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Organizaciones de DDHH buscan visibilizar casos de violencia estructural contra mujeres ante la ONU
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 02 de agosto del 2022
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer recibió hasta el 1 de agosto, comunicaciones, quejas, llamamientos o peticiones por parte de personas, organizaciones no gubernamentales, grupos o redes, relacionadas con supuestas violaciones de los derechos humanos que afecten la condición de las mujeres en cualquier país del mundo, para identificar prácticas discriminatorias, que luego permitan formular y elaborar políticas de estrategias que promuevan la igualdad de género.
Organizaciones de DDHH de Ecuador presentaron a este organismo, varios casos de vulneraciones de derechos que muestran la violencia estructural contra las mujeres en el país. Los casos, de ser seleccionados, se integrarán en un informe sobre el cual el Estado ecuatoriano deberá dar respuestas.
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María José Morillo, subteniente de inteligencia militar del Ejército Ecuatoriano, quien falleció en abril de 2021, bajo circunstancias que aún se desconocen. Tras cumplirse un año del fallecimiento de la subteniente, sus familiares y amigos continúan exigiendo justicia. Según información proporcionada por Inredh, María José “realizaba la evaluación integradora fluvial del curso de perfeccionamiento militar Tigres, en el Fuerte Militar Napo, para ascender al grado de teniente”.
Sin embargo, su objetivo no fue concretado porque falleció durante una prueba de natación en el Río Napo, según la versión de las Fuerzas Armadas, recogidas por Inredh, ante de que María culmine la prueba, se enredó en una palizada de la cual no pudo liberarse y como el resultado fue su muerte. Pero su madre, Miroslava Cando, denunció que en el lugar de los hechos “existían dos personas a cargo que no brindaron los primeros auxilios y no siguieron los protocolos adecuados en caso de emergencia”.
Lo sucedido con María José y otras mujeres dentro del Ejército, así como la violencia estructural que viven las familias de mujeres desaparecidas y privadas de la libertad, son los casos que la Fundación Inredh en conjunto con la Asociación de Familiares y amigos de personas desaparecidas en Ecuador, Asfadec, la Alianza contra las Prisiones y la Clínica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos y Justicia Transicional de la Universidad San Francisco de Quito presentaron ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
Esta Comisión analiza el estatus jurídico de las mujeres; es decir, el adelanto que alcanzan los países en la garantía de los derechos de las mujeres. El órgano es apoyado por ONU Mujeres, y brinda asistencia técnica a los países miembros y apoyo a los organismos internacionales para la formulación de políticas, normas y estándares.
Rosa Bolaños, abogada de la Fundación Inredh, dijo que desde las organizaciones ecuatorianas se envió información a este organismo sobre vulneraciones de derechos a mujeres dentro de las Fuerzas Armadas; la falta de debida diligencia investigativa y estereotipos en el proceso judicial en casos de mujeres desaparecidas y sobre la falta de implementación normativa y de gestión penitenciaria con enfoque de género para mujeres privadas de libertad.
En la información que se envió están cuatro casos, que no son los únicos en el país, pero según la asesora legal de Inredh, Rosa Bolaños, “al visibilizar estas violaciones en concreto retratamos una práctica sistemática del Estado, dentro de un tipo de violencia estructural y diferenciada ante las mujeres y familiares de las víctimas”.
Otro de los casos que presentó Inredh fue el de Diva Bravo, quien fue dada de alta como militar en agosto de 1998 y empezó a prestar sus servicios de Teniente de Sanidad en el Fuerte Militar Atahualpa, en Quito, desde el año 2000. Ella denunció que sus compañeros militares, junto a otros tenientes de sanidad le daban un trato misógino y discriminatorio, “con el afán de causarle daño, por lo que no contentos con eso, provocaron el inicio de una información sumaria para finalizar con su baja de las filas militares”, según el informe de la Función Judicial.
La abogada Rosa Bolanos, explica que “la situación de las mujeres dentro de los espacios de formación de instituciones públicas es un tema tabú en el país, por lo cual se ha evidenciado la falta de garantía y cumplimiento de los protocolos adecuados para salvaguardar su integridad física”.
La situación de mujeres desaparecidas también fue presentada ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. La Fundación Inredh presentó el caso de Luzmila Ramírez, quien desapareció en octubre de 2016, cuando iba camino a la Universidad Técnica Estatal de Machala, en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, para inscribirse en la carrera de Ciencias Médicas. Alexandra Cevallos, hermana de Luzmila, fue hasta las oficinas de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, Dinased, para colocar la denuncia; sin embargo, las autoridades no actuaron de manera oportuna, según cuenta la Asociación de Familiares y Amigos de personas desaparecidas, Asfadec.
A todos estos casos se suma la falta de implementación normativa y de gestión penitenciaria con enfoque de género para mujeres privadas de libertad en la Casa de Confianza de Chillogallo, al sur de Quito. La Alianza contra las Prisiones comenta que en este espacio “existen varias problemáticas, como el hacinamiento, falta de medidas y vínculos familiares para niños, niñas y mujeres embarazadas, inexistencia de mecanismos concretos para acceso a la salud, y vida digna de las mujeres y niños y niñas que se encuentran en este centro de privación de libertad“.
La información de estos casos formará parte de un informe anual. Para Inredh “es una oportunidad para tener incidencia en esta línea de defensa, protección y tutela de mujeres”, agregó. Después de la información presentada, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, tiene 12 semanas para revisar la información enviada por las organizaciones; después enviarán un informe al gobierno ecuatoriano para que se pronuncie al respecto.
