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CDH-Guayas: «El 2022 fue un año de incremento del miedo y la pobreza en Ecuador»
Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Foto: CDH-Guayas
Publicado el 15 de febrero de 2023
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil presentó este 14 de febrero de 2023, el Informe Anual 2022, donde recopila las graves vulneraciones de derechos humanos en Ecuador, principalmente en la región Costa, sucedidos durante el último año.
El informe recoge las prolongadas masacres carcelarias, la militarización en los barrios más empobrecidos y en las comunidades de paz, los ataques a los y las defensoras de los derechos humanos, la situación de personas migrantes y la lucha por una vivienda digna.
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“El 2022 fue un año de incremento acelerado del miedo y la pobreza en el Ecuador. Representó un período de continua agudización de graves tendencias adversas al disfrute de derechos fundamentales, caracterizadas por la evidente incapacidad del Gobierno Nacional para garantizar la vida, la integridad personal, la seguridad y las condiciones básicas de la población”, detalla el informe “2022 I CDH. Panorama de los derechos Humanos”.
Fernando Bastías, coordinador del área de litigio estratégico del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, cuenta que el informe presentado, es resultado del trabajo y monitoreo de derechos humanos que realizó el CDH en todo el 2022. El informe recoge varias de las problemáticas vividas en la provincia del Guayas como: crisis carcelaria, inseguridad en los barrios de la ciudad de Guayaquil, migración, militarización de los barrios más empobrecidos y acceso a vivienda digna.
Más de 500 personas privadas de libertad asesinadas
Según Fernando Bastías, en relación al tema de crisis carcelaria, el informe establece que las muertes de las personas privadas de libertad en custodia estatal representan un “genocidio, una matanza de un grupo social con la permisibilidad, inclusive intención del Estado porque es el resultado de una serie de políticas públicas que han generado que dentro de las cárceles no solamente haya una falta de control, sino de condiciones propicias para que se den las masacres”.
Para el informe, las masacres carcelarias constituyen como una grave violación a los derechos humanos, a la vida de las personas en prisión y los efectos generados a las familias de esas personas. La información levantada también, refleja las condiciones de hacinamiento en la que viven las personas privadas de libertad, entre las que destacan la falta de acceso a medicamentos y una atención en salud.
El informe en cuestión, señala que entre el 2018 y el 2022, 591 cadáveres de personas privadas de libertad fueron retirados de las cárceles del país. El 76% de esos asesinatos se dieron por crueles ataques, durante al menos 15 masacres, según los registros del CDH Guayaquil, contrastados con otras fuentes. El resto de cuerpos fueron hallados sin vida “tras dudosos suicidios, la mayoría ahorcamientos múltiples, o por supuestas muertes accidentales o naturales”.
Frente a esa situación, las familias de las personas privadas de libertad asesinadas deben ser reparadas por parte del Estado ecuatoriano, afirma el informe. Por ello, el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, que nació el el 30 de abril del 2022, y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos convocaron al Tribunal Popular para juzgar la responsabilidad del Estado en las masacres en las cárceles del Ecuador en el contexto de la crisis penitenciaria. En ese juicio popular, el Tribunal en su dictamen dio a conocer los nudos críticos en el sistema de Rehabilitación Social y las medidas de reparación para las familias.
Ana Morales, vocera del Comité de Familias por justicia en cárceles, dice “muchos nos han discriminado, periodistas nos discriminan a diario, siempre desvalorizan nuestros derechos humanos. Ahora exigimos justicia”. Y agrega que los familiares de las personas privadas de libertad no han descansado, ni descansarán hasta obtener la justicia y reparación integral por la vulneración a sus derechos tras la pérdida de sus hijos, esposos y padres en las masacres carcelarias.
Para Ana, al igual que para el resto de madres, no ha sido fácil llevar el proceso de perder a sus hijos en las masacres y menos aún, cuando se los han entregado desmembrados. “Somos seres humanos, tengan un poco de empatía con nosotros que somos padres. Familia es familia, donde quiera que vaya”. Y cuestiona al Estado por su negligencia frente a dar acompañamiento a las familias que han tenido que encontrarse con escenas de terror en las cárceles.
“El dolor ni el luto tienen fecha de expiración. El dolor de la pérdida de un ser amado es eterno, extrañar duele mucho”, dice Ana Morales.
En consecuencia, para finales de marzo, las familias estarán ingresando la demanda formal para una acción de protección en la ciudad de Guayaquil, donde exigen reparación.
Comunidades de paz
Esta temática trata a las comunidades de Guayaquil que han sido abandonadas por el Estado, donde como resultado de la pandemia por la covid-19 se empobrecieron más, y frente a esa inexistencia del Estado, “el crimen organizado, el narcotráfico imponen su presencia”, dice Bastías.
Por ello, es importante detallar qué tipos de comunidades son víctimas de la inseguridad y el crimen organizado.
