DERECHOS
Ecuador se responsabiliza de la desaparición de Luis Guachalá, 18 años después
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado el 20 de septiembre de 2022
Zoila Chimbo, madre de Luis Eduardo Guachalá Chimbo, quien desapareció en enero de 2004 en el Hospital Público Psiquiátrico Julio Endara de la ciudad de Quito, ha luchado durante 18 años en la búsqueda de su hijo que tenía discapacidad mental. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia del caso y declaró al Estado responsable por “violación del derecho a la salud, discriminación, desaparición, falta de garantías y protección judicial de una persona con discapacidad”. Asimismo, la Corte IDH determinó que también se violó el derecho a la integridad personal, en perjuicio de Zoila y Nancy Guachalá, hermana de Luis.
Como parte de la sentencia dictada por la Corte, el 15 de septiembre se realizó el acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano en este caso.
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“Quiero que busquen a mi hijo, algo pasó ahí adentro. Mi corazón de madre me dice que mi hijo no salió de ahí”, son las palabras de Zoila Chimbo, madre de Luis Eduardo Guachalá Chimbo, en un vídeo presentado por la Fundación Inredh, días antes de las disculpas públicas que el Estado ecuatoriano brindará a la familia de Luis, por ser responsable de una serie de vulneración de derechos y de su desaparición.
Luis Eduardo Guachalá era un joven de 23 años, quien el viernes 10 de enero de 2004, fue llevado al Hospital Público Psiquiátrico Julio Endara de la ciudad de Quito, por su madre, Zoila Chimbo, debido a que sufría ataques de epilepsia frecuentes. Ese día, Zoila y su hijo Eduardo fueron recibidos por el médico residente de turno y personas de enfermería, quienes lo llevaron a una cama para inyectarle algún tipo de sedante, según información recogida por la Fundación Inredh. Su madre preguntó si era posible visitarlo al día siguiente, pero le recomendaron hacerlo hasta el día lunes 12 de enero, pues le aseguraron que Luis estaría dormido todo el fin de semana.
Zoila llamó el día domingo y habló con una enfermera, esta le comunicó que su hijo seguía dormido. Al llegar el día lunes, Zoila fue hasta el hospital e ingresó hasta la habitación donde se suponía estaba Luis, pero no lo encontró. Su madre empezó a preguntar por él y una doctora de turno le dijo que podría encontrarse en la peluquería del Hospital o en algún otro espacio, pues no era su responsabilidad cuidar de los pacientes. Tras buscar a su hijo en los lugares indicados y no encontrarlo, el personal del hospital le aseguró que se comunicaría con ella por teléfono para informarle sobre el estado de salud de Luis.
La desaparición de Luis Eduardo
Luis Eduardo Guachalá estuvo internado en el hospital Julio Endara hasta el 17 de enero de 2004, cuando estaba en el patio de la institución junto a otros pacientes. Posteriormente, fue llevado por un enfermero a la sala de televisión en donde se quedó sentado mientras el enfermero fue a atender a otro paciente que amenazaba con irse del hospital, según el testimonio del enfermero recogido en la sentencia de la Corte IDH, después de 15 o 20 minutos regresó a la sala de televisión y Luis Eduardo ya no estaba. Así que empezó a buscarlo por las instalaciones del hospital pero no lo encontró.
Zoila, el domingo 18 de enero de 2004, fue hasta el hospital para ver a su hijo y el enfermero le indicó que su Luis Eduardo había escapado y que lo habían buscado por todo el sector pero no tuvieron respuesta, por lo que, le recomendaron ir hasta la policía y poner en aviso de los sucedido. Además, continuaron buscando por el sector, en otros hospitales, morgues pero no dieron con el paradero de Luis. Se abrió una investigación en la Fiscalía Distrital de Pichincha y tras varias diligencias, el 19 de julio de 2006, el Juzgado Décimo Octavo de lo Penal de Pichincha ordenó el archivo de la causa.
En 2009, la Fiscalía volvió a abrir la investigación e inició con la Indagación Previa por desaparición de una persona, ordenando la toma de versiones de quienes conocieron del suceso. Se hizo el reconocimiento del lugar de los hechos y se realizaron otras diligencias, hasta que, en 2019 se realizó el allanamiento, búsqueda y rastreo con georradar en las inmediaciones del hospital con miembros policiales del Grupo de Operaciones Especiales y del centro de Adiestramiento canino, con tres guías y dos canes adiestrados en la búsqueda de osamentas, sin resultados positivos.
Ante la falta de una respuesta, Zoila fue al Sistema Interamericano de DDHH; primero a la CIDH, y luego a la Corte IDH.
El caso llegó a la Corte IDH
En julio de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sometió a su jurisdicción el caso de Luis Eduardo Guachalá y de familia respecto a su desaparición en 2004, mientras se encontraba en el Hospital Público Psiquiátrico Julio Endara. Es así que tras analizar el caso, el 26 de marzo de 2021, la Corte concluyó que “el Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, acceso a la información para brindar el consentimiento informado en materia de salud, igualdad y no discriminación, protección judicial y salud, en perjuicio”, del caso de Luis Eduardo Guachalá.
Asimismo, se concluyó que el país violó el derecho a la integridad personal en perjuicio de Zoila Chimbo y su familia, debido a que “sufrieron profundamente por la desaparición de su ser querido, lo que se ha venido agravando y profundizando como consecuencia de la falta de esclarecimiento y justicia sobre las circunstancias de la misma”.
