El gobierno endurece las crisis, las mujeres sostienen la vida
Trabajo de cuidado y economía feminista
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Texto por: Génesis Anangonó @genestefa y Ana Acosta @yakuana
Investigación y reportería: Verónica Calvopiña, Luisana Aguilar, Ana Acosta y Génesis Anangonó
Ilustración de portada: Angie Vanesita @angie.vanessita
Infografías: Roberto Chávez
Video: José Mosquera
Publicado 21 de septiembre 2020
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Crisis económica y pandemia, dos frases que por sí solas evocan dificultad y que juntas hacen una tragedia: despidos, cierres de negocios, pérdida de empleos, hambre, migración, enfermedad y muertes. En Ecuador la crisis económica generada por las políticas de ajuste del gobierno de Lenín Moreno y endurecidas por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 están radicalizando las desigualdades sociales, económicas y de género.
En Ecuador casi la mitad de las mujeres (48%) realizan trabajos informales, lo que les impide tener un salario estable y contar con ahorros para momentos de crisis: 10.644 mujeres fueron despedidas por la causal de “fuerza mayor” en menos de seis meses; la reducción del presupuesto, con el argumento del “Estado obeso”, es mayor en áreas sociales donde las mujeres son beneficiarias, en comparación con otras áreas como defensa y seguridad.
Frente a esto son las mismas mujeres, en su mayoría, las que realizan el trabajo indispensable para sostener la vida, algo que durante la pandemia ha cobrado visibilidad: los trabajos de cuidado. Esto ratifica algo que la economía feminista ya lo había dicho: hay una relación intrínseca entre el trabajo de cuidado y la reproducción social, por lo que este trabajo debe estar en el centro de una economía alternativa.
¿Cómo están enfrentando las mujeres populares la crisis económica y sanitaria, y cuál es su propuesta de organización comunitaria y economía feminista? Juana, Lida, Luz, Mariana, Andrea, parte de la organización feminista “Mujeres de Frente”, cuentan cómo el trabajo de las mujeres es el que sostiene la vida en medio de dos crisis.
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Sin trabajo: Una realidad que afecta más a las mujeres
Juana Cuenca era trabajadora remunerada del hogar, pero cuando inició la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19 fue despedida del lugar donde trabajó, a medio tiempo, durante tres años. Sus empleadores no le pagaron la liquidación, por lo que una amiga le ayudó a verificar en el sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para exigir su pago, pero confirmaron que jamás estuvo afiliada, a pesar de que cada mes le disminuían veinte dólares de su sueldo de 200 dólares, diciéndole que era para el seguro. Juana es indígena, madre soltera y vive en un pequeño cuarto en una casa antigua en el sur de Quito con su hijo Alfonso y su hija Josselyn, de 14 y 17 años. Los dos dependen de ella y su sustento, además de sus cuidados para seguir estudiando. Alfonso, el hijo menor, se retrasó en las asignaturas y se quedó a supletorios, porque no pudo conectarse a las clases virtuales, pues en la casa solo poseen un teléfono celular y a veces no tienen para realizar recargas y contratar un plan de datos.
329.706 personas perdieron sus empleos entre marzo y julio de 2020 durante la emergencia sanitaria en Ecuador, de estas 115.066 son mujeres y 214.640 son hombres, según datos del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, esta cifra solo corresponde a las personas que estaban registradas en el Sistema Único de Trabajo (SUT). Juana no estaba registrada, al igual que muchas mujeres que realizan trabajo informal, por lo que el número de personas que han perdido su trabajo es mayor.
Algo que también ha aumentado son las denuncias por despidos intempestivos. Según el Ministerio de Trabajo se han registrado 17.370 denuncias por despidos intempestivos, de las cuales 7.810 denuncias corresponden a mujeres, en apenas ocho meses (del 1 de enero al 12 de agosto de 2020), a diferencia del 2019, cuando se registraron 453 denuncias en todo el año. Esto quiere decir que mientras en 2019 se registraron un promedio mensual aproximado de 38 denuncias por despido intempestivo, en 2020 se registraron un promedio mensual aproximado de 2.171 denuncias. En 2020 los meses que presentan mayor número denuncias por despido intempestivo son abril (4.452), mayo (5.519), junio (4.138) y julio (1.459).
