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Comunidad migrante en Imbabura preocupada por acciones xenófobas ante la inseguridad
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Publicado 22 de abril de 2022
La ciudadanía de Imbabura se encuentran indignada después de las muertes violentas que se han suscitado los últimos días en Ibarra, donde un hombre fue baleado en los exteriores de un cajero y una bebé de 7 meses fue asesinada por sicarios, contratados supuestamente por el padre de la menor, un policía en servicio activo.
Este jueves 21 de abril, en Otavalo se organizó una marcha para pedir que vuelva la paz a la provincia.
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Después de los hechos violentos en algunas ciudades de la provincia de Imbabura, moradores de la parroquia La Dolorosa del Priorato, en Ibarra, cerraron el paso de la Panamericana Norte para exigir seguridad y no más violencia. Alexander Mafla, vecino del sector, en una entrevista para Diario el Norte, mencionó que “el nivel de inseguridad extrema causa mucho dolor a las familias”, e hizo un llamado de atención al gobierno para que haga “justicia y les dé respuestas”.
En entrevista para Wambra, Paolina Vercoutère Quinche, Concejala de Otavalo, dijo que “existe una ausencia total del Estado a nivel nacional. Estamos viviendo un contexto de crisis en seguridad no solamente en Imbabura, sino en el país y sin embargo, se ve un gobierno totalmente ausente”. Ella mencionó que tras las muertes violentas que se han dado “la gente está conmocionada, porque eso nunca había pasado en el cantón”
Vercoutère recordó que días atrás, en el centro de Otavalo, “presuntos sicarios” balearon a un hombre, y agregó que como respuesta, las comunidades indígenas se levantaron y empezaron a generar demandas al Estado.
Varios líderes ciudadanos y comunitarios de Otavalo se organizaron para realizar una marcha el 21 de abril de 2022, debido a los “ los altos índices delincuenciales que se viven hoy por hoy, y que se quieren erradicar”. Según Vercoutère la marcha programada fue “multitudinaria y congregó por primera vez, a la ciudad y a la ruralidad”.
Durante la marcha, se presentaron algunas demandas al Municipio de Otavalo para activar el Consejo de Seguridad Ciudadana. Entre estas que se coordine con el Ministerio de Gobierno, Fuerzas Armadas y los entes pertinentes para “activar vigilancia y seguridad”.
Vercoutère también señaló que entre esos pedidos están: “que regresen los efectivos de Policía Nacional porque aparentemente todo lo que correspondía Imbabura se ha desplazado a las provincias de la Costa”.
De igual forma, la presidenta de la parroquia La Dolorosa del Priorato, Tatiana Aguirre, en una entrevista para Diario El Norte dijo “estamos indignados frente a estos acontecimientos y necesitamos el compromiso real de la Policía Nacional, que exista la presencia del Estado en nuestra parroquia, cantón y país”.
Añadió que las autoridades del cantón se niegan a trabajar con “policía de migración, revisión de la documentación de las personas que transitan aquí en nuestra parroquia, al igual que las motos que transitan ilegalmente sin placas, sin ninguna documentación”.
Aguirre también pidió más refuerzo policial porque “de los 8 servidores que deben estar al servicio de la parroquia, solo tenemos 4. Eso no logra cubrir toda la zona”, agregó.
Xenofobia ¿respuesta a la inseguridad?
Diario El Norte entrevistó a un miembro de la policía, quien mencionó que “con el pueblo, el gobierno central y la Policía Nacional han coordinado para realizar una verificación de casa en casa sobre los arrendatarios y la situación en la que están, regular, irregular y hasta el personal de migración llegará al punto”.
Tras estas declaraciones, Jefferson Díaz, periodista especializado en la cobertura de temas migratorios y parte del Colectivo Araguaney, expresó que se debe investigar de qué manera se realizará la verificación “casa por casa” y la revisión del estatus migratorio de cada persona.
Díaz cuestionó la manera en que esa acción se llevará a cabo “¿bajo qué leyes y bajo qué parámetros legales ellos pueden realizar eso?” y destacó que en “Ecuador no es un delito no tener visa”.
“Eso es algo que pareciera que se les olvida a las autoridades de este país. La Constitución dice: darle los mismos derechos y deberes a todas las personas que viven en este país, seas ecuatoriano o no seas ecuatoriano”, acotó Díaz.
Entonces “hay que tener cuidado con las declaraciones de las autoridades, de la policía o actores políticos que no tienen conocimiento de cómo hablar sobre migración o cómo tratar a los migrantes”, indicó. Este tipo de declaraciones solo generan “muchísima preocupación dentro de la comunidad migrante que vive en este país”, .
Díaz llamó a la ciudadanía, a la Policía Nacional, autoridades y a los medios de comunicación a no caer en la desinformación: “ nos ponemos a repetir cualquier mensaje sin verificarlo, entonces sucede que por redes sociales y en la calle, las personas repiten sin cesar, que los migrantes son culpables de la inseguridad, que los migrantes son culpables de la violencia, de los robos”.
Entonces se cae en una generalización que es “peligrosa más en una sociedad como la que estamos ahorita, que está tan violenta que tenemos tantos hechos violentos a flor de piel y que lo que se busca es tener algún tipo de justicia de la manera que sea sin seguir las leyes, eso lleva a buscar cualquier chivo expiatorio para para poder juzgarlo”, acotó Díaz.
En este caso, los chivos expiatorios son los “migrantes venezolanos, cubanos, colombianos y de cualquier nacionalidad”. En 2019, varias familias migrantes venezolanas que vivían en Ibarra fueron víctimas de una acción de xenofobia, tras el feminicidio de Diana Carolina Ramírez.
En cuanto a la situación de los migrantes, la Concejal de Otavalo Paolina Vercoutère, mencionó que las resoluciones que piensan tomar algunos dirigentes de comunidades kichwas son preocupantes desde el punto de vista de derechos humanos.
Según la concejal, desde las comunidades “han dicho que se va a hacer todo un recorrido para que las personas no arrienden sus casas a los ciudadanos venezolanos”. También habría la propuesta de limitar el acceso al trabajo para las y los migrantes.
“Han dicho que se va a retener al carro de que recoge la basura municipal porque a través de este recolector, se facilita, que los recicladores venezolanos y venezolanas tengan un sustento de vida”, agregó.
“Estas posturas que surgen son muy preocupantes, estas posturas xenófobas, antiderechos surgen de la ausencia y el vacío inconstitucional”, que según la concejala existe en el cantón pues habría una ausencia de liderazgo político formal por parte del alcalde Mario Conejo.
Asimismo aseguró que a la vez que la ciudadanía pide protección a la policía, siente también desconfianza de parte de los efectivos policiales. Según Vercoutère, hay falta de legitimidad en la institución policial, tras los últimos hechos delictivos registrados en el país, donde en varios casos, estarían involucrados policías.
Entonces, “todo esto es preocupante para la ciudadanía”, añadió Vercoutère.
