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Hostigamiento por parte de policías a activistas feministas después de la marcha contra la violencia

 

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Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

foto de portada: Karla Morales

 

Publicado 07 de octubre del 2022

 

 

Cristel López*, Alejandra Valencia* y Queer Lozada* son activistas feministas que participaron en la marcha del 01 de octubre de 2022, en contra del “Estado femicida y transfemicida” convocada por feministas, transfeministas y familiares de mujeres víctimas de femicidio, como la madre de María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía.

Las activistas denunciaron que después de la marcha fueron hostigadas y perseguidas por la Policía Nacional, les sacaron fotografías, registraron sus cédulas y requisaron sus maletas. Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Inredh, una organización que trabaja por los derechos humanos y la naturaleza, analizó el accionar de la institución policial en un contexto en el que desde el discurso oficial se busca crear en el imaginario de las personas la construcción de un “enemigo interno” para legitimar los excesos policiales. ¿Es legal el accionar de la Policía?

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Feministas, mujeres, personas de las disidencias y madres sosteniendo pancartas y fotografías de sus hijas víctimas de femicidio fue una de las imágenes más presente en la marcha del  01 de octubre de 2022 que salió desde el  Parque el Arbolito, en Quito, hacia la Comandancia de Policía. La multitudinaria marcha juntó en un solo gritó ¡Ni una menos! ¡vivas nos queremos! las demandas dirigidas hacia el gobierno nacional y a sus instituciones, en especial a la institución policial.

La marcha avanzó por la avenida 6 de diciembre hasta la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado, luego se dirigió hasta la avenida Amazonas y llegó hasta la Comandancia General de la Policía Nacional, donde hubo un plantón. Allí, se agruparon  activistas feministas y madres de mujeres víctimas de femicidios, exigiendo justicia y que el Estado y la Policía Nacional respondan por el femicidio de María Belén Bernal, asesinada dentro  Escuela Superior de Policía, en Quito, por su esposo, el teniente policía Germán Cáceres. Entre cantos a viva voz, consignas y gritos, la marcha culminó y cada una de las personas que la acompañaban se dirigieron a sus distintos destinos.

Mientras cada una se dispersaba Cristel López*, Alejandra Valencia* y Queer* activistas feministas fueron hostigadas y amedrentadas por agentes de la Policía Nacional en distintos lugares.

 

Alejandra Valencia*

Alejandra Valencia* es abogada y feminista, después de retirarse de la marcha del 01 de octubre, ella junto a una compañera se dirigió hasta el parque La Carolina para después ir hasta la Unidad de Flagrancia en la Fiscalía General del Estado para acompañar un caso de violencia de sexual. Para eso, tomaron un taxi en la avenida de los Shyris y al llegar entre la avenida Eloy Alfaro y Amazonas dos motorizados interceptaron el taxi y “dos chapas vestidos de civiles, un hombre y una mujer, nos pidieron la cédula a mi compañera, a mí y al taxista”.

En ese momento ella y su compañera se percataron de que son policías porque los mismos les dijeron: “somos policías y tenemos derecho a requisar a cualquier persona”. Y aunque de primer momento les informaron que la requisa era por el taxi, no fue así, la Policía le sacó una fotografía a Alejandra “entonces yo reaccioné, saqué mi celular y los empiezo a grabar y sacar fotos. A mi amiga le devolvieron la cédula y a mí no me la querían devolver”.

Transcurridos unos minutos la Policía le devolvió la cédula a Alejandra después de sacarle fotografías. Estos policías no se identificaron y tampoco facilitaron sus nombres. “Nos fuimos muy asustadas, porque no es normal que te paren para sacarte fotos. También fue muy indignante porque fue una persecución política a las activistas feministas, defensoras de derechos por parte de la Policía Nacional”.

Alejandra denuncia que es indignante la forma en que la Policía Nacional persigue a quienes acompañan casos de violencia machista, en lugar de buscar a los feminicidas que violentan a las mujeres. Ella responsabiliza al gobierno de Guillermo Lasso por “cualquier cosa que pueda pasar con nuestras vidas, porque ¿cómo es posible que el gobierno ponga a activos de la Policía a perseguir activistas y defensoras de derechos humanos que defienden a mujeres y niñas?”. A esto, la activista agregó que las detuvieron como si fuesen desestabilizadoras del gobierno cuando no lo son y lo que debe hacer la Policía Nacional es revisar todo lo que sucede puertas adentro de su institución, como lo sucedido con María Belén Bernal y la fuga de su femicida, Germán Cáceres.

Lo que dice Alejandra se enmarca en un contexto en que el gobierno nacional, a través de varios funcionarios, ha nombrado a activistas feministas desde una mirada estigmatizante. Eso ocurrió con Diego Ordoñez, secretario de nacional de seguridad pública y del Estado, en una entrevista para un medio público, quien arremetió contra activistas feministas que exigían la búsqueda de María Belén Bernal y acompañaron a su madre Elizabeth Otavalo y las vinculó con la desestabilización de la institucionalidad. El funcionario dijo:

“cómo sucede en este país, aquellos que defienden la violencia o aquellas que defienden la violencia. Los activistas o las activistas que defienden la violencia, aquellos que quieren desestabilizar la institucionalidad se seguridad en el país, ya encontraron aquí un motivo para construir un relato que pretende concluir que aquí se trata de un acto institucional”.   