Muchos de los despidos en 2020 utilizaron el argumento de “fuerza mayor”. Según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo a Wambra Medio Digital Comunitario desde el 16 de marzo hasta el 12 de agosto de 2020 se registra la desvinculación laboral de 23.319 personas por la causal de “fuerza mayor”, de las cuales 10.644 son de mujeres.
El aumento de desvinculaciones laborales por la causal de “fuerza mayor” coindice con la aprobación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario enviada por el presidente Lenín Moreno, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el registro oficial el 22 junio del 2020. En una de las Disposiciones Interpretativas de esta ley se expone que: “se permite la interpretación del numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, en el siguiente sentido: En estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica. Esto quiere decir, que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos”.
El entonces ministro de Trabajo, Luis Poveda, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional el 12 de junio de 2020 reconoció que se ha constatado un “abuso” en el uso de la causal “fuerza mayor” para despido de trabajadoras y trabajadores.
Si bien los datos muestran que durante la emergencia sanitaria, más hombres han perdido su trabajo formal, para mujeres que, como Juana, son cabeza de hogar y están solas a cargo de sus hijos, perder el trabajo tiene un efecto mucho más alto porque muchas mujeres están a cargo del cuidado de hijos u otras personas. Algo que agrava la situación de empobrecimiento que ya viven, en su mayoría las mujeres.
Por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en la región, hay 113 mujeres viviendo en hogares pobres, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2017. Esto evidencia la falta de autonomía económica de las mujeres, que al no tener ingresos estables tienden a condiciones de empobrecimiento, algo que se agudiza en hogares en donde hay niños y niñas. Cuando las desigualdades económicas se agrandan, afectan a las mujeres, y especialmente a aquellas de sectores populares que son las que sostienen la vida en las ciudades que se consideran centros productivos, como lo explica la economista feminista Paola Larco.
En esto coincide la economista feminista Gabriela Montalvo y explica que la economía feminista critica la supuesta “neutralidad” de los efectos de una crisis: “esos efectos no son iguales en los hombres que las mujeres, en unas clases o en otras, en unos barrios que en otros. La economía feminista apuesta a una crítica a una supuesta neutralidad” Si a esto se le suma la pandemia, las mujeres se encuentran en trabajos de primera línea, pero a la vez los menos valorizados “En la economía se ve que la mayoría de personas de trabajos de primera línea son mujeres, están en la salud, que es un campo ocupado dos terceras partes por mujeres; la cadena de alimentación está feminizado en sus etapas más débiles; las cajeras de supermercados; el sector de la educación básica está feminizado”.
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Derechos de las mujeres sin presupuesto
La emergencia sanitaria profundizó la crisis económica que desde años anteriores ya se proyectaba por parte del gobierno. Como dice Gabriela Montalvo, economista feminista, el gobierno de Lenín Moreno en vez de proteger las unidades productivas múltiples, las redujo “eso ha sido absolutamente intencional, no ha habido la ausencia de política, sino que esa ha sido la política: dejar morir”.
Si bien el gobierno justificó esta reducción para evitar el “Estado obseso”, los números muestran que el presupuesto se redujo en áreas sociales, mientras que áreas militares y de seguridad el presupuesto aumentó, no fue tocado o tuvo mínimas reducciones.
La reducción del presupuesto del Estado afecta de forma específica a las mujeres, al afectarse e incluso eliminarse programas, políticas y acciones enfocadas en las mujeres, la niñez y la adolescencia, y las personas adultas mayores.
La reducción del presupuesto afecta también a la garantía de derechos de las mujeres y las niñas. Cada día en Ecuador catorce niñas, menores de 15 años, quedan embarazadas producto de violencia sexual, mientras que 158 adolescentes, de entre 15 a 19 años, se embarazan, según datos de la División de Comunicaciones y Alianzas Estratégicas del UNFPA. Siendo Ecuador el segundo país en la región con la mayor tasa de crecimiento de embarazo en niñas. Ante esta problemática, Ecuador ha sido llamado la atención por organismos internacionales de Derechos Humanos e incluso en agosto de 2020 fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber garantizado la vida, educación y salud integral de Paola Guzmán Albarracín, niña abusada sexualmente por el vicerrector del colegio donde estudiaba.
En junio del 2018 se aprobó la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, que debía durar nueve años (2018 – 2025) y requería un trabajo conjunto entre los ministerios de Salud, Educación, Justicia, Inclusión Social y la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida. Sin embargo, el presupuesto destinado a la ejecución de la política intersectorial solo fue entregado al Ministerio de Salud, que en 2019 recibió 11.666.585 millones de dólares, mientras que para el 2020 ese proyecto no apareció en la proforma.
