Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan1

 

 

La Asamblea Nacional conoció el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación y recibió en Comisión General a más de 20 personas para aportar al informe, pero este no se llegó a debatir ni a votar.  A la par, organizaciones de mujeres, feministas, indígenas, afrodescendientes y disidencias realizaron una Movilización Nacional por el Aborto por Violación y se congregaron en los exteriores de la Asamblea Nacional, en Quito. Previo a la Movilización, diversas articulaciones realizaron ruedas de prensa para exigir una ley sin restricciones, ni retrocesos, que proteja a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de abuso sexual que quieran interrumpir su embarazo de forma voluntaria, libre, gratuita y sin criminalización. Estos son sus argumentos en busca de una Ley justa y Reparadora.

 

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Organizadas por una Ley Justa y Reparadora, OLA y la Alianza de Niñez y Adolescencia convocaron a una rueda de prensa, el 19 de enero de 2022, para dar a conocer sus argumentos alrededor de proyecto de Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación que tramita la Asamblea Nacional.

El artículo 19 del Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación, establece que existirán plazos por cada grupo etario: al tratarse de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo podrá realizarse hasta las 22 semanas; para mujeres mayores de 18 años en un plazo de 20 semanas; mientras que para las mujeres con discapacidad se observará lo dispuesto en la Guía de Práctica Clínica denominada “Atención del Aborto Terapéutico” elaborada por el Ministerio de Salud Pública.

Sobre este tema, Johanna Romero, abogada constitucionalista y docente universitaria expresó que “La causal violación no debe tener plazos porque sus consecuencias no desaparecen en la semana 22”. Para ella, la ley debe colocar a las víctimas en el centro, porque al hablarse de la edad gestacional las víctimas se convierten en un sujeto sin capacidad de decisión; cuando son sus vidas sobre las cuales se está decidiendo.  De la misma forma, Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de protección de Derechos de Quito y parte de la Alianza Niñez y Adolescencia, dijo que: “El aborto por violación ya es una excepcionalidad vigente durante 83 años. Colocar plazos es una excepcionalidad sobre la excepcionalidad. Son niñas secuestradas por el abuso, y son las que siempre llegarán tarde a los servicios de salud”.

Para Johanna Romero la pregunta que se deben hacer los asambleístas es: ¿bajo qué condiciones una mujer víctima de violación podría llegar hasta el segundo trimestre con un embarazo no deseado?, aquellas mujeres, dice “son las mujeres que están en mayor vulnerabilidad”, mujeres sin acceso a justicia, a servicios de salud, en peligro extremo y en ausencia del Estado, son mujeres que han sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida: psicológica, física, sexual o patrimonial, según el informe Acceso a la Justicia de las Mujeres en Ecuador. A esto Susana Guijarro, doctora especialista en niñez y adolescencia, añadió que “hay más barreras de acceso a la salud para las mujeres que tienen mayor vulnerabilidad, las que tienen muchas veces que ir en canoa hasta el centro de salud más cercano después de caminar 5 horas. Debemos partir de la realidad de nuestro país y no de criterios personales”.

Susana también mencionó que la segunda causa de muerte en adolescentes es el embarazo y el parto. Según cifras presentadas por la Organización Mundial de la Salud aproximadamente 16 millones de jóvenes de entre 15 a 19 años y cerca de 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo.

La abogada María Espinoza, defensora de Derecho Humanos y magíster en litigio estratégico hizo un llamado a la Asamblea Nacional “legislar para todas y con especial atención para aquellas personas, niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar que por sus propias realidades culturales o socioeconómicas tengan mayores vulnerabilidades y mayores riesgos”. Por lo que Johanna recalcó que la discusión central es el aborto “Las mujeres que quieran abortar no podrán ser penalizadas, pero tampoco podrán acceder a un sistema de salud digno y estarán condenadas a la clandestinidad y a la muerte, porque los abortos seguirán existiendo”, reitera Johanna.

Créditos: Tania Macera

 

A un día de la movilización nacional, el 24 de enero de 2022 organizaciones de mujeres, feministas y disidencias de la articulación Trenzando Feminismo, Fundación Desafío, Diálogo Nacional Disidente, Tejedoras Manabitas, la Articulación de Mujeres Negras y Afrodescendientes, Allullas Verdes junto a otras organizaciones realizaron una rueda de prensa para expresar sus posturas frente al aborto por violación y anunciar una movilización nacional.

Zoila Menéndez, parte del colectivo Tejedoras Manabitas, habló sobre las cifras de violencia de género. Según Plan Internacional por la niñez en Ecuador, en el país se registran el día un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a niñas y mujeres; además, en promedio, se reciben   14   denuncias de violación por día, tres de ellas son contra niñas menores de 14   años, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado. Siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día, la mayoría de ellas por violencia sexual por un adulto conocido, según datos del Ministerio de Salud.

