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Coalición Nacional de Mujeres advierte sobre intento de reforma a Ley para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres 

 

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 14 de febrero de 2023

 

La Ley para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres ha tenido poca ejecución por diversos factores como la pandemia por la covid-19; así como por la falta de presupuesto, el abandono estatal, entre otros factores. Ahora, la Coalición Nacional de Mujeres busca que se realice un informe de evaluación a la ley, con recomendaciones oportunas para cada uno de los entes estatales. 

Asambleístas pretenden abrir la ley para reformarla; sin embargo, plantean que esa no es la solución, pues eso podría generar un retroceso en los derechos de las mujeres. Por ende, el objetivo es generar acciones para fortalecer la aplicación de la ley

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En Ecuador, desde el 2018, está aprobada la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, misma que fue impulsada por movimientos de mujeres y en particular, por la Coalición Nacional de Mujeres. La ley nació después de que las Comisarías de la Mujer y la Familia desaparecieran y se convirtieran en Unidades Judiciales, las mismas que tienen muchos vacíos en sus competencias en relación a lo que demandaba la Ley 103, la extinta Ley contra la violencia a la mujer y la familia, según Miriam Ernest, vicepresidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador.

La Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres busca prevenir la violencia mediante políticas y acciones de atención, prevención y reparación, modificando los comportamientos y patrones culturales que promueven y justifican la violencia en contra de mujeres y niñas. 

Sin embargo, a pesar de contar con una Ley de prevención y erradicación de la violencia, organizaciones y colectivos de mujeres y feministas han denunciado la falta de presupuesto para la ejecución de la misma. De hecho, en noviembre de 2022, la plataforma Agenda para un Gobierno Feminista compareció ante la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional para analizar la proforma del presupuesto genera del Estado para el periodo 2023 y la baja ejecución en el presupuesto social. 

En esa comparecencia, las organizaciones de mujeres y feministas mostraron información sobre la falta de presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género. En 2021, el informe de gestión anual 2020 del Observatorio Nacional Ciudadano para la aplicación e implantación efectiva de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobado por el Consejo de Participación ciudadana y Control Social, mostró que la reducción del presupuesto para esta ley fue del 84% desde el Gobierno Nacional durante 2020. Esta reducción se visibilizó entre otras cosas en la eliminación del personal profesional que asistía a mujeres violentadas.

Debido a estas falencias, desde la Asamblea Nacional se realiza una evaluación de la ley con el objetivo de fortalecer la aplicación de la misma. Para ello, la experta en temas de género,  Gloria Camacho, desde la Coalición Nacional de Mujeres con el apoyo de la GIZ, participó en el proceso de construcción de un informe de evaluación de la ley, donde señaló la importancia de mantener su espíritu inicial, por lo que considera que no es necesario una reforma pues eso puede generar un retroceso en derechos de las mujeres. Por tales motivos, para la Coalición, la participación de las mujeres en la evaluación de la ley es importante porque señalan los puntos críticos que se deben fortalecer en pro de una buena aplicación de la ley. 

 

El informe de Gloria Camacho

El informe presentado por Gloria Camacho recoge recomendaciones de las organizaciones de mujeres en cuanto a las falencias de los informes de los entes rectores como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social. Da recomendaciones concretas en relación a la falta de continuidad en la aplicación de la ley sea por la pandemia, los cambios de gobierno, la falta de presupuesto, la falta de política pública, o el abandono del Estado. También habla sobre la importancia de reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para que haya una cuestión vinculante sobre la responsabilidad que puedan tener los gobiernos locales a nivel cantonal y parroquial sobre la aplicación de la ley.    

Este informe fue enviado a la Subcomisión para la evaluación de la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. A la par, asesoras de la asambleísta Johanna Moreira trabajaron en otro informe, donde se recomienda abrir la ley y reformarla principalmente, en el eje de prevención. 

El informe elaborado por la asambleísta Moreira fue aprobado por la Comisión Especializada permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional y ya se encuentra en el Pleno, esperando fecha para su tratamiento. El próximo jueves se hará una socialización del mismo. Al respecto, intentamos conversar con la asambleísta Moreira, pero por temas de agenda no pudo atendernos. 

Según Miriam Ernest, vicepresidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, esa subcomisión elaboró un nuevo informe, a partir del documento presentado por las organizaciones de mujeres. “A nuestro criterio no es un informe técnico, sino político. Donde se plantean plazos inalcanzables y cosas que sabemos deben llevar otro proceso. Porque para hacer una ley se necesita tiempo y proceso de participación para que salga bien, sino es solo poner parches que no tienen ningún sentido”, asegura Ernest. 

Por ello, desde la Coalición Nacional de Mujeres “viendo la calidad del informe y la posibilidad de apertura para reformas a la ley. Dijimos: ‘esto tiene que parar’. Hicimos incidencia para que desde la Asamblea se parara la discusión, porque el informe que presenta la subcomisión es bastante largo, tedioso y no es bueno, técnicamente no es bueno. Es mejor el inicial que salió de Gloria Camacho”.  

Ahora, esperan que se pueda aprobar un informe de evaluación técnicamente correcto, incorporando las recomendaciones del informe inicial presentado por la experta en género, Gloria Camacho y no dar paso a la apertura para la reforma de la ley. Por lo tanto, seguirán haciendo incidencia con los y las asambleístas para lograr un informe de evaluación apropiado y que sea la misma Asamblea quien se encargue de hacer seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones de cada uno de los entes estatales. 

 

¿Qué contempla el informe de evaluación a la ley?

La evaluación a la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, contempla cuatro ejes: atención, prevención, protección y reparación.  

Por ejemplo, dice Miriam Ernest, vicepresidenta de la Coalición Nacional de Mujeres, el eje de protección contempla el tema de las casas de acogida, como servicios esenciales a nivel país que salvan vidas, que también es parte de la reparación. 

En relación al tema de la reparación, la evaluación de la ley hace énfasis en el tema de los bonos por orfandad. Este derecho debe ser ágil, no burocrático y que cubra las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus madres por la violencia feminicida.