Algo similar ocurre con la prevención de violencia de género. En 2019 se publicó la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género (ENVIGMU) realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en la que se determinó que en Ecuador 65 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y que 32 de cada 100 mujeres la sufrieron en los últimos 12 meses previos a la encuesta. En 2018 se aprobó la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer donde se designa al Ministerio de Justicia, hoy Secretaría de Derechos Humanos, como la institución encargada de la implementación de la ley. Esta Secretaría en 2019 recibió 657.646,57 para el “Proyecto para la Prevención de Violencia de Género y Fortalecimiento de los Servicios de Atención a Víctimas” y en 2020 recibió 876.862,09.
Según explica Rocío Rosero de la Coalición Nacional de Mujeres el presupuesto asignado no alcanza para toda la ejecución que requiere una problemática como la violencia de género: “El Consejo Nacional para la Igualdad de Género no tiene recursos y la Subsecretaría de Erradicación de la Violencia de Género se quedó con lo mínimo para casas y centros de acogida, sin capacidad de hacer las cinco nuevas casas que estaban previstas”.
El presupuesto general del Ministerio de Justicia en 2019 fue de 117.445.650,57; después de la fusión con la Secretaría de Derechos Humanos, en 2020, recibió apenas 11.400.024,93. A pesar de tener mayores competencias, la reducción fue de 106.045.625,64 dólares.
El ejecutivo y el Ministerio de Finanzas justificaron la reducción de presupuesto por la situación económica que atravesaba el país, sin embargo, no disminuyeron el presupuesto en otras carteras de Estado como es el caso del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno que en 2020 recibieron más recursos que en 2019.
El Ministerio de Defensa en 2019 recibió 87.768.618,50, mientras que en 2020, aumentó su presupuesto a 119.601.253,27. El Ministerio de Gobierno en 2019 recibió 22.938.977,68 mientras que en 2020 aumentó a 29.457.928,55. El Ministerio de Economía destinó en 2020 además 408.000,31 dólares para condecoraciones y aunque se redujo el presupuesto con respecto al 2019 (549.883,64) este rubro no se suprimió.
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Impedidas de trabajar
Mariana Collaguazo es vendedora autónoma y antes de la pandemia vendía en las calles dulces y papel sanitario. Como Mariana, en Quito cerca de 10.000 personas trabajaban en el comercio informal según el censo de la Agencia de Comercio del Municipio de Quito, realizado en el 2017. Las cifras no se encuentran desagregadas por género, pero según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), de 2018, cerca de la mitad de las mujeres trabajan en el sector informal: 48,3% de las mujeres, 44,8% de los hombres; de la misma forma, hay más mujeres en el desempleo que varones: 4,9% de mujeres, frente al 3,4% de hombres. De las personas que cuentan con un empleo adecuado apenas el 31,7% son mujeres, mientras que el 47,0% son hombres.
La mayoría de mujeres que trabajan en el sector informal lo hacen por las dificultades de acceder a un empleo adecuado y muchas veces la razón de esta restricción es la maternidad. Ese fue el caso de Luz, que migró a Ecuador, desde Venezuela, hace tres años junto a tres niños de 12, 10 y 8 años y su pareja. Luz quiso dedicarse a la manicura, como lo hacía en su país, pero luego de conseguir varios trabajos en ese medio y recibir una remuneración excesivamente baja, consiguió trabajo en un restaurante de comida rápida en donde trabajaba12 horas al día y ganaba 300 dólares mensuales. En noviembre de 2019 Luz supo que estaba embarazada y cuando les informó a sus empleadores, la despidieron: “dijeron que era peligroso porque tenía que cargar papas y que no me podían tener más”. Le dijeron que le darían 300 dólares por el tiempo de trabajo, pero solo le dieron 100 dólares. Luz empezó a trabajar en el comercio informal, junto a su pareja, vendiendo bebidas energizantes, limones, dulces, empanadas, arepas, para sostener su hogar y garantizar acceso a salud para el bebé que venía en camino.
Los trabajos informales, muchas veces son trabajos que se realizan en condiciones de vulnerabilidad y riesgo. Ese es el caso del trabajo de reciclaje, una actividad realizada en gran parte por mujeres.
