FEMINISMOS
.
“Su voz se apagó, pero su nombre será un legado”
El transfemicidio de Jéssica Martínez
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 07 de septiembre de 2022
.
Jéssica Martínez era una mujer transgénero afrodescendiente, de 37 años de edad, activista y defensora de los derechos humanos. Vivió en Chone, provincia de Manabí y migró a la ciudad de Ambato, donde ejerció el trabajo sexual. Ella era la vicepresidenta de la Asociación Trans Nueva Esperanza y el pasado 03 de septiembre fue asesinada por denunciar las extorsiones y amenazas que sufría por parte de bandas delictivas, junto con el resto de sus compañeras.
Organizaciones de mujeres trans alertan sobre el pago de las llamadas vacunas en contra de sus compañeras que ejercen trabajo sexual en Cuenca, Guayaquil, Ambato y Quito. Esta preocupación se suma además, a la indiferencia de las autoridades, al escaso acceso a la justicia que tienen las mujeres trans y a los vacíos en la ley que hacen que no se reconozcan los transfemicidios.
***
“Yo admiraba su fortaleza. Yo siempre respeté su forma de ver la vida. Quienes formamos la Red Trans somos un grupo de mujeres que venimos siendo violentadas desde niñas porque hemos pensado y vivido como mujeres a pesar del odio que se ha volcado en contra de nosotras por no encajar en lo normal». Estas son las palabras de Odalys Cayambe, lideresa comunitaria y parte de la Red Comunitaria Trans del Ecuador, al recordar a Jéssica Martínez, asesinada el pasado 3 de septiembre de 2022, en Ambato.
La lideresa recuerda que invitó a Jéssica a ser parte de la Red Trans en 2017, por su inteligencia, porque era un buen ser humano y tenía ganas de prepararse y cambiar el mundo. “Eso es lo mejor que tengo. Su voz se apagó y nos queda solamente recordar que su nombre será un legado” dice Odalys, a través de una llamada telefónica, mientras su voz se entrecorta y contiene sus ganas de llorar.
Jéssica Martínez, mujer trans de 37 años, afrodescendiente, proveniente de Chone, provincia de Manabí, migró hace 15 años a la ciudad de Ambato, en el centro del país. Allí ejercía el trabajo sexual. Según el documental: Luciérnagas, el delito de ser transgénero y no tener documentos de identidad, Jéssica huyó de las agresiones policiales que sufrió en la ciudad de Quito tras una redada. En el documental, Jéssica aseguró “me dieron una paliza y como ellos eran más, pensaron que yo estaba muerta. Me dejaron botada al lado de una quebrada”.
El informe Runa Sipoy, Asesinatos Trans– LGBT 2020, elaborado por la organización Silueta X, muestra que cerca de 14 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI fueron asesinadas en 2020, siendo la población trans la más afectada, con un 57%, en relación al 36% de muertes violentas de hombres gays y a un 7% de personas de género no conforme; es decir, personas que no se identifican con el género masculino, femenino o ambos.
Odalys Cayambe, lideresa comunitaria y parte de la Red Comunitaria Trans del Ecuador conoció a Jéssica desde hace 18 años y comentó que lo sucedido con la activista no es nuevo. Ella venía luchando en contra de las extorsiones que las bandas delictivas realizan a trabajadoras sexuales desde hace tiempo. Según Odalys, Jéssica intentó denunciar pero “nadie quiso poner la voz. Por eso decidió hacerlo ella, desde su convicción y realidad, tratando de no caer obligadamente en el pago mensual de 250 dólares y 500 dólares como cuota de entrada”.
Desde hace siete meses, Jéssica decidió levantarse frente a estos atropellos y con las mujeres trans de Ambato denunciaron la situación en fiscalía y en la Defensoría del Pueblo, por dos ocasiones. También realizaron incidencia en redes sociales, pero sucede que, “cuando decimos trabajadoras sexuales nadie nos atiende, nadie nos apoya”, agrega Odalys. Y cuenta que como consecuencia de las denuncias, Jéssica fue perseguida, amedrentada, violentada psicológicamente, incluso desde la cárcel, aseguró Odalys.
Frente a esta situación, desde la Red de Mujeres Trans brindaron su fortaleza a Jéssica, le dieron mensajes de apoyo como “párate fuerte hermana, para no caer en el juego. La gente tiene una idea distorsionada de las trabajadores sexuales trans. Creen que porque nos paramos en una calle, en la noche, estamos podridas en plata y no es así”.
Odalys recibió un audio de parte de Jéssica, días anteriores a su asesinato, donde le decía “tengo mucho miedo amiga, porque esto está super fuerte. Esa gente está cayendo y dicen que hay una infiltrada y tengo los ojos encima, porque saben que la única que pelea, salta y grita soy yo. Por mí no han podido cobrarle plata a las que son de mi grupo”, y agregó que temía por su seguridad y su vida porque sabía de muy buena fuente que pedían su “cabeza”.
