Especial 

Cuando las mujeres se organizan

Mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas frente a la pandemia

Publicado 23 de diciembre de 2021

La pandemia de la Covid-19 agudizó las desigualdades sociales y económicas de la mayoría de la población y, en especial, de las mujeres y las niñas. De acuerdo al informe Las repercusiones de la Covid-19 en las mujeres, presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 9 de abril de 2020, “las mujeres y las niñas sufren repercusiones económicas más graves, ya que por lo general ganan menos, ahorran menos y tienen puestos de trabajo vulnerables o viven prácticamente en la pobreza”. Esto para las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas se agudiza aún más. Sin embargo, son las mismas mujeres las que han generado alternativas para enfrentar la pandemia e incluso encontrar salidas para sus comunidades. 

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Cuando todo Ecuador y el mundo estaba en confinamiento dentro de sus casas por miedo a la pandemia de la Covid-19, Rosita salía de su casa para sanar a las personas enfermas, con sus conocimientos de  medicina ancestral afrodescendiente. Hasta que un día, ella también enfermó. Su hija llamó a la maestra María Eugenia, otra sabia de la medicina ancestral, para que la cure. María Eugenia, asegura, sanó a más de dos mil pacientes de Covid-19 en su centro de medicina ancestral. Para el pueblo afrodescendiente, la medicina ancestral se convirtió en una alternativa a la medicina tradicional o en otros casos un complemento para mantenerse saludable durante la pandemia. 

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Negras (CONAMUNE) y la Fundación ALDEA elaboraron un estudio sobre la situación de las mujeres afroecuatorianas durante la pandemia en Ecuador, específicamente, su análisis enfatiza en sus derechos vulnerados. Para la realización de su estudio, 362 mujeres fueron encuestadas a nivel nacional, en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Pichincha. “El 92% (332) se autoidentificó como negra o afrodescendiente”. Las mujeres consideraron que, en el contexto de la pandemia, su derecho a la salud fue vulnerado. El 91,1% de ellas recurrió a la medicina tradicional para enfrentar la enfermedad, “un 32% de manera exclusiva y un 59% en combinación con otros tipos de medicinas”. Asimismo, según lo que reveló el estudio, no se garantizó la atención de mujeres en otras especialidades. “El 75% de las mujeres encuestadas (273) mencionaron que han requerido acceder a servicios de salud por otras enfermedades distintas a Covid-19. De ellas, a nivel nacional, menos de la mitad lograron recibir la atención que requerían”. Esto quiere decir que la mayoría de mujeres afrodescendientes recurrió a la medicina ancestral, tanto como a la medicina tradicional. Ante esta situación, las maestras sanadoras como Rosa y María Eugenia fueron indispensables para sostener la salud integral del pueblo afrodescendiente, tanto en el campo como en la ciudad, durante la pandemia.

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Las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes que trabajan en el mundo rural continuaron sus labores para responder a la demanda de alimentos en las ciudades, en las comunidades rurales y en sus propias familias, durante la pandemia, según ONU Mujeres. 

Así lo hicieron Nancy y su madre Charito en Azuay, en la Sierra Sur de Ecuador. Nancy regresó al campo, donde nació, después de 35 años. Su huerta de hortalizas y legumbres, y la de su madre, alimentaron a sus familias y a su comunidad. Para diciembre de 2021, se organizaron con otras campesinas  y campesinos para abrir el Mercado Comunitario Kimsacocha, el primer mercado de productores y productoras agroecológicas del Azuay.

Como Nancy y Charito, las mujeres del campo fueron las principales responsables de alimentar al Ecuador durante la pandemia. 6 de cada 10 mujeres producen la comida que alimenta el mundo, según  la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación.

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Al igual que en Azuay, en Guayas, en la Costa de Ecuador, las mujeres también alimentaron a su barrio. Sonia y las Mujeres Progresistas encendieron las ollas del restaurante África Mía y alimentaron a 500 personas, todos los días, durante los primeros tres meses de confinamiento durante la pandemia, en el barrio Nigeria,  el corazón de la Isla Trinitaria, uno de los barrios de mayor concentración de población afrodescendiente de Guayaquil.