Lida es recicladora o gestora ambiental, como les denomina el Municipio de Quito a las personas que se dedican a recolectar y clasificar el material reciclable en los Centros de Educación y Gestión Ambiental (CEGAM) administrados por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP), sin embargo no son funcionarias contratadas por la Municipalidad. Lida tiene cuatro hijos, y durante la pandemia tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones para poder trabajar a través de internet y conseguir botellas, plásticos, cartones tetrapack y demás elementos que puedan ser reciclados. Pero Lidia tiene miedo de contagiarse y ponerse en riesgo a sí misma y a su familia, por lo que dejó de reciclar como lo hacía antes. “Yo desde que empezó la pandemia no he salido, no me he arriesgado, pero hay compañeras que sí lo hacen. Salen a minar la basura y corren el riesgo de contagiarse”. Lida cuenta que intenta salir solo dos veces a la semana para hacer un solo recorrido “cuando es poco material lo llevo en transporte público y cuando es bastante le llamo a un reciclador que tiene un camión para que él recoja el material y me pague”. Esa ha sido su forma de sobrevivir, “porque esto no es vivir” explica.
Juana, Mariana, Luz y Lida son parte de Mujeres de Frente, una organización feminista que trabaja en Quito con mujeres populares. Andrea Aguirre, parte de la organización cuenta que, de las 70 mujeres del colectivo, el 90% vive en condiciones de precarización, con una economía que les permite subsistir al día. Muchas de ellas se dedican al comercio autónomo, y viven de lo que generan a diario, como cuenta Andrea Aguirre: “las mujeres se adaptan a la economía, incluso hasta al clima. Venden helados si el día es caluroso, venden alimentos si la zona lo permite e incluso en la pandemia han empezado a vender insumos como mascarillas para prevenir los contagios”.
Cuando empezó la pandemia el trabajo autónomo de las mujeres sufrió una baja, por la restricción de movilidad y el acceso a su lugar de trabajo diario: las calles, los buses, el espacio público. Esto para cualquier persona significa una disminución de su sustento, pero para las mujeres, esto tiene una especificidad.
Las mujeres tienen mayores dificultades de acudir al mercado laboral porque están obligadas a permanecer a cargo de las tareas domésticas y de cuidado, esto refleja una crisis de los cuidados, como lo explica la economista feminista Justina Lee: “La crisis de los cuidados tampoco es indiferente a las desigualdades, afecta incisivamente a aquellas personas que se encuentran en peores condiciones económicas y posa su carga mayoritariamente sobre los cuerpos de las mujeres”. Como explica Gabriela Montalvo, en países como Ecuador esto “se intensifica, porque debes responder e intervenir a través del gasto público, tienes la intensificación de medidas de ajuste y estas medidas a las mujeres de cualquier clase, y mucho más a mujeres que están en situación de extrema pobreza”.
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Sostener la vida: trabajo de cuidado
Preparar el desayuno, alistar a los niños, alimentar a las mascotas, lavar la ropa, barrer el piso, tender las camas, hacer las compras, preparar el almuerzo, ayudar en las tareas escolares y preparar la merienda, son algunas actividades de cuidado que, en su gran mayoría realizan mujeres y que muchas veces no son consideradas como trabajo, pese a que ocupa gran parte de su tiempo y de su vida, y que es un trabajo indispensable para la economía, pero como explica la economista feminista Gabriela Montalvo, estas actividades están desvalorizadas.
“Sin cuidado no hay vida”, dice Paola Larco, economista feminista, para quien el sistema y la vida se sostiene gracias al trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres y que han sido olvidadas por el sistema económico. Para Paola, esto sucede porque son las mujeres quienes “han resuelto el tema de los cuidados de forma gratuita y el sistema se ha aprovechado de esto porque es algo que no ha sido considerado ni valorizado como trabajo”. Un tema es el valor que se le da al trabajo de cuidado a la economía, otro es el tiempo.
Paola explica que las horas que destinan las mujeres al trabajo de cuidado en comparación con las que destinan los hombres es mayor. Según la Encuesta de Trabajo no Remunerado de los Hogares, realizada en marzo de 2019, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en Ecuador, de cada 100 horas las mujeres destinan 88 horas de trabajo a las labores del hogar, mientras que los hombres destinan 12 horas. El aporte anual de las mujeres ecuatorianas a la economía del hogar equivale al 76% (15.131 millones de dólares) mientras que los hombres aportan solo con el 24% (4.749 millones).
