de población no se ejecutó en 2020. La propuesta del Ejecutivo sostiene que este número de asambleístas causa distorsión en la representatividad y vulnera la igualdad del voto de los ecuatorianos. Por lo que propone un nuevo esquema de criterios para la selección de los asambleístas.

Así, con la Pregunta 3 se busca reducir el número de asambleístas, pasando de 137 a 120 para la nueva Asamblea de 2025. Esta reducción implica que una provincia tendrá un asambleísta por cada 250 mil habitantes. Es decir, provincias como Bolívar, que apenas sobrepasa las 200 mil personas, tendrían 1 asambleísta, mientras que Guayas, con 4,4 millones de habitantes, tendría 19 asambleístas.  

El abogado y analista, Mauro Andino, cree que esta es una pregunta bastante seductora desde lo político porque, de alguna manera, engancha a la ciudadanía en medio de un contexto de desprestigio y de descrédito del Parlamento. Históricamente, los congresos, las asambleas no han tenido los mejores números de credibilidad ante la opinión pública. La actual situación de la Asamblea no es la excepción. 

Por ello, según Andino, decirle a la ciudadanía que el problema de la calidad de la legislatura se resolverá reduciendo el número de asambleístas es engañarla: “el problema de la calidad de la representación política se tiene que resolver atacando a las causas estructurales que no pasan por reducir el número de legisladores”, enfatizó el abogado. En esa línea, explicó que lo que va a suceder es que se va a fortalecer el centralismo político en pocas manos. En las provincias grandes como Pichincha, Guayas, Manabí y se va a perjudicar a la representación política de provincias pequeñas como Carchi, que de tres legisladores, tendría uno. Lo mismo sucedería con Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Asimismo, las provincias amazónicas tendrían un asambleísta, por lo cual, la voz de esos territorios se vería reducida al momento de tomar las decisiones: “esta salida que plantea el ejecutivo es demagógica y populista”, aseguró Andino. 

Entonces, se reduce la representación de las provincias más pequeñas, lo cual no permite que estos territorios tengan una representación, puedan hacer valer sus intereses, demandas y exigencias, porque las provincias pequeñas y medianas se verían invisibilizadas ante un gran número de representantes que mantendrían las provincias grandes. 

Mientras la Consulta plantea reducir el número de asambleístas provinciales, aumentarían los nacionales. Así, el Ejecutivo plantea que se aumente el número de asambleístas nacionales, de 15 a 36 asambleístas. Los mismos serían elegidos en listas cerradas y bloqueadas. Es decir, si a la ciudadanía le agrada o simpatiza un candidato de alguna organización política, para poder darle el voto, tendría que votar por los 36 integrantes de esa lista y no tendría más votos o escaños para escoger entre otras listas. Eso es lo que está planteando el ejecutivo a nivel nacional con la legislatura. Además, como el número de asambleístas nacionales aumentaría, crecerían también las candidaturas, por lo que la votación no se haría en una papeleta, sino en una sábana electoral. 

Para Andino, una propuesta para mejorar la Asamblea sería “fortalecer los equipos de los legisladores y para eso no se necesita reforma o enmienda constitucional. Para fortalecer los equipos de los legisladores se podrían poner requisitos más rigurosos para los servidores públicos que ingresan a trabajar con esos asambleístas. Ese es uno de los elementos centrales. Que los asesores, que los asistentes de los equipos que forman parte de los legisladores sean perfiles cualificados y calificados acorde a la comisión a la que pertenece el asambleísta”.

Mira el video