Guayaquil fue una de las ciudades más afectadas por la pandemia. En la provincia de Guayas se registraron 31.815 personas fallecidas entre enero y septiembre de 2020,  casi el doble de  fallecidos del 2019. Solo en el mes de abril del 2020,  12. 425 personas fallecieron en la provincia de Guayas, según datos del Registro Civil de Ecuador. Guayaquil, en abril del 2020 registró 240 fallecidos por día. En la Isla Trinitaria, a los graves efectos de la pandemia en la vida de las personas, se sumó otro más: el hambre y el empobrecimiento.

Según una encuesta realizada por el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, Rimisp, aplicada en la Costa ecuatoriana en 1.475 hogares, el 69% de hogares con jefatura femenina  perdieron sus ingresos, en medio de la crisis sanitaria; mientras que en hogares con jefaturas masculinas apenas lo hicieron el 62%. En la ruralidad esta pérdida de ingresos en hogares con mujeres como cabeza de hogar sube al 72%, mientras que en las zonas urbanas es del 67%.  Según el estudio “los menores ingresos ocasionaron que un 11% de los hogares encuestados tenga por lo menos un miembro que no comió durante todo un día”.

En la Isla Trintaria el hambre se sintió con mayor fuerza que el mismo coronavirus, según Sonia; por lo que las Mujeres Progresistas recolectaron comida y la prepararon para alimentar a los hogares que lo necesitaban, además de generar un acompañamiento más allá de la comida. 

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Ser mujer afrodescendiente, negra, indígena y empobrecida en Ecuador significó vivir los efectos de la pandemia de forma más  radical. Según la CEPAL, en su investigación El impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina-Abya Yala, “Nacer mujer indígena puede ser una sentencia a vivir siempre en una situación de pobreza, exclusión y discriminación”, de la misma forma nacer mujer negra. Muchas mujeres negras, ante la falta de trabajo formal, buscaron formas de sobrevivir, incluso en actividades reñidas con la ley.  Eso es lo que vivió Caro, una mujer negra, de Quito, que fue apresada por dedicarse al microtráfico. Su amiga, Carla, a pesar de ser trabajadora remunerada del hogar y no dedicarse a la venta de drogas, fue detenida y acusada de un delito que no cometió. Las dos vivieron la situación de las cárceles antes y durante la pandemia, que aceleró el reloj de la mayor crisis carcelaria en Ecuador. 

Un año antes de la pandemia, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas reportaba en 2019 que en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi no había acceso al agua, existía asistencia médica inoportuna, hacinamiento y escasa comida. La Defensoría del Pueblo, entidad ecuatoriana que ha realizado informes sobre la situación carcelaria en el país, llegó a la conclusión que la realidad que se vive en los centros dista mucho de los objetivos planteados por el sistema del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas (SNAI), ya que no existe la rehabilitación. 

Los colectivos, organizaciones sociales internacionales y la Defensoría del Pueblo concordaban en que este hacinamiento, que ya existía en los centros antes de la pandemia, era una de las primeras correcciones que el Estado debía realizar para garantizar la salud y bienestar de las personas privadas de libertad. Hasta abril de 2021, la organización Kaleidos recolectaba información del SNAI sobre la existencia de 39.040 personas presas, donde el 43,08% esperaba todavía una sentencia. 

Sobre esta situación, la Defensoría del Pueblo explicaba que en diciembre de 2019 se entregaba apenas 500 kits de aseo personal en 6 centros, cuando solo en la CRS Regional de Cotopaxi, existen cerca 5. 000 personas privadas de la libertad. En junio de 2020, ya en pandemia, se entregaban 14580 mascarillas en los centros; que no llegaba cubrir a las 38.000 personas que viven en los centros hasta ese momento, sin considerar el cambio frecuente que se les debe dar a estos elementos. 

Caro, quien en el momento de la pandemia ya no se encontraba en la cárcel,  temía por la vida de su amiga Carla quien todavía se encontraba en la cárcel de Latacunga y que le pedía ayuda para conseguir materiales de bioseguridad. Hasta junio de 2020, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura indicaba que existieron 24 fallecidos por Covid-19 en las cárceles.  

