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Organizaciones indígenas piden justicia para cinco compañeros procesados por octubre de 2019
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 04 de mayo de 2022
Cinco indígenas del pueblo kichwa cañari son procesados por las manifestaciones de Octubre de 2019. Organizaciones sociales y comunidades indígenas se concentraron en los exteriores del Consejo de la Judicatura del cantón Cañar, el pasado 29 de abril de 2022, para respaldar a sus compañeros en la audiencia de formulación de cargos. Las y los indígenas judicializados no fueron parte del proceso de amnistía dado por la Asamblea Nacional, en marzo de 2022.
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Enrique Pomavilla, Antonia Solano, Narcisa Álvarez, Wayra Yupa y Dolores Solano, son cinco hombres y mujeres indígenas de la provincia de Cañar y parte de la organización Tucayta, quienes fueron perseguidos y judicializados por el paro de Octubre de 2019. Comunidades indígenas y organizaciones sociales se convocaron a una marcha para acompañar la audiencia del 29 de abril, donde se juzga a este grupo por presunto secuestro.
Laura Tenemaza, vicepresidenta de la Unión Provincial de Comunas Cooperativas Cañar, UPCCC, mencionó que los y las cinco compañeras criminalizadas no fueron parte del informe para recibir amnistía y que “se desconoce la razón exacta del por qué los compañeros no fueron beneficiarios de este proceso”.
El 10 de marzo de 2022, La Asamblea Nacional otorgó la amnistía a 268 personas, después de aprobar el Informe que elaboró la Comisión Especializada de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones. El informe habla de 268 personas, sin embargo, la lista anexa de amnistiados es de 231 personas, en las cuales no consta el nombre de las 5 personas del cantón Cañar.
Juan Pinguil, abogado que lleva el caso, dijo que el viernes 29 de abril se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio, la misma que se suspendió porque el juez Patricio Moncayo “tenía otra audiencia”. Pinguil espera que dentro de 10 días se dé continuidad a la audiencia.
El proceso en contra de estas cinco personas se debe a un parte policial que fue ingresado a la Fiscalía de Cañar, el 14 de octubre de 2019, por personal de la Policía del cantón. La fiscal asignada tenía dos años para investigar el presunto delito; es decir, hasta el 13 de octubre de 2021, sin embargo, ella decidió levantar cargos en septiembre, pocos días antes de que venza el plazo, aunque no dictaminó medidas cautelares.
Pinguil explicó que el delito de secuestro, según el COIP, tiene una pena privativa de libertad que supera los 5 años, por esta razón el “fiscal tiene dos años para investigar”, es así que, en octubre de 2021 se “debió archivar la causa, pero la fiscal Susana Siguencia formuló cargos en septiembre, cuando el caso aún tenía vida”, recalcó.
El abogado Pinguil observó la actuación de la fiscal, pues señala que el día de la formulación de cargos no fundamentó legalmente el caso.
Los cinco procesados están en libertad porque no hay medidas cautelares presentadas por la fiscal, sin embargo, al llamarse a nueva audiencia de debe determinar si hay méritos suficientes para ser llevados a juicio y ser sentenciados. Tras varias horas, la audiencia fue suspendida.
La lucha por una causa justa
Nayra Chalán, Vicepresidenta de la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, se pronunció y dijo que como organización regional apoyan y elevan la voz a nivel nacional de la gente que ejerció su legítimo derecho a la protesta y la resistencia y porque además, “este es un acto de injusticia”.
Acotó que lo sucedido en octubre de 2019 fue una reacción “a las políticas económicas que se dan en el país” y a lo que se vive en el campo, donde no hay precios justos en productos agrícolas, y no se respeta el derecho al trabajo y a la determinación de los pueblos y nacionalidades.
Nayra Chalán mencionó que por ello, es necesario un presupuesto para los sectores fundamentales y sensibles como la educación y la salud, asimismo para prevenir el racismo y la discriminación.
La vicepresidenta de la ECUARUNARI pidió el archivo del caso y aseguró que otros compañeros y compañeras criminalizadas por octubre de 2019, ya recibieron amnistías. De allí que señaló “estamos encaminando un nuevo paquete de amnistías que vamos a exigir a la Asamblea Nacional que se conceda y se apruebe para la gente que está luchando”.
Durante la marcha, uno de los participantes de la movilización del 28 de abril, indicó en una entrevista para la radio la Voz de Ingapirca “somos el pueblo Cañari y no dejaremos que las personas de la Fiscalía hagan de las suyas”. Y pidió a la justicia ecuatoriana no más persecución para sus compañeros y compañeras, porque si no hay justicia “no descansaremos y seguiremos aquí hasta que se archive el caso”.
Moisés Pizha, dirigente de Justicia Indígena de la UPCCC, dijo “ya no queremos ser procesados, eso pedimos, si van a perseguir a alguien que sea a quienes destruyen nuestro país, a los corruptos que piden hábeas corpus para quedar libres”.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, a través de su cuenta de twitter, expresó su respaldo a los compañeros y compañeras defensoras de derechos de Cañar, procesados por octubre de 2019. Además demandaron el fin de la criminalización a líderes, lideresas, dirigentes, pueblos, comunidades y nacionalidades, que solo ejercen su legítimo derecho.
