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Minera ECSA desaloja y destruye vivienda de abuelos en Tundayme

 

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado 28 de abril de 2022

 

La empresa minera Ecuacorriente S.A desalojó el 26 de abril de 2022, a Doña Rosa Sánchez y don Aurelio Morocho, una pareja de la tercera edad que vivía en Wawayme Alto, parroquia de Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe. La pareja recibió amenazas de desalojo durante algún tiempo y el 10 de abril, comuneros de la parroquia alertaron a Rosa y a su esposo, Aurelio, que la empresa minera China Ecuacorriente ECSA iba a efectuar la medida. 

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Colectivos y organizaciones informaron, en horas de la mañana del día martes 26 de abril de 2022, de la presencia de policías en los alrededores de la casa de Doña Rosa y Don Aurelio, una pareja de la tercera edad, que resistía a los desalojos de la empresa minera Ecuacorriente S. A. propietaria del proyecto minero de explotación de cobre y oro a cielo abierto Mirador.

La empresa minera cumplió su cometido y Rosa y Aurelio fueron desalojados. No se respetó la decisión de la pareja de mantenerse en su lugar de origen, tal como lo manifestó doña Rosa en una entrevista para Wambra. El desalojo destruyó su casa que, además, representaba su sustento diario, pues allí criaban animales y se alimentaban de la siembra de algunos productos.

 

Policía efectuó desalojo 

El líder indígena y vicepresidente de Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, Luis Sánchez, en una entrevista para el medio comunitario APAK TV, mencionó que los desalojos se hacen impulsados por los gobiernos de turno y en favor de la minera para que se amplíe la frontera extractiva.

Sánchez contó que “nadie está garantizando los derechos de la pareja de la tercera edad” y aseguró que no recibieron ninguna orden oficial para proceder al desalojo, mismo que  fue de manera sorpresiva y por la fuerza. Según Sánchez, con estás acciones “nos volvemos impotentes, incapaces  de actuar porque son momentos muy difíciles”.

El vicepresidente de CASCOMI mencionó que Rosa y Aurelio se suman a las tantas familias que han sido desalojadas por la empresa minera en Tundayme, con el fin de ampliar el proyecto minero. 

Ahora, ambos se quedaron sin tierras y sin sustento, situación que se agrava por su edad. “El Estado es juez y parte para favorecer a las multinacionales y el capital, ya hemos hecho varias denuncias y no tenemos respuesta”, agregó Sánchez.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, confirmaron en un comunicado, que el desalojo se efectuó con más de 25 efectivos de la Policía Nacional junto al intendente de la zona. Las organizaciones indígenas aseguraron que esas acciones son “una muestra más de la violencia estatal y del extractivismo”. 

Por su parte, el colectivo Geografía Crítica mencionó que los desalojos son para ampliar la frontera extractiva y los proyectos de minería a gran escala y cuestionó la ausencia de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo ante la vulneración y el irrespeto a los derechos de las personas de la tercera edad.

Asimismo, la organización Acción Ecológica se pronunció y responsabilizó al Estado ecuatoriano  por la vida de Rosa de 64 años y de su esposo Aurelio de 73 años, quienes durante años han sido víctimas de amenazas y hostigamiento por parte de funcionarios de la empresa ECSA.

 

El justo derecho a resistir

Jenny Morocho Sánchez, hija de Rosa y Aurelio, visitó la casa de sus padres, un día después del desalojo, el 27 de febrero de 2022, y registró lo hecho por las maquinarias de la empresa minera.  En un video grabado por ella puede verse las huellas de las máquinas usadas, mismas que no dejaron rastros  de la casa de sus padres.

Mencionó que en su justo derecho, como hija y moradora que creció en ese territorio, puede mostrar la manera en cómo la minera daña la naturaleza, además, de la violencia con la que sacan a las personas de sus territorios. “Eso es lo que han venido haciendo siempre, hoy nosotros lo vivimos en carne propia. Esto es un atropello a los derechos humanos y como hija de esta tierra me duele”, señaló Jenny en el vídeo que grabó.

Asimismo, Michelle Báez, docente de la Facultad de Ciencias Humanas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y quien ha trabajado con la comunidad desde hace algún tiempo, indicó que luego del desalojo, se le informó que Rosa y Aurelio están en casa de su hija, Jenny Morocho Sánchez. Sin embargo, señaló que no tiene más información sobre la pareja y sobre las condiciones en las que se encuentran y sobre todo, su salud.

En redes sociales, las organizaciones llamaron a que las instituciones del Estado como la Secretaría de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo se pronuncien, pero aún no han recibido respuesta sobre el desalojo arbitrario e ilegal de Doña Rosa y Don Aurelio.