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DERECHOS

Naciones Unidas evaluará a Ecuador en materia de DDHH 

 

Por Viviana Erazo @vivianaerz

Publicado 27 de abril de 2022

 

Después de cinco años, Ecuador será nuevamente evaluado en materia de Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal (EPU), que se realiza a todos los países miembros que integran la  ONU. El EPU se realizará en noviembre de 2022, en Ginebra. 

El último EPU fue en mayo de 2017. En el informe, Ecuador recibió 182 recomendaciones en materia de derechos, de las cuales, el Estado Ecuatoriano no acogió 19. 

 

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Ocho organizaciones de la sociedad civil realizaron una coalición para crear un informe que examine el cumplimiento de Ecuador a las observaciones sobre Derechos Humanos realizadas en el último EPU. En su elaboración debían participar representantes del Gobierno pero no respondieron ante el llamado de las organizaciones. 

Este informe fue elaborado por:  Fundamedios, Nos faltan Tres, Fundación Mil Hojas, Asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas en el Ecuador (ASFADEC), Fundación Lucha Anticorrupción, Diálogo Diverso, Fundación Desafío, y Fundación Iniciativas para la reinserción, y el Comité permanente por la defensa de los derechos humanos (CDH), y se enfoca en la Libertad de Expresión, derechos digitales y de video vigilancia, derechos a la privacidad, situación de las personas desaparecidas, situación carcelaria, derechos de las mujeres, migración, derechos de la comunidad GLBTI+ y anticorrupción.  

En la rueda de prensa de la que participaron los representantes de las diferentes organizaciones, se detallaron las problemáticas que evidencian la falta de acción del Estado en este ámbito, lo cual ha desencadenado una crisis social, aseguraron. 

César Ricaurte, Director Ejecutivo de Fundamedios, indicó que las diferentes radiografías sobre los informes de Derechos en el Ecuador indican que pese a que las autoridades resaltan que se han firmado todos los tratados y afirman que Ecuador es un “paraíso” en este aspecto, esa no es la situación real del país. 

“Con humildad, el Estado debe aceptar sus limitaciones y reconocer que hay profundas violaciones de Derechos Humanos de los ecuatorianos principalmente, de los más vulnerables”, mencionó Ricaurte. También afirmó que este examen puede ser el punto de partida para tomar acciones que finalmente incidan en políticas públicas que conlleven al respeto de los Derechos Humanos. 

En este marco, Jorge Medranda, coordinador de Diálogo Diverso, dijo que la población LGBTI es una población abandonada por el Estado, debido a que no se ha trabajado datos sobre los cuales se pueda informar sobre su situación. “Las organizaciones somos las que hemos recolectado estos datos y determinamos que dentro de la comunidad hay tres grupos que son atacados por la violencia”

Medranda se refirió a las mujeres transexuales, lesbianas y no binarias, y a las personas LGBTI en movilidad humana, resaltando este último grupo, donde señaló que, “no solo son agredidos por su género sino porque tienen otra nacionalidad”. Destacó que es necesaria una verdadera inclusión social y elaborar  estadísticas sociodemográficas de las comunidades LGBTI+. 

Por su parte, Ramiro Ávila, representante de Iniciativas para la reinserción laboral de privados de libertad, aseguró que es necesaria una evaluación sobre los poderes públicos que no están cumpliendo sus mandatos constitucionales. “Hay más de 300 personas asesinadas en masacres dentro del sistema penitenciario en donde debe garantizarse la vida. No sabemos quienes son responsables de las muertes” señaló. 

También fue crítico sobre el sistema punitivo que favorece al hacinamiento en las cárceles e hizo referencia a la responsabilidad del Gobierno, al no disponer de recursos sufientes y permitir la violación masiva de los derechos mediante tratos inhumanos; así como las omisiones en los servicios de salud de los privados de libertad. 

“El Estado debe salir de este sistema seguritista que nos hace pensar que la cárcel está llena de sicarios y narcotraficantes, cuando la cárcel  está llena de gente marginal excluida, pobre y sin recursos”. 

En este contexto, destacó puntos clave en los que debe trabajar el gobierno, entre ellos, implementar personal óptimo en el sistema penitenciario, realizar una evaluación de políticas de rehabilitación en la que participen personas privadas de libertad, elaborar una política de rehabilitación que esté relacionada con políticas de reinserción, reducir el hacinamiento con observancia de los principios constitucionales y que se transparente lo que está sucediendo en las cárceles. 

También estuvo, Juan Esteban Guarderas, representante de Fundación Lucha Anticorrupción, vinculó la corrupción con el ejercicio de los Derechos Humanos. “Podemos ver esto en los casos de corrupción en el sector de salud y toda la gente que murió debido a esto”. 

Hizo referencia también a la Reforma Tributaria, proyecto de Ley del Presidente Guillermo Lasso que fue aprobada en 2021 y entró en vigencia en enero de 2022. “Esta ley brinda una amnistía fiscal que exculpa al tema de enriquecimiento privado no justificado, lo que da paso al blanqueamiento de capitales y consecuentemente a la impunidad” explicó Guarderas. 

