NOTICIA
Estudiantes del Colegio Dillon se movilizan por justicia tras la violación de su compañera en transporte escolar
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 26 de abril de 2022
Una adolescente de 15 años denunció que fue violada el pasado 21 de abril de 2022 por el chofer de un bus escolar del colegio Luis Napoleón Dillon, en Quito. Familiares de la joven señalaron en un medio de comunicación, que la rectora de la institución, Janeth Orejuela, no actuó de manera oportuna, lo que permitió la huída del presunto agresor.
Tras lo sucedido, los y las estudiantes del colegio realizaron una manifestación en los exteriores del plantel, este 26 de abril de 2022.
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El pasado 25 de abril de 2022, se hizo pública la denuncia de una adolescente de 15 años del colegio Dillon, quien habría sido violada por el chofer del bus escolar en el que ella se moviliza. Según la denuncia, la joven fue obligada a beber un líquido que podría ser escopolamina, para ser abusada sexualmente. Luego, el conductor continuó con el recorrido hasta el colegio.
Ya en la institución, las autoridades del plantel no habrían tomado en serio las palabras de la joven, tampoco habrían activado los protocolos de atención. La estudiante permaneció retenida desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, mientras la rectora de la institución, no atendió a los padres que pedían respuestas.
El Ministerio de Educación se pronunció en un comunicado, el 25 de abril, donde “rechazan todo acto de violencia y respalda a las víctimas, sobrevivientes y familiares”, y contrario a la denuncia de la joven, afirma que el colegio activó inmediatamente los “Protocolos y Rutas de Actuación frente a Situaciones de Violencia detectadas o cometidas en el Sistema Educativo”.
Al respecto, Sybel Martinez, Directora del Grupo Rescate Escolar y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, contradijo lo dicho por el Ministerio, a través de su cuenta de twitter e informó que a la adolescente no le brindaron atención médica oportuna y añadió “creyeron que estaba borracha no escopolaminada; la rectora no recibió a sus padres; el colegio negó conocer al chofer”.
“Es necesario unir esfuerzos para prevenir estos actos violentos, disminuir todo riesgo que puedan darse en situaciones como estas, dentro de la comunidad educativa y en el transporte escolar”, indicó Sybel.
También recordó que los colegios deben garantizar seguridad y protocolos al interior de los buses de recorrido. Según el artículo 9 del Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00062-A, los directivos de las instituciones educativas deberán designar a una persona adulta que acompañe a los estudiantes en cada unidad de transporte escolar durante todo el trayecto desde y hacia el establecimiento educativo. El acompañante deberá reportar diariamente las novedades que se produzcan en el servicio, y preocuparse del bienestar de las y los estudiantes en su llegada a los colegios y hogares.
“Si se hubiese cumplido con lo que establece la norma, este hecho violento probablemente no hubiese sucedido. Es una manera de prevenir”, recalcó Sybel. Y, en caso de darse estos hechos “es necesario creerles a las adolescentes, no molestarse, ni castigar, sino investigar los hechos”.
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Marcha por justicia
Estudiantes, padres de familia y sociedad civil se concentraron en los exteriores del Colegio Dillon la mañana del 26 de abril de 2022, para realizar un plantón en apoyo a su compañera y para exigir justicia ante la violencia que se ejerce contra niños, niñas y jóvenes. La marcha posteriormente avanzó hasta el Ministerio de Educación y Fiscalía.
Durante la marcha, Juan Pablo Arias, representante de una de las estudiantes del colegio Dillon, mencionó “estoy aquí por el llamado de los y las estudiantes para pedir justicia por su compañera, además de la negligencia de la rectora, hemos venido aquí para apoyar a nuestros hijos e hijas de manera libre y voluntaria”.
Asimismo, una madre de familia pidió seguridad y control “ya no más encubrimientos por parte de las autoridades”, además dijo que tomarán la iniciativa para que las autoridades competentes hagan lo que tengan que hacer para proteger a los y las adolescentes.
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¿Cómo debió actuar la institución educativa?
Según lo establecido en el Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia detectadas o cometidas en Sistema Educativo, emitido por el Ministerio de Educación, en cuanto la institución supo del caso, debió enviar a la adolescentes al centro de salud más cercano, en compañía de la máxima autoridad, en este caso la rectora.
La institución también debió, en coordinación con el Departamento de Consejería Estudiantil, DECE, llamar a los padres, activar protocolos de actuación para acompañar a estudiantes, familiares y al equipo docente ante la detección de un caso de violencia, siempre en el marco de la protección integral y la no revictimización.