Para Luis Ángel Saavedra, coordinador ejecutivo de Inredh, organización de derechos humanos, hay un discurso que se desea consolidar desde el gobierno y los sectores de comunicación tradicionales, con el fin de legitimar cualquier tipo de acción policial en el control de la protesta, donde toda protesta social se lo va a considerar como parte de un “enemigo interno”. Saavedra explica que para gobiernos neoliberales que imponen políticas de facto antipopulares –como el de Lasso– es necesario tener un enemigo y que en el imaginario de la sociedad se construya ese enemigo, para de esa manera legitimar los excesos policiales y del poder político en el control de las incidencias. Por lo que, “decir que el movimiento feminista es desatabilizador es parte de ese discurso que se ecamina en construir el imaginario del enemigo interno y lo que se busca es que la gente acepte la represión, porque se cree que están en peligro. Ese es el discurso oficial: ‘los y las desestabilizadoras no le van a permitir trabajar, progresar, son gente que se oponen a todo y hay que controlarlos a cualquier precio’. Con eso se legitima la acción policial y específicamente durante tensiones”.            

 

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Queer Lozada*

Queer Lozada* es activista queer del colectivo PachaQueer, ella narra que en el momento en que las personas que asistieron a la marcha del 01 de octubre se empezaron a dispersar y una amiga suya le dijo:

 – Ya vámonos porque es peligroso que nos quedemos aquí solas

– Sí, sí es cierto– respondió Queer a su amiga

Como ella vive cerca de la Comandancia General de la Policía Nacional, decidió irse a su casa caminando junto a un amigo, en el transcurso del camino sintieron hambre y fueron hasta un restaurante para comer. Estando en el restaurante tres policías entraron “arbitrariamente” y dijeron que era algo de rutina, por lo que empezaron a pedir documentación al resto de personas que se encontraban ahí, vieron los documentos y los entregaron enseguida hasta que, llegaron a la mesa donde estaba Queer y su amigo, los rodearon, les pidieron documentación y ella no llevaba su cédula en ese momento; así que uno de los policías lo empezó a filmar y sacar fotografías hasta que ella entregó sus datos. Enseguida los policías pidieron sus mochilas para requisarlas:

– Tu  mochila, sácala ahorita, la tenemos que revisar –le dijo uno de los policías

– ¿Por qué? Se supone que esto es rutinario y deben hacerlo con todos, no solo con nosotras– respondió Queer al policía

– ¿Qué escondes? ¿Te da miedo?– le dijo el policía

Queer se sintió amedrentada y entregó su mochila para la requisa, el policía metió las manos, sacaron todo y le dieron la vuelta, al mismo tiempo su amigo también entregó su mochila “ la gente que estaba en el restaurante nos miraban como si fuésemos delincuentes”. Al no encontrarles nada y revisar sus bases de datos, los policías se retiraron del restaurante y Queer preguntó a la dueña si es verdad que hacen requisas de rutina, a lo que ella respondió que no. “Fue muy feo, algo humillante”.

Los policías que amedrentaron a Queer estaban con su uniforme de policía y al igual que en el caso de Alejandra, jamás entregaron sus nombres.

 

 

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Cristel López*

Cristel López* es estudiante de la Universidad Central del Ecuador, feminista y comunista, relató que durante la marcha del 01 de octubre ella les dijo a sus dos amigas que era mejor salir de la marcha un poco antes, considerando que “los policias están con atribuciones bastante violentas”. En ese momento, cruzaron hasta al parque La Carolina para tomar el bus y regresar a sus casas, antes de llegar hasta la Tribuna de los Shyris, llegaron dos policías en moto y dos mujeres con pañuelos morados y verdes, por lo que ella pensó que estas mujeres las iba a proteger de los policías.

En el momento en que las mujeres se acercaron les dijeron:

– Ayúdanos con una identificación y con su mochila, necesitamos requisarlas.

“Nosotras nos quedamos frías, porque pensamos que eran parte de la marcha y nos dimos cuenta que eran infiltradas” cuenta Cristel. En ese momento tomaron sus mochilas por la fuerza, las requisaron y no encontraron nada.

–¿Tienen una orden para realizarnos la requisa? –preguntó Cristel a las policías

–No, no tenemos ninguna orden. Es nuestro trabajo, colaboren – respondieron las policías vestidas de civil y sin identificación.

Los policías sacaron fotografías de sus documentos de identidad, de su carnet universitario y pudieron retirarse. Tomaron un bus y los policías “estaban rodeando el bus, como una forma de amedrentamiento por segunda vez, como que se subían, como que no y al final no se subieron”.