En abril del 2021 la Corte Constitucional estableció que era inconstitucional criminalizar mujeres por interrumpir su embarazo producto de una violación “le toca ahora a la Asamblea Nacional hacer efectivo ese mandato y aprobar la regulación con una Ley Justa y Reparadora. Una ley que garantice el acceso a un aborto seguro que por muchos años el Estado ecuatoriano les ha negado a las mujeres violadas y embarazadas por el violador”, añadió Zoila.

Virginia Gómez de la Torre, médica y directora de Fundación Desafío, una de las organizaciones impulsoras de la campaña Aborto por Violación, hizo énfasis en la aprobación del informe de mayoría que se discute en la Asamblea Nacional “pensamos que el informe de mayoría responde a una realidad extrema de crueldad en la que las niñas, adolescentes y mujeres son obligadas a parir producto de una violación y producto de un crimen afectando su decisión, afectando su futuro”.

La médica también denunció el informe de minoría presentado por el asambleísta Ricardo Vanegas, el mismo que ha sido apoyado por Sofía Espín, Dalton Bacigalupo y otros asambleístas de la denominada Coalición Provida “esta ley lo que hace es anular la sentencia de la Corte y lo que pretende, en la práctica, es derogar el aborto terapéutico.”, recalcó Virginia. A esto, José Bohórquez, representante de la Plataforma Diálogo Nacional Disidente, agregó que el informe de minoría presentado por Vanegas “discrimina a las personas sexo diversas, mientras que el de mayoría incluye a las diversidades. Esto evita que se tenga una data de las personas transgénero y disidentes que acudimos a este servicio, no se evidenciará la violencia a la que estamos expuestos y expuestas las personas”

A esta rueda de prensa también se sumaron jóvenes. Amanda Narváez representante de Allullas Verdes de Cotopaxi, una colectiva de jóvenes feministas, mencionó que “la pobreza, la falta de educación sexual y los precarios servicios de salud retrasan el acceso de las sobrevivientes de violencia sexual al aborto”. Según el informe Por qué despenalizar el aborto en caso de violación en el Ecuador, la violación y el embarazo impacta de una manera desproporcionada en las niñas y adolescentes, ya que su cuerpo no está preparado para llevar un embarazo;  a esto se suma los contextos de pobreza y precariedad en las que viven niñas, adolescentes y mujeres.

En Ecuador, los embarazos en adolescentes menores de 14 años tienen una alta correlación con la violencia sexual, el sistema de salud y Fiscalía registran que entre el 30% y 50% de los casos reportados sobre violencia física, sexual o psicológica corresponden a niñas, niños, adolescentes, según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021. Ante esta realidad Amanda recalcó que “Las y los jóvenes no tenemos acceso a una adecuada educación sexual, lo cual genera que muchas veces no contemos con información adecuada para decidir. La educación sexual ayuda a la identificación y a la prevención de la violencia sexual, pero en Ecuador esta es deficiente. Si el Estado no está garantizando ese derecho, tampoco puede criminalizarnos por abortar, ni obligarnos a una maternidad que no hemos deseado y que tampoco hemos decidido”. Amanda además explicó que en Ecuador el 43.4% del padrón electoral a nivel nacional son jóvenes de entre 16 y 35 años y se dirigió a las y los asambleístas “somos jóvenes que en las anteriores elecciones nos pronunciamos por propuesta a favor de las mujeres, de las niñas, de la comunidad LGBTI y del aborto por violación. De la misma forma somos jóvenes los que nos vamos a movilizar este martes 25 a favor de que se garantice el aborto por violación sin retroceso”.

En la rueda de prensa también participó Jaqueline Gallegos de la Articulación de Mujeres Negras y Afrodescendientes, que agrupa a mujeres negras de diversas ciudades, territorios y organizaciones. “Siempre el pueblo negro ha sido quien ha luchado contra las desigualdades. Nosotras como mujeres negras, cimarronas, luchamos por el derecho a decidir, creemos que no debe existir plazos ni restricciones, debe estar fuera de todas las cargas de discriminación históricas, sociales sobre los cuerpos de niñas y mujeres” expresó Jaqueline.

En la misma línea, Sinchi Gómez, de la articulación Trenzando Feminismo dijo “quienes llegamos más tarde al sistema de salud somos las más vulnerables, las indígenas, las afrodescendientes, las de zonas rurales y las empobrecidas”. Ella se pregunta “¿Qué va a pasar si no aprueban una ley favorable para las mujeres y niñas? ¿Qué harán si ya no pueden meternos presas? Solo aumentarán los abortos en situación de riesgo lo que será un problema de salud pública”.

Ante estas interrogantes que surgen y el análisis de la problemática presentada, las organizaciones exigieron a los asambleístas aprobar una ley sin restricciones y rechazar el informe de minoría que representa un retroceso en derechos.

La rueda de prensa concluyó con la convocatoria de organizaciones, colectivas de mujeres, feministas y disidencias desde diferentes provincias para concentrase en la Asamblea Nacional el martes 25 de enero desde las 8:30, en busca de una Ley Justa y Reparadora.