Mariana, Lida, Juana y Luz y muchas otras mujeres se los sectores populares, además de trabajar en el sector informal para recibir un sustento económico, se les suma el trabajo de cuidado, ya que gran parte son madres solteras y tienen hijos e hijas, a quienes no solo deben alimentar, sino que ahora, con la cuarentena y la suspensión de clases presenciales, también deben acompañar en la educación.
Lida tiene cuatro hijos que están estudiando, pero durante la pandemia esto se ha dificultado, ya que solo hay una computadora en casa “Hace poco la organización (Mujeres de Frente) nos dio una tablet, no tiene mucha memoria, pero nos ha ayudado muchísimo”. Con la computadora y la tablet, sus hijos se turnan para recibir clases: los dos mayores en la Universidad Central y los dos menores en la secundaria.
En el caso de Mariana durante los primeros meses de pandemia su hija que tuvo un quebranto en su salud y requirió hospitalización. Con temor al contagio, Mariana y su hija fueron a un médico particular, pero con gran dificultad pues no tenían dinero “hoy mi hija está mejor, pero no pudimos comprar una receta de 80 dólares que le envió el médico” por lo que tuvieron que dejar el tratamiento a medias. Mariana es madre de siete hijos, pero ahora solo vive con tres de ellos y tres de sus nietas.
La disminución de presupuesto en áreas sociales, donde las mujeres son las principales beneficiarias, se agudizó con la pandemia y esto se visibiliza en la disminución e incluso escasez de servicios esenciales de salud sexual y reproductiva.
Luz tuvo complicaciones en acceder a atención oportuna durante su embarazo y parto en el sistema de salud público ya que estaba colapsado a consecuencia de los contagios de COVID-19. Para Luz, ir a un hospital privado no era una opción, por la falta de recursos. Luz parió a su hijo en la maternidad Isidro Ayora de Quito, luego de que en la casa de salud en la que controlaban su embarazo le negaron atención incluso cuando ya se le había roto la fuente. Con un bebé de tres meses en brazos Luz recuerda que apenas llegó a la maternidad fue sometida a un examen médico que determinó que el corazón de su bebé estaba perdiendo los latidos, porque su parto ya se había pasado. La sometieron a una cesárea de emergencia. Desde el nacimiento de su bebé, Luz no ha salido de su casa para evitar contagios. Ahora divide su tiempo entre las actividades de cuidado, el acompañamiento a sus hijos en tareas educativas, hoy a través del WhatsApp.
Para la economista feminista Paola Larco, la aplicación de medidas económicas sin perspectiva de género y de clase son el reflejo de un gobierno que “no tiene ni la voluntad política ni las ganas de otorgar derechos que son para todas y todos o no son para nadie”. Paola explica que ante esto y en medio de una crisis sanitaria que profundiza las desigualdades a las comunidades y organizaciones sociales no les queda otra que organizarse.
Economía, organización y trabajo feminista
Mujeres de Frente es una organización compuesta por “mujeres diversas y desiguales”, manifiesta Andrea Aguirre, quien explica que en esas diferencias han encontrado una forma de articulación que les permite sobrevivir juntas, especialmente durante la crisis económica y la emergencia sanitaria. En la organización existen mujeres trabajadoras del hogar, comerciantes autónomas, trabajadoras sexuales, recicladoras, migrantes, excarceladas, amas de casa y docentes, todas cabezas de hogar. Para estas mujeres la pandemia significó un bloqueo de su economía basada en trabajos autónomos, informales, o de cuidado, pues las obligó a afrontar la crisis sin ahorros, con deudas y sin trabajo.
Andrea dice que la mayoría de las mujeres de la organización y sus familias se desenvuelven en entornos similares: viven del día a día, por lo que en la pandemia al no poder pagar el arriendo y no tener para alimentarse tuvieron que hacinarse en un mismo espacio y buscar formas de sostenerse juntas. Así se agrandaron las familias y la necesidad de fortalecer la red de acompañamiento en la pandemia se hizo evidente.