Ella y sus amigas se bajaron del bus en el Hospital Eugenio Espejo, desde ahí cada una debía tomar rutas diferentes, así que las amigas de Cristel la acompañaron hasta que tomará la ruta hasta su casa, una vez que estuvo dentro del bus, sacó su celular para informar sobre lo sucedido y un hombre le quitó el celular y se bajó, ella rápidamente se bajó para enfrentarlo y empezó a decirle que le devuelva su celular,  detrás de esta persona había cinco personas más y ella al estar desesperada le dio un golpe, a lo que una de las personas que estaba detrás de este hombre respondió “no le pegues a mi papá y sacó un cuchillo. Por suerte y solidaridad de una persona que pasaba por ahí en su carro me llevó hasta una UPC donde solo se encontraba un Policía y este le dijo que no podía ayudarla porque no podía dejar la Unidad sola. Ella procedió a trasladarse hasta otra UPC y tampoco obtuvo respuesta. Cristel hasta el momento no sabe si el robo de su celular fue una cosa de la delincuencia común o de la misma Policía.

Cristel ha quedado en shock después de los sucedido, “me parece super grave que estas personas, incluso les hayan comprado los pañuelos a las compañeras”. Se refiere a que las policías mujeres que las interceptaron estaban vestidas de civil, sin identificación y portaban pañuelos verdes y morados. “Nosotras no podemos estar al tanto de quién compra los pañuelos o no a las compañeras, de quién es infiltrada. Me parece grave e irrespetuoso para nuestra lucha que vengan policías y se pongan nuestros pañuelos que son símbolo de lucha, para amedrentarnos”.

Luis Ángel Saavedra, coordinador de Inredh, organización de derechos humanos, explica que el rol de la Policía Nacional, más allá de brindar seguridad “es proteger al poder político y para hacerlo tiene que neutralizar la incidencia. Esa neutralización puede ser de cualquier tipo: una es la detención, es decir, la amenaza permanente de la cárcel. Eso es lo que hacen con las y los manifestantes que no tienen tanta claridad política, generan temores, es muy fácil desmovilizarlos con el imaginario de la cárcel, y para eso está la Policía”. Sumando a esto, se presentan otras acciones policiales como la represión, disparos, gases que están encaminados a proteger ese poder político, por tal motivo, las autoridades “se hacen de la vista gorda cuando se cometen ejecuciones extrajudiciales en una protesta, las heridas oculares; todo eso el poder hace que no lo mira para que la Policía lo proteja”.

Según Saavedra todo eso permite que la Policía se sienta amparada e impune por el poder político para seguir cometiendo excesos. La protección política es otorgada por el poder que más allá de las autoridades, implica a todos los poderes constituidos. Entonces, la Policía se siente protegida por ese poder y al ser así saben que no serán judicializados, sancionados y que sus miembros no serán condenados y por tanto, “se ven en la libertad de cometer excesos, porque se sienten protegidos y el poder político: los gobiernos, los poderes económicos protegen a la policía porque el favor es mutuo:  Ahora yo protejo al Policía que ha cometido un exceso y mañana el policía me protegerá cuando yo dicte una medida antipopular”.

Para Saavedra el problema no es únicamente de la Policía, la estructura policial no cambiará si la institucionalidad está en caos, con un gobierno que no tiene dirección y solo se está gobernando a favor de los sectores financieros. De esta forma no habrá cómo reestructurar la Policía Nacional, pues mientras siga siendo necesaria para el poder político seguirán habiendo excesos. “No podemos mirar la reestructuración de la Policía de manera única o individual. La Policía podrá ser reestructura si lo hace el sistema y ahí hay una larga lucha, es decir, se debe cambiar el sistema para que la policía responda al interés público”, agregó Saavedra.

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¿Puede la Policía requisar a activistas después de una marcha?

Lisseth Pardo, abogada penalista, explica que no es legal lo que hizo la Policía con las activistas feministas al pedirles documentación y sacar fotografías de esos documentos, “no es legal por ninguna índole, es la idea de tenerlas controladas y saber quiénes son. No es algo normado, a excepción de que vayan a detener a alguien o se trate de una flagrancia”. Es decir, para la abogada la Policía puede hacer esto al menos que las personas estén cometiendo un delito flagrante.   

Por su parte, David Cordero, abogado y docente de la Universidad Católica, explica que el accionar de la Policía no es legal, ya que los agentes policiales primero deben identificarse completamente, mostrar sus identificaciones para poder hacerlo. En el caso de las policías mujeres que interceptaron a Cristel, las policías estaban vestidas de civil y no tenían identificación. Los otros policías también se negaron a identificarse.

Cristel López*, Alejandra Valencia* y Queer Lozada* aseguraron que no procederán a poner denuncias legales, por el miedo a las represalias que puedan surgir después, además no cuentan con los nombres de los y las policías que los interceptaron, hostigaron y amedrentaron.     

* Los nombres de las personas denunciantes fueron cambiados para proteger su identidad.