NOTICIA
Nueva masacre carcelaria en Santo Domingo: Organizaciones de Derechos Humanos exigen respuesta del Estado
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 09 de mayo de 2022
En el Centro de Rehabilitación Social Bellavista, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se dio una masacre, la madrugada del 09 de mayo de 2022, que ocasionó el asesinato de 43 personas privadas de libertad. La Policía Nacional desplegó un operativo para recapturar a las personas fugitivas en algunos barrios de Santo Domingo, lo que ha causado temor entre la ciudadanía.
Desde la alcaldía de la ciudad, el personal de la Fuerza de Tarea Municipal está desplegado en distintas unidades educativas, brindando apoyo en la seguridad de niños y niñas.
***
Familiares de personas privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista, en Santo Domingo, recibieron durante la madrugada, alertas sobre una masacre al interior de esta cárcel. Al amanecer, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador, SNAI, informó sobre “alteraciones al orden” en este centro de detención y de la activación de protocolos de seguridad, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Hasta el momento, las autoridades han confirmado el asesinado de 43 personas privadas de libertad y aseguran que fueron 220 los reos fugados, de los cuales, han sido recapturados 112. En una rueda de prensa, el ministro del interior, Patricio Carrillo, mencionó que durante la requisa a los pabellones se encontraron “armas de grueso calibre e inclusive granadas de uso militar. Todo eso entrará en cadena de custodia para la administración de justicia”.
A su vez, el Comandante General de Policía, Fausto Salinas, dijo que están trabajando en una lista de personas privadas de libertad asesinadas y heridas. Asimismo Pablo Ramírez, director del SNAI, informó que el cabecilla de la banda R7, trasladado a la cárcel de Santo Domingo en días pasados, es el responsable de lo sucedido en el Centro Penitenciario y añadió que ahora “está a buen recaudo porque a las 2:30 de la madrugada lo sacaron del Centro”.
Jorge Nuñez del centro Kaleidos y de la Alianza contra las prisiones, en su cuenta de twitter contradijo esta versión, y señaló que “Una sola persona no organiza un motín penitenciario. Es preocupante que el Ministerio del Interior siempre encuentra culpables fuera del gobierno: bandas, carteles y ahora jueces”.
De su parte, la asambleísta de la provincia, Viviana Veloz de UNES, dijo que la directora del Ecu 911 de Santo Domingo, , aparentemente tenía conocimiento que 4 cámaras de seguridad de la cárcel no funcionaban y señaló que ella “no reportó para que hagan el arreglo correspondiente”. Veloz, además, aseguró que el director de la cárcel, Kleber Carrión, habría conocido de la alerta de la masacre “a la 1 de la madrugada y no lo reportó de manera inmediata”.
La asambleísta acotó que le parece “insólito que tengamos el 60% de hacinamiento en Santo Domingo. Hay ausencia de presupuesto y materia pública para la seguridad porque a diario ocurren asesinatos sicariatos, robos”. Viviana Veloz hizo un llamado de atención al Ministerio del Interior para que “declare en emergencia en la provincia”. Además, pidió que el director del Centro de rehabilitación y la directora del Ecu 911 sean removidos de su cargo.
Preocupación de familiares y de la ciudadanía
La ciudadanía de Santo Domingo está muy atemorizada luego de conocer la masacre. Vecinas y vecinos de algunos barrios como la cooperativa Che Guevara reportan que la policía ha realizado operativos con un alto número de agentes que se trasladan por tierra y por aire, cubriendo las zonas para recapturar a los reos que se fugaron.
Desde la alcaldía de Santo Domingo, Wilson Erazo, alcalde la ciudad dijo que “a través del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos junto a la Defensoría Pública, hemos instalado la Unidad Móvil en el Centro Forense para brindar patrocinio jurídico y asesoría legal gratuita en casos de flagrancia y retiro de cadáveres, además de apoyo psicológico y emocional por medio de los profesionales del Consultorio Jurídico y Juntas Cantonales”.
Además, aseguró que la Alcaldía brindó apoyo a las unidades educativas, a través de la Fuerza de Tarea Municipal, para garantizar la seguridad de niños, niñas y jóvenes que reanudaron sus clases presenciales.
Por su parte, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, a través de su cuenta en twitter, lamentó lo sucedido en el Centro Penitenciario de Santo Domingo y responsabilizó al Estado ecuatoriano por las víctimas de la masacre y los heridos. También exigen al SNAI “transparente inmediatamente la información sobre los heridos y fallecidos producto de la masacre y se asegure que cada familiar tenga acceso a ella, así como la atención psicológica integral. Debe haber un monitoreo exhaustivo sobre la contención a las familias”.
La Alianza recordó el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el 17 de marzo de 2022, sobre la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador, donde se señalan varias problemáticas en los centros penitenciarios. El informe también da recomendaciones para mitigar la violencia en las cárceles del país.
Sin embargo, desde el informe se han dado 2 crisis carcelarias más, lo que develan la ausencia del Estado, según las organizaciones. La Alianza de Derechos Humanos señaló que “urge se inicie investigaciones sobre lo ocurrido en la masacre en Santo Domingo y las anteriores masacres”.
Con lo sucedido en Santo Domingo, suman seis las masacres ocurridas en el lapso de un año y tres meses. Una durante el gobierno del expresidente Lenin Moreno y las restantes, durante el actual gobierno. Según datos recogidos por el periodista Diego Puente Vallejo son “380 presos asesinados al interior de las cárceles y el SNAI no tiene capacidad de reacción”.
De su parte, el Ministro del Interior, Patricio Carrillo volvió a hacer un ofrecimiento económico, y mencionó que el presidente Guillermo Lasso para el 2023, dispondrá de 1223 millones de dólares para corregir los conflictos de los centros carcelarios.