Además, a la institución le correspondía poner la denuncia en Fiscalía de manera inmediata, también en el Distrito de Educación, para que avoque conocimiento y emita medidas de protección. La Junta Distrital Intercultural de Resolución de Conflictos debería realizar el seguimiento y velar por el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por las autoridades competentes para protección de derechos, sancionando a quien corresponda por su no cumplimiento, así lo establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI.
“Todo esto debió ponerse en práctica, por eso hay protocolos, pero nos llama mucho la atención, que el caso se haga público hasta el lunes, desde el día jueves que sucedió. Eso demuestra que hay falta de diligencia e incumplimiento a la norma”, señaló Sybel Martínez.
Así también, el Código Integral Penal en la sección segunda, Artículo 277, referido a la Omisión de denuncia, establece que: la persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días.
Ante esto, Sybel Martínez menciona que es un tema de investigación “que puede llegar a la destitución de la autoridad que no cumplió con la norma”.
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El silencio de la instituciones educativas ante la violencia sexual
Sybel Martinez cuestiona una vez más, el accionar del Ministerio de Educación y dice que no es posible que salgan a dar declaraciones sin antes haber investigado el caso y peor aún “decir que se activaron los protocolos cuando no fue así”. Además del silencio por parte de las autoridades del plantel que al parecer aún no se han “desprendido de la idea de cuidar el buen nombre de la institución y de los administrativos”.
En la mañana del 26 de abril a través de un rueda de prensa, la Ministra de Educación, María Brown Pérez, mencionó que ya hay una denuncia en Fiscalía, una por parte de los familiares de la joven y, otra por parte de la institución. Indicó que no hubo falta al protocolo para atender violencia sexual en las instituciones educativas.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado anunció que se investiga la denuncia de violación y, “el Fiscal a cargo dispuso las respectivas diligencias y se ordenaron medidas de protección para la víctima y su familia”. De igual forma, el equipo de género de la Fiscalía “acompaña a la víctima y a su familia desde el momento en que se conoció el hecho”.
No es un caso aislado
En 2002, Paola Guzmán Albarracín, de 16 años, se suicidó a causa de los abusos sexuales que sufrió por parte de Bolívar Espín, vicerrector del Colegio Nacional Técnico de Comercio y Administración “Dr. Miguel Martínez Serrano”, en Guayaquil.
Este caso de violencia sexual en el ámbito educativo es emblemático porque llegó a instancia internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el año 2016 encontró responsabilidad en la violación de los derechos humanos de Paola Guzmán Albarracín y otros (su madre y su hermana menor), por parte del Estado ecuatoriano. Además, ordenó medidas de reparación integral, de no repetición, y de rehabilitación.
Tras la sentencia, se conformó el Observatorio Paola Guzmán Albarracín para vigilar el cumplimiento de las medidas de no repetición previstas en la sentencia y garantizar que ninguna otra niña o adolescente viva, lo que sufrió Paola,
El Observatorio tras conocer lo sucedido en el Colgio Dillon, se pronunció y señaló “Condenamos la violencia sexual de la que fue víctima una menor de edad. El derecho a una vida libre de violencia debe ser garantizado en espacios educativos donde los niños, niñas y adolescentes puedan reconocer y denunciar sin temor hechos de cualquier tipo de violencia”.
También está lo sucedido en 2016 con Valentina Cosíos Montenegro, de 11 años, quien desapareció y su cuerpo fue encontrado sin vida en el patio del Colegio Global del Ecuador, ubicado en ese entonces, al norte de Quito. Las autoridades de la institución educativa no quisieron responder por lo sucedido. Después de casi 6 años de impunidad, la fiscal especializada en Violencia de Género, Mayra Soria, interpuso un recurso de apelación, a la prescripción de la causa contra cinco de los seis procesados por el delito de homicidio culposo.
En 2017, la Asamblea Nacional creó la Comisión AAMPETRA, en memoria de 41 niños y niñas, quienes fueron abusados sexualmente por casi un año en las aulas de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, ubicada al sur de Quito. Los padres, madres y familiares de los estudiantes buscaron medidas de reparación y no repetición ante el daño tan irreparable, del cual no recibieron respuesta.
Al igual que estos casos, existen 4854 denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, receptadas entre el 2015 y el 2017, de ellas, 2673 están relacionadas al ámbito educativo, de las cuales, 1256 vinculan a docentes y autoridades, según datos de la Fiscalía General de Estado recogidos en el informe del Consejo Nacional para la Igualdad en 2017.