Primero, las comunidades en conflicto son las que tienen altos números de homicidios y sicariatos. Estos son territorios en disputa entre distintas bandas. Segundo, comunidades donde existe una “falsa paz”; es decir, no hay homicidios ni sicariatos porque hay un control total de una banda organizada, la misma que sabe, conoce y controla quién entra, quién sale, qué se vende y que no. Además, estas bandas se aseguran de que no hayan delitos como robos, sicariatos, entre otros. Y tercero, están las comunidades que no están tomadas por el crimen organizado, pero a sus alrededores, existen múltiples hechos delictivos.
Para Bastías, este análisis fue importante para ellos, porque frente al “desinterés total del Estado por entender la situación de inseguridad de una forma integral”, el CDH tenía que saber dónde hay mayor número de probabilidades de peligro para poder enfocar proyectos hacia esos sectores y tomar medidas de seguridad.
“No se puede abandonar el territorio, a pesar de que el Estado lo haya abandonado. Nosotros no podemos porque somos los únicos que pueden tratar de resolver esto, junto a otras organizaciones que hay acá en Guayaquil, que no son precisamente de derechos humanos, pero sí promueven la paz”.
Según el defensor de derechos humanos, los niños, niñas y adolescentes son los más afectados, pues son a quiénes las bandas buscan para que formen parte de las redes criminales; por lo tanto, las actividades que realizan las organizaciones en Guayaquil ubican a las infancias y las adolescencias en espacios de promoción de paz.
No hay apoyo psicosocial
Los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Guayaquil que deben asistir a las escuelas de los barrios y comunidades con altos índices de criminalidad, están desprotegidas no solo por la falta de policías en las zonas, sino porque no hay ningún tipo de acompañamiento psicosocial hacia ellas y ellos. Estos niños y niñas son sobrevivientes de balaceras, no van a clases, ya sea porque en las instituciones educativas encontraron cuerpos sin vida, partes de personas desmembradas.
El Ministerio de Educación sin embargo, no ha tratado hasta el momento nada relacionado a esa problemática.
“La militarización no es una solución”
El informe presentado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, muestra que desde el 05 de septiembre de 2022, al menos 500 integrantes de la fuerza pública: Policía Nacional y Fuerzas Armadas, permanecen en el plan habitacional Socio Vivienda II. Y que “la recurrente militarización de esa comunidad no ha constituido una solución real a la problemática de inseguridad, al contrario ha agudizado las condiciones de segregación y criminalización de sufren al menos 3.000 familias, pues imponen ambientes similares a ‘zonas de guerra’, violando el derecho a la integridad personal de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores”.
Además de enfrentarse a la militarización, Socio Vivienda II se encuentra luchando por una vivienda digna. Este plan habitacional se constituyó a partir de reasentamientos involuntarios a miles de familias, quienes fueron desalojadas forzosamente del Estero Salado de Guayaquil.
Gloria Guerrero, defensora de derechos humanos, cuenta la estigmatización que viven las familias del plan habitacional Socio Vivienda II y la falta de reconocimiento a los procesos que se desarrolla la mesa comunitaria, con niños, niñas y adolescentes para su desarrollo integral, a pesar de los altos niveles de violencia y del abandono estatal en este barrio.
El caso de Socio Vivienda II está en manos de la Corte Constitucional. Y Gloria, al igual que el resto de familias, espera un dictamen favorable de la Corte y con eso que se les garantice el acceso a una vivienda digna para que no sufran más desalojos.
Movilidad Humana y regularización de personas venezolanas
Para marzo de 2021, un poco más de 170 mil personas venezolanas mantenían un permiso de residencia temporal o permanente que faculta su estancia regular en Ecuador. Del total de esas personas, solo 38.243 accedieron a la visa de excepción por razones humanitarias, expedidas durante el gobierno de Lenin Moreno. Mientras se llevaba a cabo este proceso, la cifra de inmigrantes venezolanos ascendió, alcanzando las 502.214 personas hasta agosto de 2022, según el informe de la CDH.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso prometió presentar un nuevo proceso de regularización migratoria para ciudadanos venezolanos, con algunas ventajas en comparación a lo realizado durante el gobierno de Lenin Moreno. Por lo tanto, en este 2023 debe iniciar el proceso de registro migratorio a todas las personas venezolanas que no ingresaron al país de manera regular. El Comité por los Derechos Humanos acompañará este proceso.
Por otra parte, el informe destaca la vulneración de derechos durante el Paro Nacional de junio de 2022 en Guayaquil. Otras de las vulneraciones a derechos que resalta este informe es el ataque a personas defensoras de los derechos humanos, las agresiones por parte de la Policía Nacional a las mujeres y feministas durante la marcha del 8 de Marzo, la situación de las personas que perdieron los cuerpos de sus familiares muertos por la pandemia de la covid-19, la discriminación a mujeres trans, desapariciones por parte de la Policía Nacional.
Finalmente, este informe pide el cese a la violencia y a la represión policial en Perú, durante las protestas que se registran en ese país en contra del gobierno de Dina Boluarte.
Este informe será enviado a las instituciones estatales y a los organismos internacionales de derechos humanos.
