Decreto 95 delega administración de Petroecuador a empresas privadas
Por: Génesis Anangonó Ch @genestefa
Publicado 09 de julio de 2021
El Decreto Ejecutivo 95 plantea una nueva política hidrocarburífera que deberá construirse e implementarse en el país en los próximos 100 días. Su construcción e implementación estará a cargo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional, ya que muchos de los puntos plantean un cambio en las leyes vigentes.
En el actual decreto existen cuatro artículos que condensan temas como la creación de políticas públicas para la inversión privada, la reformulación del modelo de contratación actual para la exploración y explotación del petróleo. Además, se deberán crear cláusulas de estabilidad económica en los contratos y cláusulas de solución de controversias a través del arbitraje internacional. El decreto 95 establece también que se debe realizar un análisis del funcionamiento de las refinerías, el estado de las licitaciones de Petroecuador y la identificación de estos campos productivos para que sean delegados a manos de privados, al igual que las gasolineras de Petroecuador que serán vendidas de manera “prioritaria e inmediata”.
El decreto también contempla una reforma a la Ley de Hidrocarburos y un Proyecto de Ley para crear un fondo de sostenibilidad petrolera, propuesta en la que participarán los Ministerios de Economía, Energía y tres miembros de la sociedad civil delegados por el presidente Lasso. Así mismo se realizará una auditoría que clarifiqué el proceso de fusión de Petroecuador y Petroamazonas, la creación de políticas de sanción para los funcionarios que incurran en conflictos, y el desarrollo de un nuevo modelo de negocios para la estatal de la mano de una consultora internacional.
Organizaciones como Acción Ecológica rechazan el decreto 95, pues aseguran que, en campaña, el mandatario se comprometió a “promover los derechos humanos y de la naturaleza, impulsar el desarrollo y la protección del ambiente con una agenda sostenible”, quedando estas promesas en “pura demagogia” y en un incumplimiento de los compromisos ofrecidos durante la campaña electoral con las organizaciones ambientalistas.
