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Por: Génesis Anangonó Ch.

El presidente Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo Nº 151, planteó nuevas condiciones para la minería en el país. El decreto, expedido el 5 de agosto de 2021, recoge 16 artículos, 5 disposiciones transitorias y 1 disposición final en los que se señalan acciones concretas para el sector minero y el impulso de una normativa sobre los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas.

Al respecto, la organización Acción Ecológica aseguró en un comunicado, que este plan se realiza con apoyo económico del Banco Mundial, lo que aumenta el monto de la deuda que el Estado ecuatoriano mantiene con organismos internacionales. Así también criticaron que este plan se dé vía decreto presidencial, y “pase por encima de la Constitución y de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza”, violentando el ordenamiento jurídico del país.

Según el gobierno, este plan de acción busca que el Estado se comprometa a erradicar la explotación minera ilegal, especialmente en las zonas de difícil acceso, así como el desarrollo de una herramienta tecnológica para la administración de derechos mineros que permita obtener nuevas inversiones extranjeras. Una vez culminado este proceso se realizará la reapertura del catastro minero, la agilización de licencias ambientales para las empresas y la formalización de mineros artesanales. Este decreto da 100 días al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para difundir las nuevas condiciones del plan de acción.

Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía, dijo que el decreto 151 representa “un hito porque define con claridad la política minera en el gobierno bajo pilares fundamentales como la atracción de la inversión privada”, puesto que el documento busca fortalecer la regulación y el control de las actividades mineras  lícitas a escala nacional, a través de la generación de “condiciones óptimas, técnicas y jurídicas, para evitar conflictos y controversias”.

El decreto 151 también simplificará los trámites para el sector minero que opera de manera legal y pone “atención específica” a la minería ilegal. Además, plantea el fortalecimiento de “la institucionalidad” encargada de controlar y administrar los derechos mineros y la generación de una “política pública, normativa, regulación y control para fortalecer los procesos administrativos y evitar la discrecionalidad o arbitrariedad de los funcionarios en la interpretación de los contratos”.

A través de este decreto, el gobierno de Guillermo Lasso plantea, en un plazo de 100 días, impulsar y promover la generación de normativas sobre los procesos de consulta previa para pueblos y nacionalidades indígenas “para los casos en que las decisiones o autorizaciones gubernamentales puedan influir en sus territorios”. Además, dispone el diseño de una estrategia para prevenir, controlar y sancionar las actividades mineras ilícitas.

Con la implementación del decreto 151 se intentará promover y difundir las estadísticas y proyecciones del sector minero, así como las negociaciones del Estado y las empresas mineras. Además, deberá existir una coordinación conjunta -entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Ambiente- que ayude a promover y adoptar medidas “para que los actos administrativos previos y demás permisos ambientales y de agua sean atendidos de manera oportuna y no interfieran con los compromisos de inversión”, también se deberá facilitar los acuerdos asociativos que permitan “la participación de inversionistas privados en los proyectos”.

Respecto de este punto, Acción Ecológica mostró su preocupación pues los Ministerio de Ambiente y Energía tendrán dos meses para revisar los trámites mineros a fin de que “se tomen las acciones pertinentes para que estos procesos sean considerados como prioritarios”. Según la ONG, con este plan el gobierno legalizaría alrededor de 3mil concesiones mineras de todo tipo, que aún no tienen autorización y que ocupan más de 2 millones de hectáreas de todo el territorio nacional. También recordó que sobre varios proyectos mineros hay procesos de resistencia, sentencias judiciales, y resultados de consultas populares que se han realizado en los últimos años, por lo que Acción Ecológica mostró su preocupación ante nuevos conflictos en estos territorios.

Luego de la firma del decreto, el presidente Lasso se reunió con representantes mineros y   dijo que en los próximos cuatro años “se trabajará para que la producción petrolera se incremente de 500 mil a un millón de barriles” de petróleo, sin embargo, dijo que para que eso ocurra se necesita una inversión de 16 mil millones de dólares, sin tomar en cuenta los costos que pueda generar la exploración de estos territorios; y para ello se requerirá inversión de empresas privadas extranjeras. Así mismo se confirmó la presencia del empresario Roberto Salas, quien fuera directivo y accionista minero, como consejero Ad Honorem sobre alianzas públicos privadas. Salas había sido señalada inicialmente por Lasso, para ocupar el Ministerio de Energía y Minas.

Para Acción Ecológica hay una “necedad del gobierno y las empresas mineras por convertir al Ecuador en país minero” pese a la negativa de los pueblos que defienden el agua y a la agricultura campesina.