Por: Ana María Acosta @yakuana

La reparación, es una medida que buscan resarcir de forma simbólica un daño irreparable. Aunque parezca contradictorio, es así. Un niño, una niña que fue abusado sexual y psicológicamente por casi un año, en su propia escuela, sufrió un daño irreparable; una madre, un padre, un familiar que tuvo que acompañar este abuso, denunciarlo y vivir todo el pesado camino de la justicia, también sufrió un daño irreparable. El abuso sexual es algo que atraviesa el cuerpo,  la mente y la vida integral de una persona, más aún si esa persona es un niño o una niña. El hombre que abusó de estos niños está condenado a 16 años de prisión. Pero la prisión no basta cuando de este tipo de violencia se trata. Es por eso que existen las medidas de reparación. Son medidas que buscan resarcir de forma simbólica lo que sucedió, buscan además prevenir y precautelar para que este tipo de hechos no vuelvan a pasar; es por eso que son medidas que deben ser cumplidas obligatoriamente y que incluyen a los responsables institucionales. En este caso, el abuso a 41 niños y niñas se dio en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, AAMPETRA, ubicada al sur de Quito, por lo que este colegio debía cumplir medidas de reparación para los niños y las niñas.  Pero no fue así. El Colegio interpuso una Acción de Protección en la Corte Constitucional, argumentando que las medidas de reparación ponían en riesgo el “buen nombre” de la institución. Para el rector, la imagen y el prestigio del centro educativo valía más que la reparación integral de los niños y niñas abusados. Ventajosamente, la Corte rechazó esta acción, por lo que el Colegio tenía la obligación de cumplir estas medidas hasta este mes.

Hoy debía ser un día especial para las madres y padres de los 41 niños abusados en el colegio AAMPETRA. Hoy debía ser un momento en el que sus cuerpos y mentes sientan que el sufrimiento que ellos pasaron, no lo van a volver a pasar otros niños y niñas,  porque en esa aula donde pasó el abusó se dictarán charlas de prevención de la violencia, porque ahí se colocará una placa que diga: “En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”, porque el rector les pedirá disculpas a nombre de toda la institución. Pero no fue así.

Cuando las madres, padres y familiares llegaron al Colegio fueron impedidos de ingresar.  Ellas y ellos, quienes debían recibir las disculpas, fueron detenidos en la puerta. Un representante del Ministerio de Educación, que luego se identificó como el subsecretario de Educación, daba las explicaciones de que los medios no podrían filmar la ceremonia y pidió “respeto a los estudiantes” además pedía que los medios acepten un condicionante: no podían filmar la ceremonia y esperar la rueda de prensa posterior que se daría en los exteriores de las instalaciones. El Defensor del Pueblo, también fue impedido de ingresar. Los familiares permanecieron afuera, como si su dolor y exigencia de justicia representarán una amenaza para el colegio. La puerta cerrada fue la primera re victimización. Luego todos pudieron entrar, pero ya se notaba que las autoridades de la institución educativa no querían una reparación real.

En la ceremonia realizada, el Rector Luis Naranjo Paredes debía dar las disculpas públicas, pero no lo hizo. En su reemplazo habló el Vicerrector Guillermo Jaramillo. Desde el inicio, sus palabras fueron una citas vacías de frases célebres, que nada tenían que ver con la razón de la ceremonia: las disculpas públicas. En vez de hacerlas, empezó a justificar lo sucedido y a expresar su preocupación “por el daño mediático” contra su institución. Es decir  la institución que debía pedir disculpas, culpando a las víctimas por un “daño mediático”.  Los gritos de los familiares no paraban “mentiroso”, “nos mandaron a que probáramos”, “dónde están las disculpas”, “aula del terror”.  De nada sirvió que esté presente la Fiscalía, el Ministerio de Educación, UNICEF. Las disculpas no llegaron.  La placa fue mostrada en la ausencia de las víctimas y la Fiscalía abandonó la ceremonia diciendo que pedirán un informe ya que “no escucharon las disculpas”. Los familiares, son víctimas secundarias de lo ocurrido y hoy sus derechos fuero violados nuevamente, esta ceremonia tocó el límite de la revictimización. ¿Qué hará el Ministerio de Educación? ¿Qué hará la Fiscalía? ¿El rector volverá a guardar silencio ante el abuso?. Si esto sucede, la sociedad no lo hará, porque como dijo una de las madres “si bien es cierto la placa no resarce los daños causados en la niñez de nuestros niños, ahora adolescentes, pero sí sienta un precedente para  que estos casos no se vuelvan a repetir, que nunca más escuchemos decir que el prestigio de una institución pesa más que los derechos de los niños que fueron brutalmente violentados y que nunca pidieron estar en la aula del terror”.