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Concejala Paolina Vercoutère apelará sentencia de Tribunal Contencioso Electoral por violencia política
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 22 de agosto del 2022
Paolina Vercoutère Quinche, Concejala de Otavalo, denunció el 30 de mayo de 2022, en el Tribunal Contencioso Electoral, violencia política en su contra por parte del alcalde de Otavalo, Mario Conejo, del concejal Alberto Morales y la secretaria del concejo, Mariana Perugachi. Los actos de violencia política en contra de Paolina Vercortere empezaron en 2019 por defender el derecho a la paridad de género, en el contexto de la elección de vicealcaldesa del cantón Otavalo.
Desde que presentó su denuncia se han dado dos diferimientos de audiencias y el 18 de agosto de 2022, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió rechazar la denuncia que interpuso. A través de un comunicado, la concejala dijo que apelará a la sentencia y colocará una vez más, los elementos que prueban la violencia politica ejercida en su contra no solo por ser concejala sino tambien por ser feminista.
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Paolina Vercoutère Quinche, es concejala de Otavalo. Lleva en la política desde el 2013 y desde entonces sufre violencia política en función de algunas posturas que tiene como mujer, mujer kichwa y activista feminista. Como parte de la violencia que han ejercido sobre ella, ha recibido ataques digitales, burlas por su posición como feminista, recreando estereotipos de género y burlas por la exclusión que vive en las comisiones de los Concejos Municipales.
El 30 de mayo de 2022, Paolina denunció al alcalde de Otavalo, Mario Conejo, al concejal Alberto Morales y a la secretaria del concejo, Mariana Perugachi, por “presunta infracción electoral de violencia política de género”, según la Sentencia Cuada No. 135-2022-TCE. La demanda se da amparada en el artículo 280 del Código de la Democracia, el cual establece que, la violencia política de género, es una agresión cometida por una persona o grupo de manera directa e indirecta, contra mujeres candidatas, militares, electas, o que ejercen cargos públicos. Asimismo por ser defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales.
Esta denuncia se presentó porque en 2019, la concejala de Otavalo empezó a sufrir actos de violencia como consecuencia de su defensa pública al derecho a la paridad de género, en la elección de la vicealcaldía del cantón. Las mujeres concejalas ganaron la designación tras presentar una acción de protección, en noviembre de ese año, según un boletín de la organización Mega Mujeres, que acompaña los casos de violencia. Sin embargo, después de estas acciones la violencia contra Vercoutère se intensificó.
Mega Mujeres expone que el alcalde Mario Conejo Maldonado, de forma reiterada, ha impedido que Paolina Vercoutère ejerza sus funciones de legislar y fiscalizar, en condiciones de igualdad. También se le ha restringido el uso de la palabra en las sesiones de Concejo, se ignoran o invisibilizan sus propuestas de ordenanzas; le niegan el acceso a información pública, no responden sus requerimientos, se la excluye de comisiones municipales. Por lo tanto, la organización hizo un llamado al Tribunal Contencioso Electoral a resolver de manera favorable la denuncia presentada por Paolina.
Paolina Vercoutère Quinche dijo que además de la denuncia que presentó en el TCE, en la Fiscalía General del Estado hay dos procesos estancados por violencia política y digital porque tuvo un ataque a sus cuentas personales con pornografía infantil. Además hace cinco meses pidió a la Defensoría del Pueblo una acción de protección porque luego del ataque a sus redes “me sentí bastante insegura, pero no he recibido ninguna respuesta porque el trámite está estancado en temas burocráticos. Para mí esto ha sido revictimizante porque, a causa de la inestabilidad institucional, me he tenido que reunir con funcionarios para explicar mi caso y que me crean”.
La acción de protección también fue pedida por los ataques en su contra por parte del concejal, Alberto Morales. La concejala relata que en una una sesión de concejo, por parte del alcalde y otros participantes políticos, “recibí insultos por mi activismo feminista. Me han tratado de feminazi, extremista, radical, ambiciosa, falsa indígena”. Todo eso sucedió en el marco del 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, cuando ella se trasladaba a acompañar y dar seguimiento al caso Ichina, una mujer indígena víctima de femicidio en Otavalo, hecho sucedido en el mismo día.
Proceso por infracción electoral
Ana María Gómez, abogada y coordinadora legal de Mega Mujeres dijo que la violencia política de género es una infracción electoral no de tipo penal. En este proceso no entra la fiscalía ni ningún otro organismo que tenga que ver con la justicia ordinaria. El Tribunal Contencioso Electoral está conformado por cinco jueces principales que tienen jurisdicción nacional para resolver sobre justicia electoral y violencia política por violencia de género.