“Jéssica pudo pagar sus 30 dólares semanales y estar viva y tranquila, pero no es justo que sigan viviendo del sufrimiento de nuestros cuerpos”, dice Odalys, al recordar la muerte de Jéssica Martínez.
.
La lucha porque se nos reconozca
En Ecuador, antes de 1997, las personas LGBTIQ+ no eran consideradas como sujetos o sujetas de derechos, pues en el artículo 516 del Código Integral Penal de ese entonces, vigente desde 1938, la homosexualidad era considerada como un delito “que espera ser corregido” con penas de entre 4 y 8 años de prisión. Es decir, las personas homosexuales eran consideradas delincuentes y se vieron obligadas a entrar a la clandestinidad por la criminalización.
Es así que, en junio de 1992, en el bar Abanico’s de Cuenca, el entonces intendente de la Policía Nacional de la provincia de Azuay, Diego Crespo, realizó un operativo mientras se realizaba la elección de la reina gay de la ciudad. Alrededor de 60 personas no heterosexuales fueron detenidas y llevadas al Centro de Detención Provisional. Eso generó que las colectivas de la ciudad se organizaran para pedir la inconstitucionalidad del artículo 516 del anterior Código Penal y despenalizar la homosexualidad en el país, la misma que se logró en noviembre de ese año, según el texto: Breve cronología en la reivindicación de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Ecuador.
De este hecho, han pasado 25 años, sin embargo Odalys Cayambe dice, “son 25 años y aquí estamos, muriendo, asustadas, acorraladas, empobrecidas y así no sé hasta cuando vamos a seguir”.
Y aunque la homosexualidad fue despenalizada, el trabajo sexual no es reconocido en su totalidad, según un comunicado de la Fundación CARE, emitido el 2 de junio, por el Día de la Trabajadora Sexual. En cuanto a políticas públicas, esta institución asegura que solo existe el Acuerdo Ministerial 4911 del Ministerio de Salud Pública del 2014, que establece un reglamento de control a establecimientos donde se ejerce trabajo sexual y regula las condiciones de salubridad que deben presentar dichos centros. De allí que, para CARE falten políticas y mecanismos de protección, lo que asegura, coloca a las mujeres y personas que ejercen trabajo sexual, en condiciones de vulnerabilidad, violencia, riesgo de explotación y abuso de autoridades.
.
Las consecuencias de levantar su voz
Lissette Pardo Jijón, abogada penalista, experta en género y presidenta de la asociación de abogadas feministas del Ecuador, dijo que Jessica pidió ayuda muchas veces, pero por el temor de ser identificada, se acercaba a las Unidades de Policía Comunitaria para contar lo que estaba sucediendo. La abogada conoció a Jéssica y acompañó a la Asociación Nueva Esperanza en una denuncia por un delito de odio.
El comunicador Walter Villegas realizó un video en vivo, en redes sociales, a través de la página «Maestro Cherazo», donde recorre en su auto durante la noche, varias calles del centro de Ambato, identificando los espacios donde se ubican las trabajadoras sexuales, mientras cuenta: “estamos en la zona roja de Ambato para mostrarles cómo ha ido proliferando la prostitución, delincuencia, droga”. Además, emitió comentarios sexistas y misóginos en contra de las trabajadoras sexuales. Este discurso, la abogada Lissette lo calificó como “un discurso de odio” hacia el trabajo sexual de las mujeres trans, por lo que la Secretaría de Derechos Humanos contactó a Lissette Pardo para saber lo sucedido y de oficio, iniciar una investigación por “el delito de discriminación”.
La Secretaría envió la información a la Defensoría del Pueblo y esta institución dispuso que Walter Villegas pida disculpas de manera pública. En cumplimiento a esa disposición, el 11 de agosto de 2022 se dieron las disculpas. Sin embargo, Jéssica a través de un vídeo, agradeció la gestión de la Defensoría del Pueblo, pero aseguró que no estaban conformes, pues “no se entendió a quien iban dirigidas las disculpas”. Señaló que las mismas, “debían ser dirigidas hacía nosotras, las mujeres transgénero trabajadoras sexuales, pertenecientes a la Asociación Trans Nueva Esperanza”. Por su parte, la abogada Lissette señaló que dichas disculpas fueron “bastante escuetas”, y no satisficieron a Jéssica ni a la Asociación de mujeres trans.
