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La Sala Penal de la Corte Provincial de Chimborazo declaró la nulidad de la sentencia en contra de Carmen Tiupul. Carmen, lideresa y vicepresidenta de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (COMICH),  fue una de las 260 luchadoras y luchadores indígenas criminalizados por el Paro Nacional de Octubre de 2019 en Ecuador. 

La COMICH se movilizó, en el marco de las protestas de 2019, hacia la gobernación de Chimborazo en contra de las medidas económicas y extractivistas propuestas por el gobierno del ex presidente, Lenin Moreno. Además, la organización exigía la renuncia de la gobernadora de ese entonces, Luisa Loza.  

La dirigenta fue acusada por el presunto delito de paralización de servicios públicos y, el primero de octubre de 2021, fue sentenciada y declarada culpable. El Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo condenó a Carmen Tiupul a dos años de prisión; a pagar una multa de USD 2.800 y una reparación de USD 5.000. 

 

Organizaciones sociales e indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Ecuarunari y Pachakutik han acompañado y respaldado la lucha de Carmen y continúan exigiendo que se respete su derecho a la resistencia y a la protesta social. 

 

Por ello, las tres organizaciones indígenas presentaron, el pasado 21 de septiembre de 2021, a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, la petición para otorgar amnistía a 260 luchadores y luchadoras indígenas.

 

El 20 de diciembre de 2021, en la Sala Penal de la Corte Provincial de Chimborazo se llevó a cabo, vía telemática, la audiencia de apelación en la que comparecieron Carmen Tiupul y el Fiscal de Chimborazo que lleva el caso. Carmen, en entrevista con WambraEc, señaló, “el señor Fiscal nuevamente sostuvo que la sentencia, emitida el 1 de octubre por el Tribunal de Garantías Penales, se debe respetar y debe ser ejecutoriada debido a que reúne todos los elementos de convicción y todas las pruebas y testimonios que se habían presentado”. 

 

Posterior a eso, Carmen, en su comparecencia, hizo hincapié en la inconsistencia sobre cómo se hace la presentación de la sentencia: “el 1 de octubre se me dicta la sentencia de manera oral y el presidente de los jueces me mencionó que es una sentencia por voto unánime, pero resulta que no fue así; hubo un voto salvado. Con ese voto se intentaba sentenciarme a cuatro años de prisión”, indicó.

 

Asimismo, Carmen manifestó que, Lenin Sarsoza, su abogado defensor, en varias ocasiones, realizó una petición a los jueces del Tribunal de Garantías Penales para que se juzgue a Carmen bajo los artículos que mencionan los tratados internacionales, por ser una mujer originaria de pueblos y nacionalidades, pero no hubo respuestas a la petición. “Eso fue una vulneración de derechos que incurrió el tribunal de garantías”, dijo. 

 

A decir de Tiupul, esos dos elementos se tomaron en cuenta, por parte de los jueces de la Corte Provincial para decretar este 20 de diciembre, la nulidad de la sentencia en su contra; aunque no significa el fin del proceso judicial.

 

“La sentencia queda inválida, al momento sigo siendo procesada. No estoy con sentencia, pero se me hará nuevamente un llamado a una audiencia de juzgamiento con nuevos jueces”. La próxima audiencia aún no tiene fecha; sin embargo, se conoce que, en esta, Carmen será declarada inocente o culpable por el presunto delito de paralización de servicios públicos, en el marco de las protestas de octubre de 2019 en Ecuador. 

 

Carmen exige respeto al derecho a la resistencia de las organizaciones y comunidades. “Diremos que es un triunfo cuando realmente se archive mi proceso y cuando realmente se reconozca y se respete el ejercicio del derecho a la resistencia”, acotó Carmen.