El juez Joaquin Viteri llevó el caso de Paolina en primera instancia, sin embargo, a medida que iba avanzando el proceso, el juez tuvo que salir de vacaciones y a cargo quedó un suplente, Guillermo Ortega, por lo que el proceso se retrasó. La abogada Gómez explicó que al ser justicia electoral por su naturaleza los procesos son rápidos y no hay demora en resolverse. Según la abogada, el proceso tiene una sola audiencia programada dentro del trámite: la audiencia oral única de prueba y alegatos, que se convocó el 27 de julio. Faltando horas para la audiencia, el alcalde Mario Conejo, uno de los denunciados presentó un escrito solicitando que se difiera la audiencia, adjuntando un certificado médico diciendo que tenía Covid-19, por lo que no podía comparecer.
La nueva audiencia intentó desarrollarse el 01 de agosto, y ya estando todas las partes presentes, antes de iniciar la audiencia, el abogado del alcalde Mario Conejo, solicitó que se difiera en razón de que él no era el abogado original y apenas conocía el caso, por lo que no podía intervenir sin tener conocimiento del mismo. La abogada Gómez cuenta que rechazó la petición para que no se dé paso al pedido porque lo único que querían era “seguir retrasando el proceso. Sin embargo, el juez lo concedió amparado en el respeto del derecho a la defensa del acusado”.
Para el 8 de agosto, lograron instalar la audiencia y se presentaron algunas irregularidades. Las tres personas acusadas por la defensa de Paolina necesitaban el tiempo prudente para emitir las acusaciones de manera personal. La principal irregularidad fue que durante el proceso se dió 20 minutos para las intervenciones, cosa por la cual la abogada del caso, Ana Gómez, reclamó porque ella tendría el tiempo ya establecido de solo 20 minutos; mientras que los tres acusados tendrían 60 minutos. Adicionalmente, dos testigos no pudieron intervenir en la audiencia por cuestión de tiempo. Así el 17 de agosto el juez suplente envió su veredicto, rechazando la denuncia de Vercotere y alegando que las actuaciones denunciadas no se configuran en violencia política.
Paolina Vercoutère Quinche, a través de su cuenta de twitter, escribió que el Tribunal Contencioso Electoral resolvió rechazar la denuncia que ella interpuso por violencia política en contra del alcalde de Otavalo, Mario Conejo Maldonado, el concejal Alberto Morales Cotacachi y la secretaria del concejo Mariana Perugachi.
“Apelaré dicha sentencia, colocando, una vez más, todos los elementos que prueban la violencia política ejercida en mi contra como concejala y feminista. Con esta sentencia, decenas de mujeres concejalas quedamos a merced de nuestros agresores, naturalizando así la violencia en el ejercicio de la política y perdiendo la ocasión para democratizar este espacio que es por antonomasia patriarcal”, agregó la concejala de Otavalo.
La defensa de Paolina Vercotere presentó el 22 de agosto, una petición de ampliación al caso para que el juez explique porque las 18 acciones concretas presentadas con fecha y hora en contra de la concejala no son violencia política de género. Luego de este recurso presentarán la apelación al caso.
Para Paolina, el proceso ha sido muy desgastante a nivel emocional, físico y político sobre todo, por el nivel de justicia que hay en el país que considera, no responde a las víctimas de violencia de manera efectiva. Además en Ecuador, según la concejala, no hay una ruta clara para la denuncia de casos de violencia política porque apenas está siendo concebida por la sociedad. Incluso “dentro del movimiento de mujeres y feminista se tiene una sospecha a las mujeres políticas porque la violencia que vivimos no es suficientemente válida porque nos movemos en los espcios politicos, entonces todo ese espacio que está desprestigiado lo acarreamos también nosotras. No existe acompañamiento en esos casos”, agregó.
Después del rechazo de la denuncia de Paolina en contra de los tres funcionarios, la secretaria del concejo, Mariana Perugachi, salió en rueda de prensa con otras mujeres para mostrar que, “las mujeres sí les creen a ellos. Me toca volver a ir a un concejo municipal donde tengo que escuchar las risotadas, presión. Es muy triste la verdad”, añadió.
Violencia política contra las mujeres
Al igual que Paolina Vercoutère, la vicealcaldesa del cantón Paltas, Yennifer López Orozco también sufrió violencia política de género por parte de Jorge Luis Feijoó, alcalde del cantón. Tras presentar una demanda el juez Joaquín Vitero, del Tribunal Contencioso Electoral emitió una sentencia en favor de López y se dispuso la destitución de Feijoó, una multa de 10 mil dólares y la prohibición de participar en política durante dos años.
El ex alcalde del cantón Paltas, Jorge Luis Feijoó, solicitó una audiencia de estrados, la cual se llevó a cabo el 16 de agosto de 2022. Yennifer López Orozco a través de un vídeo en twitter, informó que la parte denunciada solicitó y pidió la nulidad del caso.
La organización Mega Mujeres en defensa de la vicealcaldesa del cantón Paltas, comunicó que durante la audiencia se dejó claro porque el TCE debe ratificar la sentencia de primera instancia, pues el proceso tiene total validez y no cabe nulidad.