Posterior a este evento, en una reunión que tuvo Lissette con Jessica, ella le comentó que estaba recibiendo amenazas. En principio, pensó que se trataba de una réplica al vídeo difundido por el comunicador Walter Villegas; pero el problema se volvió más fuerte. Las primeras mujeres trans que empezaron a sufrir presiones “de mafias y crimen organizado”, fueron aquellas que no estaban dentro de la Asociación Nueva Esperanza; se les exigía el pago de 50 dólares por semana por el espacio que usaban en la calle. Según la abogada, estas mujeres hablaron de la situación en la Asociación, pero Jéssica se negó a pagar, diciendo que es un espacio público. A todo esto, se sumó la presión para que “vendan droga, algo que Jéssica no quería, porque de por sí, el trabajo sexual es muy criminalizado”.
Jéssica junto a la abogada Pardo tenían pensado poner una denuncia en el transcurso de la segunda semana de septiembre y estaban evaluando la situación para hacerlo de manera prudente, por la gravedad del problema. Sin embargo, el 3 de septiembre, en el parque 12 de Noviembre de la ciudad de Ambato, Jéssica Martínez recibió 13 impactos de bala. Tras ser llevada al centro forense, sus compañeras tardaron en retirar el cuerpo, pues no contaban con información clara de sus familiares.
El cuerpo de Jessica fue retirado el día domingo del Centro Forense y llevado a la Sala de Velación del Municipio de Ambato, para luego, ser enterrada el 06 de septiembre, en el Cementerio de Techo Propio. El féretro fue una donación de varias colectivas trans y feministas.
La abogada Lissette Pardo contó que la policía ingresó a casa de Jéssica para buscar posibles vínculos con el narcotráfico. “A mi criterio personal, lo hicieron para evitar hacer una investigación. Es mucho más fácil, decir que la mataron por un ajuste de cuentas, que por su activismo”, agregó. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación de oficio y se espera que en los próximos días, se determine el delito por el cual se investigará el asesinato de Jéssica. A criterio de la abogada, el caso puede ser investigado como un transfemicidio.
La Alianza en contra de las prisiones coincide en que señalar que el asesinato de Jéssica se trató de un transfemicidio, pues asegura que, “el Estado fue alertado, Fiscalía está en conocimiento de esto por dos denuncias que ellas pusieron, igual la Defensoría del Pueblo”.
Sin embargo, la Red Comunitaria Trans menciona en un comunicado en redes que, desde la actualización del Código Penal en 2013, donde se reconoce el delito de femicidio, no se ha sancionado ningún asesinato en contra de mujeres trans. La ley según el comunicado, no reconoce como víctimas a las mujeres trans lo que dificulta su acceso a la justicia por este delito.
.
“Aunque tengo miedo, no me callo”
“Las mujeres trans solo queremos ser felices, nosotras tenemos todo el derecho de serlo, tal cual, lo tienen todas las personas ¡Deja de matarnos!”. Estas son las palabras de Odalys Cayambe Bustamante, mujer trans y lideresa de la Red Comunitaria Trans del Ecuador, al denunciar que desde hace algún tiempo, las mujeres trans en el país están siendo amenazadas, violentadas y extorsionadas.
A más de las extorsiones, está la indiferencia estatal y la impunidad “no tenemos seguridad ni ayudas sociales. No tenemos padre, madre, bandera, familia, gobierno y menos, incidencia de derechos que nos ayuden. Eso ha hecho que el narcotráfico, la mafia y toda esta ola delictiva se empoderen de nuestro trabajo, nuestra vida, nuestro cuerpo”.
Debido a las denuncias que se han generado en redes sociales por la muerte de Jéssica Martínez, Devy Grijalva, activista transfeminista, denunció a través de su cuenta de Twitter, “a finales del año pasado, yo caminaba por la Mariscal (Quito), cuando una camioneta se detuvo, fui amenazada y extorsiona por algunos hombres. Además me hicieron una videollamada con un jefe de la mafia que se encontraba en la cárcel. Las trans somos asesinadas por el crimen organizado”.
Devy Grijalva asegura que esta situación se repite en Cuenca, Quito, Ambato y Guayaquil, donde las mafias del narcotráfico estarían obligando a las mujeres trans, “a vender droga y a pagar unos precios altísimos para seguir trabajando. Y eso viene de parte de la policía también”. La Alianza contra las prisiones y la Red Comunitaria Trans también denunciaron, en sus respectivos comunicados, un intento de transfemicidio en contra de Samantha, una mujer trans de Guayaquil, quien fue fuertemente golpeada mientras trabajaba.
El resto de mujeres trans en Ambato que se dedican al trabajo sexual están totalmente preocupadas y no quieren que el caso de Jéssica Martínez quede en la impunidad “pero al tratarse de mafias tiende a ser un problemas más amplio. Debemos tener la seguridad de que las víctimas, las mujeres trans y abogadas, no tendrán consecuencias. Este asesinato si refiere un llamado de atención a los activismos. Estamos hablando de una comunidad olvidada, menoscabada”.