Mujeres de Frente nació en el 2004 en la cárcel de mujeres del Inca, en Quito, “nació de la desigualdad” dice Andrea y explica que son una organización feminista, antisistema y antirracista. Antes de la pandemia desde La casa de las mujeres, ubicada en el Centro Histórico, brindaban talleres, asesoría legal a las mujeres y sostenía un comedor popular en donde también se cuidaba a los hijos e hijas de las mujeres de la organización mientras ellas trabajaban. Andrea explica que “la pandemia ha significado una forma de sobrevivencia y ha puesto en riesgo la vida de una inmensa parte de sectores trabajadores y populares; y sobre todo de aquellos que desarrollaban su vida en las calles” que según explica es la población “que se está contagiando masivamente”. Andrea dice que 4 de cada 10 compañeras de Mujeres de Frente ya tuvieron COVID-19, dos requirieron hospitalización y varios familiares han fallecido a causa del virus; y “no sorprende, pues la mayoría están obligadas a salir de casa para poder subsistir ya que sus trabajos no se pueden realizar virtualmente”.
Ante esto Mujeres de Frente, durante los primeros días del confinamiento realizó una campaña de solidaridad en redes sociales. Con lo que recaudaron armaron canastas alimenticias y mensualizaron los recursos económicos. Cada mujer de la organización recibió 20 dólares mensuales, que como dice Andrea “uno diría que con 20 dólares no se puede sobrevivir, pero hay gente que lo hace, hay familias que lo hacen y es parte de su capacidad de adaptación a las circunstancias”.
Luego de la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario, cuando se flexibilizaron las condiciones para las empresas y empleadores frente a los trabajadores y se empezaron a registrar despidos masivos, las donaciones escasearon, “la gente tenía miedo de perder su trabajo y empezó a resguardarse, a ahorrar para sí mismos” concluye Andrea, quien junto a otras compañeras de la organización lograron que ONG’s extranjeras financiaran talleres y becas económicas para que las integrantes de Mujeres de Frente se convirtieran en “Promotoras de Salud Comunitaria”, otras generaran información y otras confeccionaran insumos para prevenir contagios.
Luz, Juana, Mariana y Lida participaron en estas actividades y gracias a ello pudieron recibir una remuneración simbólica que les permitió, y aún les permite, subsistir en la precariedad. Ninguna de las cuatro ha retomado por completo sus actividades y las que lo han intentado no han logrado generar ni la mitad de recursos que generaban antes de la pandemia. Mariana, por ejemplo, instaló una tienda de verduras y legumbres en la puerta de su casa.
Todas ellas dicen que el tejido organizativo y de acompañamiento de Mujeres de Frente ha sido vital. Luz dice que no habría podido parir a su hijo en la maternidad de no ser por la ayuda de la organización que inmediatamente gestionó con un médico su ingreso y después le permitieron colaborar desde casa confeccionando mascarillas. Juana coincide y cree que, de no ser por sus compañeras, ella y sus dos hijos no habrían podido sostener ni siquiera su alimentación. Mariana opina lo mismo “de no ser por la organización, qué sería de nosotras”. Lida también habla con gratitud de la organización, pues de no ser por Mujeres de Frente, que paga la mitad de la planilla de internet, sus hijos “habrían perdido un año” al no poder acceder a educación virtual.
Mujeres de Frente le apuesta a un trabajo de organización, comunitario y de economía feminista que busca genera un sostenimiento colectivo y poner atención en otros ámbitos que para la economía capitalista son desechables: como el cuidado, la solidaridad, el trabajo colectivo. Gabriela Montalvo, explica que la economía feminista tiene una propuesta radical, “epistémica, un cambio del paradigma” y que, al igual que el feminismo no es tibia: “La propuesta es romper con ese sistema y entender que una economía no es la generación y acumulación de capitales sino que es sostener la vida y tiene que ver con relaciones con la naturaleza, con los entornos”.
Gabriela explica que si el Estado tuviera una mínima perspectiva de género, estaría garantizando “una red de cuidados” que se traduciría en la implementación de guarderías, acceso a educación y salud; y reconocería la potencia y efectividad de la organización comunitaria. “Algo que se pierde en el enfoque económico que manejamos, porque desvalorizamos, desaparecemos cualquier tipo de organización que no sea dirigida a la utilidad o la ganancia individual, y esto tiene que ver con desconocer otras formas de economía que van más allá de la productividad económica, dice Gabriela. Paola Larco coincide y explica que “hay que empezar a nombrar las experiencias de las comunidades y de las personas, pero no como experiencias sueltas, sino como lo que son: otros modelos de economía social y solidaria (…) hay que aprender del cooperativismo, de lo comunitario y entender que si no es por las personas el sistema nos mata”.
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