De acuerdo a Kaleidos, los problemas que existían en las cárceles solo se profundizaron con la pandemia de la Covid-19, ocurriendo una primera masacre dentro de los centros de habilitación. Luego del hecho, el país tuvo que presenciar tres masacres más. Solo en 2021, 289 personas fueron asesinadas en las cárceles de Ecuador. 

En medio del terror, Caro y Carla sostuvieron su amistad para sobrellevar la pandemia y la crisis carcelaria. 

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La pandemia provocó el cierre de escuelas y colegios, lo que modificó la forma de la educación. Muchas mujeres pasaron a ser las propias educadoras de sus hijos e hijas, aumentando la carga de cuidado en las mujeres.   

De acuerdo al Primer Informe Sombra específico de Mujeres Rurales y campesinas del Ecuador, presentado por el Sistema para la Investigación de la Problemática Agraria, en el mundo rural, las mujeres rurales enfrentan problemáticas como acceso a la tierra, el acceso a la educación, el incremento de carga global de trabajo y otros problemas. Además, las niñas y adolescentes también se ven afectadas por la carga del trabajo de cuidados que impone la Covid-19. 

El cierre de las escuelas implica que las niñas asumen más tareas en el hogar. También corren el riesgo de dejar los estudios: “millones de niñas más podrían dejar sus estudios antes de terminarlos, especialmente las que viven en la pobreza, las niñas con discapacidades o las de zonas rurales y aisladas”. 

Son las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y montubias quienes coinciden en que el sistema educativo en el área rural tiene limitaciones tanto a nivel pedagógico como de infraestructura y tecnología. Existe baja calidad de la educación en el campo; esto como “resultado de una estructura histórica de inequidad que durante décadas no ha implementado políticas públicas que se sostengan en el tiempo y que tengan presupuesto acorde a los requerimientos”. Según las estadísticas del INEC, de 2010, las brechas de acceso a educación entre hombres y mujeres sigue siendo muy alta en la zona rural, lo que comprueba que el sentir de las mujeres rurales no es equívoco. 

Con la pandemia de la Covid-19, las tecnologías reemplazaron los métodos de educación presencial. Sin embargo, no está al alcance de todas las personas. “La transición de la educación presencial al esquema no presencial no tiene soporte tecnológico para las poblaciones rurales”. Puesto que, la mayoría de niños, niñas y adolescentes no poseen aparatos tecnológicos (computadoras, tablets o teléfonos inteligentes) para conectarse a las clases en línea. Según el INEC, con datos del 2010, “el 92% de hogares indígenas no cuenta con una computadora en su casa”. Además, para el área rural, el acceso a internet es un problema; “el INEC reporta que los hogares con jefatura indígena no tienen acceso a Internet”. 

En familias pobres, habitualmente, “los padres tienen niveles de competencias menores para poder acompañar y apoyar en los procesos de aprendizaje, y los estudiantes de estos hogares tienden a estar más representados en escuelas donde existen menos medios para proveer una educación a distancia de calidad”. 

Mayoritariamente, son las mujeres las encargadas del seguimiento de las actividades escolares. Sin embargo, las mujeres rurales tienen limitaciones de formación académica. “Muchas de ellas analfabetas, no cuentan con los conocimientos necesarios para apoyar a sus hijos e hijas en las tareas educativas, situación que trae frustración a muchas mujeres”. A su vez, las mujeres jefas de hogar son quienes asumen el costo de internet y, en caso de no poder hacerlo, sus hijas e hijos corren el riesgo de quedar fuera del sistema educativo. 

Eso es lo que vivió Rosa Morocho, educadora kichwa, en Azuay. Durante la pandemia Rosa sostuvo la educación bilingüe con niños y niñas de las comunidades rurales, y a la vez, la de sus propios hijos. En pandemia, ella y varias educadoras bilingües fue desvinculados de su trabajo.  Como Rosa, en Ecuador el 71.72% de docentes son mujeres. Durante  los años l2020 y 2021 existió una baja de 16.400 docentes.  En la educación bilingüe, las mujeres representan el 49.32% y hubo una disminución de 112 mujeres educadoras bilingües desde el 2019.

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