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Defensores de Derechos Humanos denuncian criminalización en comuna kichwa El Edén

 

Por: Génesis Anangonó Ch.

 

Publicado 02 junio de 2021

 

Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron la criminalización del dirigente Wilson Quindigua Salazar y el asesor jurídico, Luis Solís Tenesaca tras la protesta social sostenida por la comuna kichwa El Edén, en contra de la empresa estatal Petroecuador, en mayo pasado. Esta comuna se encuentra en la provincia de Orellana y comparte una porción de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní.

La comuna kichwa El Edén, parte del pueblo Naporuna, inició una protesta para exigir que la empresa petrolera estatal les otorgue medidas de reparación y compensación por las operaciones del bloque petrolero 12, donde se procesan alrededor de 89 mil barriles de crudo por día. Estas actividades según las y los comuneros, han provocado daños que “incluyen la contaminación acumulada por varios derrames de petróleo y por disposición indebida de aguas de formación; la contaminación y la pérdida de fauna por el ruido de los generadores; y, los efectos de la quema de gas asociado al aire libre”. Las y los comuneros de El Edén, además, han denunciado fragmentación social y cultural dentro de su territorio a causa del petróleo: “la comuna vive en la pobreza y tiene comprometido su futuro inmediato y a largo plazo cuando el campo deje de producir”. La comuna tiene 600 habitantes, sin embargo no cuenta con servicios básicos.

En el comunicado emitido por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos se expone que en los últimos 20 años “por lo menos cinco empresas han operado el bloque 12” y ninguna ha respetado los derechos de la comuna “ni ha cumplido a cabalidad el precario convenio de compensación”. En el caso de Petroecuador, el convenio con la comuna El Edén, finalizó el 10 de mayo de 2021, por esta razón, se activó una protesta pacífica que concluyó 48 días después, cuando iniciaron los diálogos con la Gobernación de Orellana para hablar sobre sus necesidades. El 25 de junio, se firmó un preacuerdo entre la comuna y la estatal Petroecuador, en el que la comuna se comprometió a suspender la protesta y la petrolera se comprometió a llegar a un acuerdo: “que incluya financiar un proyecto de agua potable y uno de repotenciación del servicio eléctrico y a adecuar un subcentro de salud y las viviendas para los médicos, sin embargo, no dejó claro su compromiso de cumplir con la exigencia de la Comuna sobre la vivienda para los socios”. 

Pocos días después de este acuerdo, se conoció que Petroecuador presentó una denuncia penal por “paralización de servicios públicos” en contra de Wilson Quindigua Salazar y Luis Solís Tenesaca, misma que, según informó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, habría sido presentada el 13 de mayo, pero, Wilson Quindigua y Luis Solís conocieron apenas el 22 de junio, cuando uno de ellos fue notificado.

Pese al acuerdo, Petroecuador no ha cesado la denuncia en contra de los defensores, acción que la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha calificado como “‘tácticas’ ilegales, ilegítimas cuyo único objetivo es amedrentar y ‘advertir’” a las y los defensores y las comunidades. La Alianza exigió al Estado ecuatoriano “garantizar el cumplimiento efectivo, integral e intercultural del pre-acuerdo entre la comuna El Edén y Petroecuador”, a la Fiscalía de Orellana archivar la investigación abierta contra de los defensores y a la Fiscalía General del Estado no “seguir  siendo instrumento de persecución de defensores y defensoras e impulsar su criminalización”.