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Informe denuncia intimidaciones y vulneraciones a defensoras y defensores de derechos en Ecuador

Por: Equipo Wambra Medio Digital Comunitario @wambraec

22 casos emblemáticos de defensores de derechos humanos fueron recogidos en el informe “Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador: Retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección”, realizado por la Alianza de Derechos Humanos. Las vulneraciones que recoge el informe están relacionadas a actividades extractivas como la explotación minería, los hidrocarburos, la agroindustria y las hidroeléctricas. Además se muestran casos relacionados al uso indebido del Derecho Penal y la estigmatización por parte de funcionarias y funcionarios públicos del Estado hacia las comunidades que defienden sus territorios, sus líderes y lideresas.

En la presentación de este informe, se escucharon varios testimonios de líderes indígenas y defensores, quienes denuncian vulneraciones a sus derechos e incluso amenazas a su integridad. Josefina Tunki, primera presidenta del Pueblo Shuar, mencionó: “El 6 de noviembre fui amenazada a través de un medio de comunicación por Federico Velásquez, vicepresidente de la empresa Canadian Solar. Todo mi consejo, presidentes y síndicos de las bases que son protectores del territorio estamos siendo perseguidos”. 

La lideresa shuar también explicó la grave situación de desigualdad que enfrentan sobre todo en el contexto de la pandemia, y ratificó: “ No somos terroristas, somos ecuatorianos y no podemos caminar con tranquilidad, siendo dueños del territorio”. Las y los defensores pidieron además que se respete las prácticas culturales de los territorios como la guardia indígena y la justicia indígena. Sobre esto Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana FCUNAE expresó: “Considerar a la justicia indígena como una amenaza es un acto discriminatorio hacia nuestras prácticas ancestrales”. 

Durante la presentación de este informe, se recordó que desde 2019 se lleva adelante la consolidación de una mesa interinstitucional, liderada por la Defensoría del Pueblo que tiene como objetivo la construcción de una política pública para garantizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza. Sin embargo, Sofía Jarrín de Amazon Watch menciona que no ha existido un diagnóstico adecuado que recupere las voces de los y las defensores. Para Jarrín este informe se convierte en un insumo que debe ser tomado en cuenta: “Durante el proceso de consolidación de la mesa el Estado continuó hostigando, intimidando, agrediendo y criminalizando a personas defensoras”. Mencionó varios casos emblemáticos como Furukawa, La Merced de Buenos Aires, Astac, Explocen, entre estos. Incluso en el informe constan asesinatos como el de Andrés Durazno de Río Blanco de Cuenca.

Gabriela Fraga, Defensora y habitante de la Parroquia de la Merced de Buenos Aires, habló sobre la criminalización y los costos tanto sociales como económicos que esto implica para ella y su comunidad: “En días recientes, me llegó una nueva citación. La criminalización es totalmente indignante e injusta. Sabemos que todo esto lo hacen como una forma de amedrentar y deslegitimar la lucha porque quieren mantenernos entretenidos en nuestra defensa. Es un desgaste económico para la población que no tiene recursos”. 

Las organizaciones que integran la Alianza de Derechos Humanos, hicieron un llamado para que el Estado reconozca responsabilidades y frene la violencia hacia los defensores de derechos. María Espinoza de Amazon Frontlines aseguró: “El Estado tiene la obligación concreta y urgente de garantizar y proteger nuestra labor; eso incluye abstenerse de usar de manera indebida el derecho penal, acciones de estigmatización y discriminación y acoso a través del uso fuerza pública o de particulares con el ánimo de disuadir o desalentar nuestra labor”. Al finalizar la presentación, este informe fue entregado a la Secretaria de Derechos Humanos, Bernanda Ordoñez, quien se comprometió a investigar estos casos.