Reparaciones tardías
Dayuma Amores, asesora legal de Inredh, en una entrevista para Wambra dijo que desde que se dictó la sentencia, en junio de 2021, las disculpas públicas debían cumplirse antes del año.
Sin embargo, aunque ya había un fecha previa de realización del acto, “nosotros solicitamos que se lo postergue porque no cumplía con las características que creíamos prudentes para la realización de un evento de esta magnitud. Y, es sobre todo que, en realidad las instituciones estatales reconozcan esta responsabilidad y pidan disculpas por el sufrimiento, la revictimización que ha tenido que pasar la señor Zoila Chumbo y resto de su familia”.
Por tal motivo, el 15 de septiembre de 2022, se realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Ecuador en el caso de Luis Eduardo Guachalá, como una de las 14 medidas de reparación que dictó la Corte. Además, una de las reparaciones más importantes para la familia es que el caso se siga investigando para dar con el paradero de Luis, pues, para su “madre, hermanas y resto de su familia, conocer la verdad detrás de la desaparición es lo básico y lo que aún no han logrado tener”, añadió la abogada Amores. A todo se suman, medidas de rehabilitación que incluyen gastos médicos, psicológicos, económicos por lo que ha pasado la familia todos estos años. “Detrás de una desaparición, el deterioro para las familias es grande”, agregó.
La abogada también explicó que Ley Orgánica de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas en Ecuador apenas está vigente desde el año 2020 y que cuando se dió la desaparición de Luis, en 200, no existía una normativa con protocolos adecuados y fue su madre Zoila Chimbo, quien ha luchado contras las instituciones del Estado logrando justicia 18 años después, pero no ha encontrado la verdad. El Estado no le dice qué pasó con su hijo y por eso ella sigue luchando. Por lo tanto, el acto de disculpas públicas es una garantía de “satisfacción dentro de la reparación integral para reconocer la responsabilidad estatal y luego pedir disculpas a la familia que son las víctimas indirectas de la desaparición”, agregó Amores.
Amores mencionó que en una investigación realizada en 2020 por la Fundación Inredh, se determinó que de 1973 hasta el 2020 habían desaparecido 334 personas de casas de salud, algo que es muy preocupante. Muchos de esos casos no son denunciados o no han tenido la repercusión suficiente. Por lo tanto, crear un protocolo de actuación en casos de personas que desaparezcan de casas de salud, es básico para que el personal sanitario, de salud sepa cómo actuar en primera instancia y comunique oportunamente a las autoridades, unidades de policía especializada o fiscalía para que inicien las investigaciones, explicó. Y, a pesar de existir una ley hay muchas cuestiones que no han sido implementadas como el registro único de personas desaparecidas, pues la Fiscalía, Dinased, y el Ministerio de Gobierno manejan cifras diferentes.
Disculpas públicas
“Esperábamos que salgas bien, que salgas curado de aquí pero no fue así ya son 18 años que no sabemos de ti. Pero sabemos que todo tiene un sacrificio, te tuvieron que sacrificar a ti para que en memoria tuya nunca más suceda esto, que las personas con tu misma discapacidad tengan derecho a ser informadas y que otras familias no sufran lo que nosotros sufrimos”. Estas fueron palabras ofrecidas por Nancy Chimbo, hermana de Luis Eduardo Guachalá, durante el acto de disculpas públicas realizado por el Estado Ecuatoriano el 15 de septiembre de 2022.
El Ministro de Salud, José Ruales, en representación del Estado ecuatoriano, fue el encargado de disculparse con la familia Guachalá. Ruales reconoció que existió una vulneración de derechos en 2004, y que el estado no garantizó la vida ni la integridad de Luis Eduardo: “Por eso presentamos nuestras disculpas y a la vez como Estado nos comprometemos a tomar las acciones necesarias para que casos como el de Luis Eduardo ocurrido en el 2004 no ocurra nunca más”.
Al acto, realizado en el hospital psiquiátrico Julio Endara en Quito, asistieron Andrea Romo, directora de protección, reparación integral y autoridad central de la Secretaría de Derechos Humanos; Mery Chiriboga, coordinadora de acceso a la justicia penal de la Fiscalía General del Estado (FGE), funcionarios del hospital y familiares de Luis Eduardo.
El Ministro se comprometió de manera pública a realizar las acciones necesarias para que se cumplan las 14 medidas de reparación, previstas en la sentencia de la Corte IDH en este caso; entres las que están: sancionar a los responsables, así como determinar el paradero de la víctima; crear un protocolo de actuación de los funcionarios de salud pública al ocurrir una desaparición; diseñar una cartilla que desarrolle en forma sintética, clara, accesible y de lectura fácil los derechos de las personas con discapacidad al recibir atención médica, entre otras.
Rosa Bolaños, asesora legal de Inredh, durante el evento mencionó que el Estado ecuatoriano debe buscar la no repetición de estas vulneraciones “el compromiso dentro de los organismos estatales debería estar encaminado, a no repetir este tipo de vulneraciones, que someten a los familiares y amigos de personas desaparecidas a un sufrimiento y doloroso camino en el sistema judicial”.
La sentencia de la Corte IDH en este caso es la primera en el Ecuador que genera estándares de protección a pacientes con discapacidad mental que acuden a un centro de salud, a través del consentimiento informado.