Sobre Libertad de Expresión, Dagmar Thiel, Directora de Fundamedios en Estados Unidos,  hizo referencia a la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos por medio de la video vigilancia. 

Thiel puso como antecedente que, el 07 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución 484 sobre el Derecho a la Privacidad en el aspecto digital. Esta resolución recomienda a los Estados que no permitan la vigilancia arbitraria e ilegal mediante el reconocimiento biométrico por video vigilancia, incluso de aquellas personas que ejercen su derecho a la reunión pacífica. 

La representante detalló que en el informe, Fundamedios recomienda que se emita la normativa necesaria en materia de videovigilancia que podría ser incluida en la Ley de protección de datos personales para normar el uso de la video vigilancia. Además, dijo que es fundamental que se levante la reserva del Ecu 911 que se mantiene desde el 2013. “Todo es confidencial, por lo cual es una falta de transparencia y el uso que se les da”. 

Virgina Gómez de la Torre de Fundación Desafío, de su parte, continuó detallando las recomendaciones que realiza el informe en materia de género, mismas que están divididas en dos ejes:  “la violencia feminicida y la violencia sexual que genera dolor muerte”. 

Según información de Fundación Desafío, existen 192 casos de femicidio desde la última evaluación de la ONU. Indicó que la responsabilidad cae sobre el Estado debido a que no promueve situaciones y procesos donde las mujeres tengan información sobre sus derechos. “Las mujeres que han muerto no tenían conocimiento de sus derechos, de que existen casas de acogida”. 

Afirmó que el informe destaca que la violencia de género se ha naturalizado en el país debido a las omisiones del Estado y esto contraviene estándares internacionales, Derechos Humanos y la Constitución por la falta de promoción a una vida libre de violencia. 

“La violencia sigue considerándose un problema privado, en el que no deben meterse. La violencia sexual se ha convertido en un espectaculo público, eso significa un estado de tolerancia a la violencia machista en contra de las mujeres” 

Indicó tambien que las victimas de violación, en su mayoría son niñas, terminan asumiendo embarazos no deseados y abortos clandestinos. “Esta situación se va a agravar por el veto parcial del presidente Guillermo Lasso. El veto permite la denuncia a mujeres que llegan a emergencia obstétrica y viola la sentencia de la Corte Constitucional” resaltó Gomez de la Torre. 

En otro tema, Fernando Bastias, representante del CDH, indicó que es necesaria una política de regularización para las personas en movilidad humana y que esta política debe tener enfoque de Derechos Humanos para que sea una política pública efectiva. 

Bastías destacó que las personas que se encuentran en esta situación quedan exentos de derechos como un salario digno, lo que conlleva a que no tengan ingresos apropiados y que no tenga la capacidad de acceder a una vivienda adecuada, lo que concluye en asentamientos humanos irregulares. “Lo único que reciben del Estado son amenazas de desalojo” dijo Bastías. 

Otro aspecto que aborda el informe es la impunidad en crímenes contra periodistas. Ricardo Rivas del Colectivo Nos Faltan Tres, afirmó que la justicia en el país ha sido selectiva y que por esto, es fundamental que exista acceso a la información, caso contrario se termina en la impunidad. 

El Colectivo Nos Faltan Tres fue creado después del asesinato de tres periodistas de diario El Comercio en la frontera con Colombia en 2018. Hasta el momento, el gobierno de Lenin Moreno y el actual guardan silencio frente a establecer responsabilidades en este caso. 

Rivas destacó que el Estado no da garantías a los y las periodistas. “Desde el asesinato de Paúl, Efraín y Javier,  no ha vuelto nadie a realizar investigaciones en la frontera”.  

Sobre las y los desaparecidos en Ecuador, Lidia Rueda de ASFADEC, dijo que hay mucho por trabajar ya que ningún gobierno se ha preocupado de dar soluciones o implementar políticas públicas que efectivicen la búsqueda de las y los desaparecidos. 

Según Rueda, los derechos de los familiares de personas desaparecidas han sido vulnerados por parte de empleados públicos y agentes del Estado. “Las víctimas indirectas estamos siendo vulneradas en la salud, deben darnos salud física y mental, con calidad y calidez, pero en la práctica, no se hacen presentes”. 

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que tiene por objeto mejorar la situación de derechos humanos, de cada uno de los 193 países miembros de la ONU. Ecuador es uno de ellos.

Aunque en la elaboración del informe debían participar activamente la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos, ambas instituciones no acudieron al llamado de la Coalición de organizaciones. La realización del informe se dio según los plazos puesto por la Organización De Naciones Unidas, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2022. “Se les invitó a representantes de la Secretaria de Derechos Humanos, pero el silencio es la respuesta que encontramos y eso es inaceptable” resaltó César Ricaurte, representante de Fundamedios.