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Napo en emergencia ambiental por las consecuencias de la minería legal e ilegal
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 10 de enero de 2023
Pueblos y nacionalidades de la provincia de Napo junto a colectivos y organizaciones sociales convocaron a un plantón, el pasado lunes 09 de enero de 2023, para declarar a la provincia en emergencia ambiental por las consecuencias de la minería legal e ilegal.
El pueblo de la provincia se declaró en movilización permanente para exigir el cumplimiento de una acción de protección que ganaron y para que se retiren las licencias ambientales a las concesiones mineras que han afectado el ecosistema.
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La provincia de Napo es una de las seis provincias de la Amazonía, en cuyo territorio, se asientan pueblos indígenas, mayoritariamente de nacionalidad kichwa. Según la investigación Ecuador: la minería avanza aceleradamente en la provincia de Napo y llega hasta tres de sus áreas protegidas, realizada por Antonio Paz para Mongabay en agosto de 2022, las áreas protegidas de la provincia alcanzan el 53.7%, mientras que se han autorizado 288 concesiones mineras, dedicadas a la extracción de oro y materiales pétreos. Estas concesiones principalmente se concentran en los cantones de Tena y Julio Arosemena Tola.
La misma investigación destaca que las áreas dedicadas a la actividad minera en Napo tuvieron un incremento considerable entre 1996 y 2020. “En 1996 se detectaron 2.6 hectáreas dedicadas a la minería, mientras que en el año 2020 la superficie dedicada a esta actividad alcanzó 556.8, aumentando su superficie en casi 210 veces en 24 años”.
Este incremento de la actividad minera ha hecho que la provincia de Napo se encuentre afectada por la minería legal e ilegal. Patricio Meza, técnico de la Confeniae dice que en relación a la minería ilegal, se han realizado operativos en el sector Naranjito donde se ha decomisado maquinaria. Y “lo que hemos visto es que hay una alianza, un complot entre las dos. La minería legal permite que mineros ilegales trabajen en sus concesiones otorgadas legalmente por el Estado”.
Las actividades mineras han generado contaminación en la naturaleza y en sus ríos como el Jatunyacu, Blanco, Ila y Yutzupino provocando que el pueblo napense. Los pueblos y nacionalidades no pueden hacer uso del agua por las afectaciones que les causa. Por ello, desde la vía legal, varios colectivos de Napo en conjunto con los Gads Parroquiales y la Defensoría del Pueblo presentaron una acción de protección en la Corte Provincial de Napo, en 2021. El juez constitucional Roberto S., en 2022, aceptó de forma parcial y declaró la vulneración de derechos constitucionales de la naturaleza por acción y emisión del Estado ecuatoriano.
Según la organización Acción Ecológica, la acción de protección dictó medidas de reparación integral por las afectaciones por minería aluvial de los ríos Blanco, Jatun Yacu, Ila, Anzú y Napo del cantón Carlos Julio Arosemena Tola y en sus comunidades Kichwa y mestizas.
Sin embargo, no se han cumplido con esas disposiciones por lo que el pueblo de Napo se declara en movilización permanente, y aseguran que todos los lunes realizan plantones en el cantón Tena para manifestar su malestar, evidenciar sobre las afectaciones de la minería, pedir que se declare la provincia en Emergencia Ambiental y exigir que la Corte Constitucional se pronuncie frente a la problemática. Esta acción fue llevada a finales del 2022 a la Corte, para que como máxima autoridad se pronuncie.
Las afectaciones de las actividades mineras no solo provocan contaminación a la naturaleza y los ríos, sino que además, generan que la comunidad se fragmente y que debido a la mala situación económica de las familias, estas se ven obligadas a trabajar para las mineras en condiciones de precarización. Según Meza, desde la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, Foin, están trabajando para llegar a todos los territorios de Napo y hacer que las familias retomen actividades amigables con la naturaleza y con su vida como la agricultura.
Meza destaca que las acciones emprendidas desde la provincia buscan que el gobierno nacional cumpla con los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo en relación a la minería y la extracción de petróleo. Entre estos acuerdos están:
-Moratoria minera y petrolera
-suspensión de la entrega de nuevas concesiones mineras
-apertura del catastro minero
-consulta previa, libre e informada.
Frente a la minería y buscando la protección de la naturaleza y el territorio nacional de las actividades mineras, el 12 de enero de 2023, en la provincia de Cotopaxi se realizará una asamblea nacional por parte de la Conaie y el Frente Nacional Antiminero para analizar las amenazas a los territorios, evaluar el avance de la minería y de los cumplimientos e incumplimietos de los acuerdos de las mesas de diálogo, para así tomar acciones frente a ello.
